El Gobierno renovará a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado para la legislatura

Álvaro García Ortiz seguirá siendo fiscal general del Estado. Así lo han confirmado esta tarde fuentes gubernamentales, que informan de que el nombramiento se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, 28 de noviembre. Estas fuentes destacan que García Ortiz es un fiscal de carrera de “reconocido prestigio” y viene ya ocupando el puesto de fiscal general del Estado desde el año pasado.

El fiscal general está actualmente en funciones porque su mandato decae con el cambio de Gobierno. La decisión del Tribunal Supremo de anular el ascenso otorgado por García Ortiz a su antecesora, Dolores Delgado, para que obtuviese la máxima categoría de la carrera fiscal, ha puesto el foco en las últimas horas sobre su figura y sobre la posibilidad de que no fuese renovado, pero el Gobierno ha optado por que siga en su cargo. El nombramiento no se aprobará hasta dentro de una semana, pero la confirmación de la decisión por parte del Ejecutivo zanja las presiones que estaban ejerciéndose desde algunos sectores de la Fiscalía para que se le relevara. El PP también había pedido este martes su dimisión tras la sentencia del Supremo que aprecia “desviación de poder” en el ascenso de Delgado a fiscal de sala.

El mandato del fiscal general tiene una duración de cuatro años y cesa cuando lo hace el Gobierno, por lo que la renovación anunciada ahora es, en teoría, hasta 2027, pero realmente el mandato de García Ortiz está vinculado al del Ejecutivo y cesará cuando lo haga este. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general no puede ser renovado de un Gobierno a otro, pero existe una excepción: cuando el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años. Como García Ortiz lleva menos de un año y medio en el cargo, el Gobierno puede renovarlo ahora por otro mandato completo.

García Ortiz —que hasta ser nombrado jefe de la Fiscalía pertenecía a la Unión Progresista de Fiscales (UPF)— fue designado fiscal general en julio de 2022, tras la dimisión de Delgado por motivos de salud. Hasta entonces, había sido su mano derecha, como jefe de la Secretaría Técnica, etapa durante la que ejerció como uno de los principales defensores y mediadores de la entonces fiscal general dentro y fuera de la carrera. Al sucederle, García Ortiz no solo heredó el puesto, sino también la fortísima oposición interna que recibió Delgado desde los sectores más conservadores de la Fiscalía y desde la oposición del PP y Vox, que nunca la consideró apta para ser fiscal general por su cargo como ministra de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Esa tensión interna ha ido a más y la renovación anunciada esta tarde llega en un momento de máximo enfrentamiento entre la Fiscalía General y el ala más crítica de la carrera, a cuenta, sobre todo, de la proposición de ley de amnistía y de la sentencia del Supremo que anula el ascenso de Delgado.

Parte de este sector le reprocha a García Ortiz que no les haya defendido por los ataques a la carrera fiscal que, a su juicio, incluyen el acuerdo firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Este martes, 19 fiscales de la sección penal del Supremo le enviaron una carta en la que lo acusan de “ignorar deliberadamente” la demanda de amparo formulada por los fiscales del procés ante las “injuriosas insinuaciones” de lawfare contenidas en el pacto suscrito por los dos partidos. Pocas horas antes de que se difundiera ese escrito, la Sala de lo Contencioso del Supremo había tumbado la promoción de Delgado a la máxima categoría de la carrera decida por García Ortiz en septiembre de 2022. La sentencia, dictada por unanimidad por cinco jueces de distintas sensibilidades, es muy crítica con la actuación del fiscal general, que, según los jueces, asignó esa plaza a su antecesora para garantizarle el ascenso sin tener en cuenta los criterios de mérito que rigen estas convocatorias. “Cualquiera que sea la opinión que a cada uno le merezca, lo cierto es que esa promoción automática no ha sido querida por el legislador, ni está prevista en la ley. Y, desde luego, la potestad del fiscal general del Estado consistente en hacer la propuesta de resolución de convocatorias de plazas de la primera categoría no tiene por finalidad reescribir las reglas de promoción en la carrera fiscal, ajustándolas a sus personales preferencias”, sostiene el Supremo.

Cuando la renovación se haga efectiva, García Ortiz tendrá que decidir cómo ejecuta esa sentencia. Fuentes fiscales se inclinan por pensar que la decisión del Supremo no afecta al puesto actual de Delgado como jefa de la Fiscalía de Memoria Democrática, pero fuentes jurídicas señalan que sí. Es la tercera vez que el alto tribunal anula un nombramiento durante la etapa de García Ortiz, aunque en el caso anterior, el del fiscal de sala de Menores, Eduardo Esteban, cuya designación ha tumbado el tribunal en dos ocasiones, el nombramiento se había hecho aún bajo el mandato de Delgado. El Supremo tiene también pendiente de resolver los recursos presentados contra la designación de Delgado para el cargo que ahora ocupa, una designación que provocó un fuerte enfrentamiento entre García Ortiz y la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora.

Nacido en Lumbrales (Salamanca) en 1967, la vida de García Ortiz ha estado siempre muy ligada a Galicia, donde ejerció hasta que Delgado lo llamó para hacerse cargo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. Su nombre saltó a la primera línea nacional al asumir el caso Prestige, sobre el petrolero que se hundió frente a las costas de Galicia en 2002 y provocó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España. “Es un milagro que se celebre el juicio del Prestige”, llegó a afirmar en una entrevista en EL PAÍS, cuando se enfilaba la recta final de esta vista oral en 2013.

En marzo de 2018 fue el más votado en las elecciones al Consejo Fiscal —principal órgano asesor del fiscal general del Estado—, lo que fue considerado un hito debido al menor peso que tienen los fiscales progresistas en la carrera. Obtuvo casi 900 apoyos tras recorrer las fiscalías españolas en una campaña electoral en la que también participaron como candidatas la propia Delgado y su predecesora en la Fiscalía General, María José Segarra. Ambas fueron elegidas para ocupar una plaza en el Consejo Fiscal, aunque con menos votos que el actual jefe del Ministerio Público.