El Gobierno negocia in extremis la convalidación de tres decretos cruciales a menos de 24 horas de que se celebre en el Congreso un pleno de alto voltaje. El Ejecutivo mantiene en estos momentos contactos a varias bandas con los partidos que se resisten a apoyar los tres textos, de los que dependen tanto la continuidad de las medidas anticrisis como la recepción de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Con el PP prácticamente descartado, desde La Moncloa ponen el foco en Junts, que a esta hora insiste en sus condiciones y añade una nueva exigencia: este martes, la formación independentista ha sumado multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña después de haberse marchado por el procés. La ministra portavoz, Pilar Alegría, se ha limitado a afirmar al respecto que hay que garantizar la “seguridad jurídica” de las compañías, a lo que el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha añadido: “Estamos hablando con Junts para ver cómo podemos manejarnos para facilitar la vuelta de las empresas”. Una de las vías a estudiar es la de promover incentivos fiscales en lugar de aplicar sanciones, según fuentes gubernamentales. El partido de Carles Puigdemont pide, por ahora, más. “Hay tiempo y hay negociación”, aseguran en La Moncloa.

El Gobierno sigue con una mayoría insuficiente para poder aprobar los tres decretos aprobados en diciembre: el que extiende a 2024 gran parte del paquete anticrisis, el decreto ómnibus que incluye otras medidas relacionadas con la recepción de los fondos europeos —como la digitalización de la justicia— y un tercero impulsado por el Ministerio de Trabajo. Confirmados tiene el voto a favor de los 121 escaños del PSOE, los 26 de Sumar, los 7 de ERC, los 5 de PNV, los 6 de EH Bildu y el de Coalición Canaria, para el decreto de medidas anticrisis. Es decir, 166 apoyos del total del arco parlamentario formado por 350 diputados y necesita mayoría simple (más síes que noes). EH Bildu muestra reservas respecto a los otros dos textos, pero no será “un obstáculo”, ha señalado la coalición abertzale. Podemos ha insistido este martes en su negativa si no se incorporan sus cambios solicitados. La líder del partido, Ione Belarra, ha incidido en que suponen “un recorte” en las pensiones y un “agujero” en medidas de protección de alquiler de vivienda. El BNG no desvelará su posición hasta este miércoles, día de la votación.

Junts ya fijó este lunes algunas de sus exigencias para apoyar los decretos. Pero este martes ha sorprendido con otra petición, explicitada por el portavoz de la formación independentista, Josep Rius, en SER Catalunya, en la que se ha referido a las empresas que se marcharon durante el procés. “Lo que proponemos es incentivar el retorno de estas empresas, que puedan volver con unos beneficios fiscales, y las que no lo hagan pero tengan una mayor actividad en Cataluña, sean sancionadas”.

Sobre esta petición, tanto la ministra portavoz, Pilar Alegría, como el titular de Economía, Carlos Cuerpo, han insistido en que el Gobierno velará por “dar seguridad jurídica” a las empresas. También, Patxi López. “En esta cuestión concreta vamos a tener siempre tres asientos fundamentales: uno, facilitar que las empresas vuelvan a Cataluña; las que se fueron, el cumplimiento de la ley de sociedades de capital; y lo tercero, garantizar la seguridad jurídica. En esos parámetros estamos hablando con Junts, para ver como podemos facilitar la vuelta de las empresas”, ha dicho el portavoz parlamentario del PSOE.

En el pacto de investidura firmado entre el PSOE y Junts a principios de noviembre pasado se incluía precisamente, dentro del apartado de los acuerdos, abordar “los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.

Alegría: “No estamos ante un debate político”

Si los decretos no son convalidados mañana, decaerá automáticamente el paquete anticrisis. Algunas de las medidas que engloba el escudo social son las ayudas al transporte público, la reducción del IVA al 0% de los alimentos básicos y del 10% para la electricidad y el gas, o la suspensión de los desahucios para “hogares vulnerables sin alternativa habitacional”. Todo se borraría de un plumazo. Ante la delicada situación, Alegría ha apremiado a los partidos, apelando a la responsabilidad que a su juicio supone perpetuar los textos. “Estamos hablando de medidas que afectan a los ciudadanos de este país, independientemente de la ideología”, ha dicho la ministra portavoz, que ha cargado a su vez contra Alberto Núñez Feijóo. “El Partido Popular tendría que acostumbrarse más al diálogo. Este Gobierno ha planteado siempre su disposición de hablar. Creemos que desde la oposición también se pueden dar respuestas constructivas”, ha sentenciado la ministra portavoz.

Los populares solo plantean abstenerse respecto al decreto de medidas anticrisis si el Gobierno lo tramita como proyecto de ley e incorpora tres enmiendas: rebajar el IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas, y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas —del 5% en lugar del 10%—, especialmente a las rentas más bajas. Pero el Gobierno cree, tras estudiarlas, que las condiciones del PP son inasumibles porque supondrían reducir en 9.000 millones el ingreso del Estado. De ahí que las esperanzas estén a esta hora en llegar a un entendimiento con Junts, según fuentes gubernamentales.