Otegi afirma que Bateragune fue un caso de ‘lawfare’ que pretendía que ETA “no desapareciese”

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este jueves que el caso Bateragune, sobre el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna en 2009, es “la historia de un lawfare contra el independentismo vasco” que fue orquestado por los poderes del Estado con la “intención”, ha dicho, “de evitar que la violencia armada [de ETA] desapareciera de la ecuación política”. Otegi, que cumplió una pena de seis años y medio en prisión que le impuso el Supremo en 2012 por este sumario, ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional de no repetir el juicio y dar carpetazo definitivo a este proceso judicial que, en su opinión, también pretendía impedir el cambio de estrategia de la izquierda abertzale y “retirar de la circulación” a quienes, dijo, estaban “trabajando” por el fin de la violencia terrorista. “Es la historia de un rotundo fracaso”, ha sentenciado.

“Estamos contentos porque no estamos acostumbrados a que la justicia española nos dé la razón”, ha comenzado diciendo Otegi en una comparecencia en la sede de EH Bildu en San Sebastián acompañado por Arkaitz Rodríguez, Rafa Díez Usabiaga y Miren Zabaleta, condenados junto a Sonia Jacinto (no ha podido asistir por culpa de un “accidente doméstico” sin consecuencias graves) por el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna siguiendo órdenes de ETA. El dirigente soberanista ha lamentado que los tribunales hayan tardado 15 años en resolver este caso, por el que tuvieron que pasar más de seis años en la cárcel.

El Constitucional ha decidido, por siete votos contra cuatro, que no se vuelva a celebrar un nuevo juicio por el caso Bateragune, cuyas condenas fueron anuladas en 2018 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al considerar que el juicio en primera instancia, en la Audiencia Nacional, en 2011, se había celebrado sin garantías de imparcialidad. Ante esta resolución de Estrasburgo, el Supremo acordó en 2020 que se repitiera la vista inicial en la Audiencia Nacional para que juzgase el fondo del asunto. Otegi y el resto de condenados recurrieron esta decisión del Supremo —y el Constitucional les ha dado ahora la razón— alegando que ya cumplieron las penas de prisión e inhabilitación que les fueron impuestas.

Bateragune, según Otegi, es la crónica de “15 años de persecución política y lawfare [acoso judicial con fines políticos]”. Ha empleado este controvertido concepto utilizado ahora por el independentismo catalán para insistir en que la izquierda abertzale ha sido víctima de esta estrategia “desde hace mucho tiempo” y se ha manifestado en “la guerra sucia, la tortura, el cierre de periódicos, encarcelamientos injustos...”.

Otegi ha asegurado que detrás de esta estrategia se encontraba “el intento del Estado de impedir que la violencia armada desapareciera de la ecuación política”. “Por eso trataron de quitarnos de la circulación a quienes estábamos trabajando para que eso no ocurriera”, ha añadido. Además, ha criticado que fue una actuación que buscaba “provocar desórdenes y escisiones en el seno del movimiento vasco de liberación nacional” con el objetivo de “neutralizar el potencial político del movimiento independentista”. Sin embargo, el resultado no ha sido el que se pretendía porque, según ha recordado Otegi, “la izquierda independentista es la primera fuerza municipalista” en el conjunto del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés.

Otegi ha considerado que es “el momento” de darse cuenta de que “no se puede neutralizar en términos antidemocráticos a los movimientos independentistas” y es necesario buscar “una solución democrática a los problemas nacionales del Estado”, lo que a su juicio que pasa por “reconocer el carácter plurinacional” de España y “respetar lo que decidan los ciudadanos de cada nación”.

Por último, ha recordado que en 2021 la izquierda abertzale hizo pública la denominada Declaración del 18 de octubre, en la que reconocía su responsabilidad en parte del sufrimiento ocasionado por ETA a las víctimas y afirmaba que “nunca debió haber sucedido”. Otegi ha pedido al Estado que haga el ejercicio de “reconocer los múltiples sufrimientos” que ha causado con “la guerra sucia y el lawfare” en Euskadi. “Lo pedimos no como reproche o para que tenga consecuencias penales, sino para asentar las bases de una convivencia justa, verdadera y duradera en este país”, ha afirmado.