La legislatura pende de un hilo

La política española sigue empeñada en hacernos ver cosas que jamás creeríamos. Este martes sumamos una más. Junts votó en contra del mismo texto por el que había votado a favor hace una semana entre aparentes muestras de satisfacción. En una escena insólita en el parlamentarismo nacional, el pleno del Congreso manda de vuelta a la comisión una proposición de ley cuyo contenido ya había sido pactado y cerrado en esa misma comisión.

Junts y el mundo de Carles Puigdemont han dado muchas muestras en los últimos años de lo tornadizos que pueden resultar sus criterios. Ahora añaden un jalón más. Pero, psicología política al margen, el rocambolesco desenlace en el Congreso no se entiende sin otro factor decisivo. Y ahí entramos de nuevo en el terreno de las cosas que jamás creeríamos: que un juez torpedee la tramitación de una ley hasta hacerla fracasar. El cambio de opinión de Junts nunca se hubiese producido sin la frenética sucesión de autos de las últimas semanas por parte del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, desempolvando documentos ya olvidados para sostener su nueva tesis de que Puigdemont debe ser acusado de terrorismo.

La cuestión del supuesto terrorismo emergió desde el principio como uno de los escollos en la negociación de la ley. Era ERC quien más insistía por un caso, el de un grupo de activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) sorprendidos en 2019, durante las protestas contra las condenas por el procés, con lo que parecían precursores de explosivos. Hasta que en noviembre irrumpió García-Castellón para resucitar el viejo caso Tsunami y revelar lo que nadie, ni siquiera él mismo, había visto en cuatro años: que Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, debían ser acusados de terrorismo por diversos disturbios producidos en aquel otoño de 2019.

Pese a las resistencias iniciales, el PSOE acabó tragándose sus palabras —“el terrorismo es una línea roja”— y la pasada semana accedió a incluir en la amnistía las acusaciones de terrorismo que no hubiesen acarreado “violaciones graves de los derechos humanos”. Se pactó el día 23, entre parabienes y sonrisas, en la Comisión de Justicia. García-Castellón no tardó ni tres días en volver a la carga. Alumbró un nuevo auto en el que replicaba casi de modo expreso a lo aprobado en el Parlamento y especificaba que sus acusaciones contra los líderes independentistas incluían “violaciones graves de los derechos humanos”. En Junts saltaron las alarmas. Sus asesores concluyeron que o la amnistía cubría todas las acusaciones por terrorismo o cualquier juez podía dejarla en papel mojado.

El PSOE venía de sufrir unos días de fuerte desgaste, tras las rectificaciones de la semana anterior. Además, aún permanecía en el recuerdo la poco honrosa negociación a principio de año para que Junts no tumbase dos decretos de gran trascendencia. Ofrecer una nueva escena de un presidente que se pliega a cada capricho de su aliado podía resultar devastadora, más con unas elecciones a la vista en Galicia. Y Pedro Sánchez mandó parar.

El precio es que la legislatura queda pendiendo de un hilo. Sánchez se ha colocado en una posición de firmeza cuya marcha atrás requeriría vericuetos argumentales muy complicados incluso para este Gobierno. Junts tampoco se ha puesto fácil la retirada, sobre todo con la actitud arrogante que cultiva desde las elecciones. Puigdemont se recrea en esa situación que le ha regalado el azar electoral de colocar el destino de Sánchez en sus manos. Aunque, llegados a este punto, también se podría decir que el destino de Puigdemont está en manos de Sánchez. Sin amnistía el Gobierno no sobrevive, pero el expresident pierde la oportunidad de regresar a España y abandona a su suerte a centenares de personas amenazadas con la cárcel o con multas millonarias. Lo llaman el dilema del prisionero: o se salvan juntos o perecen juntos.