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El fiscal general reclama información a las Fiscalías del Supremo, la Audiencia Nacional y Cataluña sobre las causas a las que afecta la amnistía

La Asociación de Fiscales reprocha a García Ortiz que actúe con “diligencia” para aplicar la medida de gracia sin esperar a que esté aprobada

García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la toma de posesión de Félix Bolaños como ministro de Justicia.Samuel Sánchez

La Fiscalía General del Estado se prepara para actuar ante la posible aprobación de la proposición de ley de amnistía a los encausados del procés. El órgano que dirige Álvaro García Ortiz se ha dirigido a las fiscalías del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Superior de Cataluña, donde se han investigado o se están investigando las causas relacionadas con el desafío independentista catalán, para que envíen información “detallada, individualizada y sistematizada” del estado en el que se encuentran cada uno de esos procesos. La información, según el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, debe remitirse antes del 15 de diciembre. Tras tener conocimiento de esta petición, la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera, de tendencia conservadora y enfrentada abiertamente a García Ortiz, ha enviado un escrito al fiscal general en el que le reprochan que pretenda actuar con “diligencia” para aplicar la ley de amnistía sin esperar a que se pruebe la proposición de ley, pero, en cambio, haya rechazado pronunciarse públicamente sobre la medida de gracia hasta que la norma no esté aprobada en el Congreso, en contra de lo que le había pedido la asociación conservadora de fiscales. La petición de información no implica ningún posicionamiento de la Fiscalía respecto a la Ley de Amnistía.

La proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE contempla la participación del Ministerio fiscal en la fase de aplicación de la norma, de forma que los tribunales que tengan algún asunto supuestamente afectado por la amnistía tendrán que pedir la opinión de la Fiscalía, que también puede reclamar de oficio que se aplique la ley a un determinado caso. La proposición de ley establece que la tramitación por parte de los tribunales debe ser “preferente y urgente” y fija un plazo de dos meses para hacer efectiva la norma. A estas premisas se acoge el oficio de la Fiscalía General para solicitar información a los fiscales de causas relacionadas con el procés, a la vista “de la complejidad de la materia y el breve plazo que para la aplicación de la amnistía prevé la proposición de ley orgánica”.

En concreto, el jefe del Ministerio Público solicitó el 16 de noviembre a estas fiscalías que aporten la información detallada de “cuantos procedimientos penales se hayan tramitado” en esas fiscalías “en relación con el proceso independentista catalán y demás hechos” abarcados por la proposición de ley de amnistía, es decir los asuntos vinculados a las consultas independentistas del 9-N y el 1-O, y “de su preparación y sus consecuencias”, siempre que hayan sido cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, la horquilla temporal que fija la proposición de ley.

Los datos que reclama la Fiscalía General son el número de procedimientos existentes sobre el procés y el órgano judicial que lo lleva; el estado procesal, con envío del escrito de calificación provisional por parte del Ministerio Fiscal o de la sentencia que se haya dictado; un breve resumen de los hechos y su calificación jurídica (provisional o definitiva); y las personas encausadas. “Con el fin de proporcionar un plazo razonable a los órganos fiscales concernidos por la proposición de ley orgánica, la información interesada y debidamente sistematizada deberá enviarse a la Fiscalía General del Estado antes del 15 de diciembre de 2023″, añade el texto.

La petición ha soliviantado a la Asociación de Fiscales, que consideran “difícil compatibilizar” el argumento esgrimido por el fiscal para aplazar cualquier pronunciamiento público sobre la ley de amnistía hasta que se conozca el texto definitivo que salga aprobado por el Congreso y, “simultáneamente, acudir al articulado de la misma proposición de Ley Orgánica para recabar información que permita el diligente cumplimiento de unos hipotéticos plazos”. Así los expresan los seis fiscales de la AF en un escrito enviado a García Ortiz, en el que piden que se incluya un nuevo punto en el orden del día en el pleno extraordinario de este órgano que está previsto que se convoque cuando se haga efectiva la renovación del fiscal general, que ya está aprobada por el Consejo de Ministros, pero tiene que comparecer ante el Congreso antes de prometer su cargo.

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El escrito de los vocales de la AF solo hace referencia a la petición de información formulada por el órgano que dirige García Ortiz al fiscal superior de Cataluña, pero fuentes fiscales señalan se ha remitido una solicitud similar a las fiscalías del Supremo y de la Audiencia Nacional. Según los vocales de la Asociación de Fiscales, la adopción por parte del fiscal general de medidas para asegurar la aplicación de la proposición de ley de amnistía, “aun ignorando el texto final, eludiendo todo análisis técnico jurídico de la misma precisamente por tal ignorancia”, resulta “particularmente llamativa” porque implica una postura distinta a la adoptada con otras leyes. La AF cita el ejemplo de la ley del solo sí es sí, en la que no se requirió a los fiscales para que enviaran información hasta noviembre de 2022, “un mes después de la entrada en vigor” de la norma.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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