El nuevo calendario de la ley de amnistía se planta en plena campaña electoral gallega

La primera consecuencia del frenazo que Junts provocó el martes a la tramitación normal en el Congreso del proyecto de ley de amnistía es que el calendario para su aprobación final se dilata y las nuevas discusiones se entrometen de lleno en la campaña de las elecciones gallegas del 18 de febrero. El proceso parlamentario no comienza ahora de nuevo y de cero, pero sí con una incierta marcha atrás. Los partidos tendrán un primer plazo para llegar a un nuevo acuerdo hasta el 21 de febrero, tres días después de las elecciones en Galicia, que podría prorrogarse como máximo otros 15 días, hasta el 7 de marzo.

Este próximo martes la Mesa General del Congreso, su órgano de gobierno, aprobará un primer periodo de 15 días naturales para fijar una sesión de la Comisión de Justicia en la que los partidos discutan sobre las enmiendas que quedaron vivas en su última reunión. Se trata de las modificaciones que registró en solitario Junts, y otras con el PNV, para ampliar el marco de la amnistía hasta noviembre de 2011, pero, sobre todo, para aumentar al máximo los posibles amnistiados a cualquier delito vinculado al procés independentista, incluso los calificados como terrorismo o traición. Esas correcciones fueron rechazadas en la votación del pleno de este martes por el Gobierno del PSOE, Sumar y los demás aliados, excepto Junts. El Ejecutivo argumentó ante los independentistas catalanes que esos cambios podrían poner en solfa la constitucionalidad de la ley, ante los previsibles recursos que se esperan tanto en España (en el Constitucional), como en Europa (en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, incidió mucho, en su primera comparecencia el martes tras terminar el pleno del Congreso y también este miércoles, en ese argumento de que la norma de la amnistía que salga finalmente de la Cámara baja será “absolutamente constitucional”. Bolaños no quiso precisar cómo se desarrollará ahora la negociación con Junts, que lleva personalmente, pero sí reconoció que pondrá en marcha otra fase de diálogo con la formación catalana. Junts, por su parte, reiteró que o se atienden sus reclamaciones o la legislatura podría estar en riesgo cuando ni siquiera ha comenzado formalmente el primer periodo de sesiones oficiales en el Parlamento y cuando apenas han transcurrido 76 días desde que el presidente, Pedro Sánchez, tomó posesión de su cargo.

La derrota parlamentaria del martes ha avivado la evidencia de que esta XV legislatura es todavía más compleja e incierta que la anterior, y algunos partidos, incluso entre los socios del Gobierno, empezaron a disertar sobre su inestabilidad y duración. En el Gobierno se impuso el mensaje de que aún quedan tres años y medio de mandato, de que hay unos Presupuestos prorrogados. El lehendakari, Íñigo Urkullu, coincidió este miércoles con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de ERC, y admitió que le preocupa “la estabilidad y la gobernabilidad” de la legislatura, aunque aclaró que ahora y hasta junio no existe la posibilidad de un anticipo electoral.

La nueva negociación entre el Gobierno del PSOE y Junts sobre el proyecto de amnistía, cuyo dictamen sí aprobó mayoritariamente la semana pasada la Comisión de Justicia del Congreso, no se desarrollará, en cualquier caso, en el seno de esa reunión, todavía por convocar. Será, como hasta ahora, más política, a otro nivel, y con la intervención de los expertos jurídicos de ambos bandos. El PSOE insiste en que no hay mucho margen para más cambios y enmiendas, pero Junts ya ha demostrado que no cede fácilmente de sus pretensiones.

El resultado de esos contactos será el que se lleve en su momento a la Comisión de Justicia del Congreso, en una única sesión final, que tendrá que señalar antes la Mesa de esa comisión, con sus representantes políticos y sus letrados. Esta fase de contactos entre el Ejecutivo y Junts transcurrirá en paralelo a toda la campaña electoral gallega del 18-F, que empieza este viernes y concluirá el 16 de febrero. No habrá un nuevo informe técnico al respecto de los letrados de esa comisión, como el que ya suscribió en su día la experta jurídica, Piedad García Escudero, que expresó varias dudas sobre la contradicción de la norma con el derecho comunitario. Ese paso ya se cumplió y no se repetirá.

Las enmiendas que seguro no se podrán discutir en esa comisión serán las 22 que en su día tramitó el PP y que retiró este martes a última hora en el propio pleno para, por un lado, facilitar que su líder, Alberto Núñez Feijóo, pudiese intervenir el último y cerrar el debate; y, por otra parte, según fuentes de la formación conservadora, para no dejar tampoco ningún agujero abierto para una hipotética carambola parlamentaria de Junts al apoyar una de las enmiendas parciales de los populares en la que pedían la supresión de todas las excepciones teóricamente amnistiables, incluidos los delitos de terrorismo. El PP sí utilizará todos los recursos e instrumentos a su alcance en el Senado para torpedear el proyecto y frenarlo allí, donde controla todos los resortes con su mayoría absoluta, al menos otros dos meses.