El fiscal general del Estado expresa su apoyo a los fiscales que sostuvieron la acusación en el juicio penal del ‘procés’

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha expresado este lunes “de manera solemne” su “apoyo” a todos los miembros de esta carrera, con especial alusión a “cualquiera de los fiscales que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el proceso independentista”. García Ortiz hizo esta manifestación en su intervención inaugural del encuentro con los fiscales superiores de las comunidades autónomas, que tiene lugar en el pazo de Mariñán (Bergondo, A Coruña). El fiscal general dijo al final de su intervención: “No quiero terminar sin manifestar y reiterar” un mensaje de “apoyo a todos los fiscales de España, a los 2.695 que hay en España, especialmente a aquellos que han tenido en el pasado o que tienen que afrontar difíciles situaciones personales o profesionales”.

A lo largo de las últimas semanas, el fiscal general había recibido críticas desde la carrera fiscal, en particular desde la conservadora Asociación de Fiscales, por considerar que no había respaldado a los fiscales intervinientes en causas relacionadas con el procés, en el contexto de los acuerdos entre el PSOE y Junts, cuyo texto alude a las existencia de casos de lawfare, es decir de utilización de la justicia con fines políticos. Dicha asociación pidió la dimisión del fiscal general por no ofrecer un respaldo suficientemente explícito a los mencionados fiscales, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena.

Al hacerlo este lunes de forma clara, el fiscal general subrayó asimismo, dirigiéndose en general a los miembros de la carrera que “espero de vosotros también una lealtad institucional que es imprescindible, como sabéis, para que desde nuestras y desde vuestras altas responsabilidades contribuyamos al buen funcionamiento del Ministerio Fiscal”. Fue a renglón seguido, en el cierre de su discurso, cuando añadió que “quiero también expresar y decirlo públicamente y de manera solemne, si cabe, que defenderé y defenderé como corresponde a la más alta institución, a la más alta representación de esta institución, a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera de los fiscales que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el proceso independentista de Cataluña”.

El pasado 14 de noviembre los fiscales del procés dirigieron una carta al fiscal general en el que sostenían que las alusiones al lawfare en el acuerdo político entre el PSOE y Junts implican arrojar “sospechas” de parcialidad sobre su labor en esa causa y suponen un “ataque a la institución” de la Fiscalía. Ese acuerdo, señalaban los fiscales, “anula el principio de separación de poderes y cercena de raíz la independencia judicial”. Por ello, reclamaban que García Ortiz saliera en defensa de su labor, y remarcaban que no pedían un pronunciamiento sobre la ley de amnistía, aún no aprobada, sino sobre las alusiones al lawfare o guerra judicial recogidas de forma imprecisa en el acuerdo PSOE-Junts. Los cuatro fiscales que sostuvieron la acusación de rebelión y malversación en el juicio contra varios líderes del procés reclamaron al fiscal general una “respuesta inmediata” en defensa de su labor y un reconocimiento a su “imparcialidad” frente a ese “ataque a la institución”.

García Ortiz, a su vez dirigió dos días después una comunicación a todos los miembros de la carrera en la que les pedía que eviten “cualquier posicionamiento” sobre la amnistía hasta que la ley esté aprobada de forma “definitiva”. La misiva apelaba a la necesidad de que la Fiscalía actúe siempre con arreglo al “principio de imparcialidad”. En su carta, el fiscal general subrayó que el Ministerio Fiscal es un “órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial”, entre cuyas misiones está “la defensa de la legalidad” y que debe “respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de Derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado”. También subrayó que el propio estatuto del Ministerio Fiscal le obliga a “velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales y libertades públicas”.

La misiva destacaba asimismo que todos los fiscales a tener en cuenta que “cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. El fiscal general también dejaba claro que el posicionamiento que adopte la Fiscalía será “en todo caso técnico-jurídico” y se realizará “a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención”. La misiva terminaba recordando que es el fiscal general quien “ostenta la jefatura superior y la representación del Ministerio Fiscal en todo el territorio español”.

Fuentes de la propia Fiscalía interpretaron que las alusiones de la carta del fiscal general al principio de imparcialidad constituían un llamamiento a la prudencia en la conducta de los fiscales. Dichas fuentes recordaron que la Asociación de Fiscales, que pidió la dimisión de García Ortiz por considerar insuficiente su apoyo a los fiscales del procés, fue la organizadora de una cena de varias decenas de sus afiliados, durante la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En dicho encuentro el presidente popular explicó explicó sus proyectos para derogar importantes leyes de la pasada legislatura. Feijóo agradeció por otra parte el trabajo de los funcionarios “que, estando en puestos clave y recibiendo todo tipo de presiones, restablecieron el orden constitucional que algunos políticos quebraron”.