La Audiencia Nacional propone juzgar a las dos esposas de yihadistas repatriadas desde Siria

Santiago Pedraz, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, ha propuesto este jueves juzgar por integración en organización terrorista a las españolas Yolanda Martínez y Luna Fernández, las dos esposas de yihadistas repatriadas hace un año desde el norte de Siria con los 13 niños que tenían a su cargo (nueve de ellos, hijos biológicos suyos). El juez, que ha decidido mantenerlas en prisión provisional, ha concluido que ambas mujeres se integraron en el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), que colaboraron con la red terrorista en España y que se marcharon al país asiático en 2014 con sus maridos, tras la proclamación del pseudocalifato de Abu Bakr Al-Baghdadi.

EL PAÍS localizó a las dos en 2019 en el campo sirio de Al Hol. Habían sobrevivido al derrumbe del califato y, desde el centro de detención controlado por las milicias kurdas, reclamaban a las autoridades españolas que las sacaran de allí y les llevaran de vuelta a su país: “Lo único que deseamos es salir de aquí. No nos pueden condenar por cuidar de la casa y de nuestros hijos en el Estado Islámico”, afirmaron a este periódico. Al igual que otros gobiernos europeos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez emprendió las gestiones para la repatriación y, tras cuatro años, la materializó a principios de 2023: en enero, las dos imputadas aterrizaron en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) junto a los 13 niños.

Tras su llegada a España, el juez Pedraz ordenó su inmediato ingreso provisional en prisión. Las sospechas se cernían sobre ellas. De hecho, la operación de repatriación se había retrasado tras toparse con las reticencias de las fuerzas de la lucha antiterrorista. Como desveló EL PAÍS, las dos tenían vínculos con la Brigada Al Andalus, una célula yihadista desarticulada en 2014. Martínez está casada con Omar El Harchi, un marroquí de Ceuta nacionalizado español al que se situaba el pasado año en una cárcel kurda y que, según las investigaciones de la Audiencia Nacional, ejercía como reclutador de Al Andalus antes de marcharse a Siria —además, los agentes encontraron una carta enviada supuestamente por Martínez a la mujer de otro islamista donde la “alentaba” a viajar a ese país: “Ante el conflicto sirio no hay que quedarse estático, sino pasar a la acción”—.

Por su parte, Luna Fernández es la viuda de Mohamed Amin El Aabou, otra pieza clave de Al Andalus. Según la Audiencia, El Aabou formaba parte del “núcleo operativo”, asumiendo labores de selección, adoctrinamiento, integración de nuevos miembros y financiación —aunque, al igual que El Harchi, no llegó a ser juzgado porque se marchó a Siria con su familia antes de que se desmantelara la célula—. Según los agentes, Fernández tenía un papel de “líder” entre las esposas de los componentes de dicho grupo, conscientes del extremismo de sus parejas.

“Las investigadas siempre mostraron su voluntad de ser miembros del Daesh”, detalla Pedraz en su resolución de este jueves, donde añade: “Al desplazarse a la zona de conflicto sirio-iraquí juntos a sus maridos, compartiendo y aceptando el mismo destino que ellos, [acudieron] con la plena voluntad de formar parte de la referida organización terrorista y la finalidad de poner a disposición toda su capacidad en las funciones que la propia organización les asignaran, por muy básicas que fueran”.

En esa línea, el magistrado recuerda que las mujeres “ejercen un papel fundamental” dentro del ISIS, ya que “son la garantía de éxito a largo plazo de su proyecto de conquista y consolidación de territorio, que descansa en el asentamiento y multiplicación de su población”. “Por lo tanto, el papel principal que el autodenominado Estado Islámico asigna a las mujeres es el doméstico, representado especialmente en la crianza de los hijos: la futura generación de combatientes. Además, ejercen un papel activo y esencial dentro de la función de propaganda y captación, reclutamiento y asistencia a otras mujeres para que se unan”.

Esta función, según el sumario, la reprodujeron Fernández y Martínez en Siria: “Han realizado todas las pautas de conducta que se esperan de la mujer integrada en el [ISIS]”. El juez subraya que pusieron en práctica “labores de adoctrinamiento” con sus hijos y con los otros menores a su cargo. También, “respecto a sus roles como esposas”: “Mientras una ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, miembro de un tribunal yihadista dentro del Estado Islámico, la otra ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, combatiente en las filas del Daesh”.

Para reforzar su tesis, el magistrado incide en que las dos mujeres solo quisieron volver a España tras la caída del califato. El Gobierno tenía previsto traer a otras dos mujeres y otros cuatro menores que se encontraban en la misma situación: Lubna Miludi y Loubna Fares, esta última de nacionalidad marroquí, pero con hijos de un yihadista español. Pero las autoridades no lograron comunicarse con ellas cuando se llevó a cabo la repatriación, según informaron entonces.