“Es un milagro que se celebre el juicio del ‘Prestige’”

Álvaro García (Lumbrales, Salamanca, 1967) lleva más de 10 años como fiscal de la investigación de la catástrofe del Prestigey siete meses de vista oral que en los próximos días llegará a su fin y quedará vista para sentencia. Más de un millón de folios, cientos de horas de vídeos y grabaciones de voz, más de 50 comisiones rogatorias a países como China, Rusia, Marruecos o Filipinas, algunas de las cuales tardaron hasta tres años en llegar a España, para lo que considera una “causa descomunal e inabarcable”. Es fiscal en Galicia y acaba de ser elegido presidente y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación muy crítica con las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

“La ley procesal es muy antigua y no está preparada para estos procesos tan complejos y cualquier obstáculo procesal se convierte en un mundo. Es un milagro que se haya podido celebrar un juicio como este”, asegura para sostener la necesidad de adaptar el proceso penal a realidades tan complejas como la del hundimiento del petrolero en las costas gallegas. Ese proceso que le ocupa desde hace 10 años y que incluye la revisión de la actuación de la Administración en una situación de crisis como la que se produjo tras un suceso como aquel que conmocionó a la opinión pública, le sirve para tener claro que “hay que ir a juzgados especializados y más rápidos que puedan dar respuesta a esas situaciones tan complejas y con tantos intereses en juego”.

Asegura que en ese procedimiento no ha recibido nunca indicaciones o instrucciones de superiores, a pesar de la trascendencia política del caso.

En su trabajo en esa causa judicial y en su nuevo cargo al frente de la asociación que agrupa al 10% de los fiscales asociados refleja su concepción de la Justicia y, más concretamente, de la Fiscalía, en el que se puedan atender las demandas colectivas de los ciudadanos. Esa elección al frente de la UPF es la que permite poner nombre y cara a quien ha participado en una causa tan llamativa, porque habitualmente los fiscales son en su mayoría anónimos, a pesar de su destacado papel, según explica.

“La Fiscalía debería defender el interés común de los ciudadanos”

De inicio advierte que no puede comentar nada sobre esa causa que le ha llevado tantos años de trabajo. Tampoco sobre asuntos concretos que están en las primeras páginas, como el caso Urdangarin. Solo aclara que, antes de ser destinado a Galicia, trabajó en Baleares con algunos de los fiscales que llevan esos asuntos y, por eso, respalda todas sus actuaciones.

Asume la portavocía de la UPF cuando se plantea que los fiscales asuman la investigación de los sumarios y asegura no tener duda de que están capacitados para hacerlo, aunque con la incógnita de si “la estructura del ministerio fiscal puede asumir ese reto y, por eso, hay que establecer un sistema de contrapesos para asegurar la autonomía de los fiscales, para que cualquiera pueda ser enjuiciado con las mismas garantías y sin sombra de sospecha”.

“Es lamentable la reacción ante las preferentes y sobre los desahucios”

Se considera una pieza más de ese engranaje judicial en el que con medios materiales y legales muy limitados deben hacer frente a fenómenos nuevos que, como en ese caso, afectan a intereses políticos y, sobre todo económicos. La suya es una carrera profesional mayoritariamente conservadora porque, según explica, la forma de acceso la limita a sectores con alta capacidad adquisitiva. La UPF que ahora preside intenta cambiar esa tendencia.

Respecto a la crisis, representa la opinión de un grupo de fiscales que consideran que desde las instituciones y, más concretamente, desde la Fiscalía, puede darse amparo a situaciones desesperadas de los ciudadanos.

Por eso se lamenta de que haya “reacciones tan rápidas y puntuales de la Fiscalía en determinados asuntos como los escraches y tan lentas, tibias y difíciles de entender ante problemas colectivos que afectan a los ciudadanos como las preferentes o los desahucios”.

Su argumentación viene del hecho de que al tiempo se ha conocido que la Fiscalía ve delito en los escraches, pero rechaza investigar la emisión de preferentes por parte de las cajas de ahorros.

Álvaro García entiende que los fiscales, obviamente, deben aplicar la ley pero están obligados a actuar desde su posición en defensa del interés común de los ciudadanos.

El camino, según explica, está en la vía abierta por la Fiscalía de Galicia al iniciar una acción colectiva para lograr la nulidad de los contratos de una emisión de preferentes concreta. “Es una novedad no bien admitida aún por la judicatura, que ha rechazado ya en dos instancias la iniciativa, pero irá al Tribunal Supremo, que determinará si la Fiscalía tiene legitimación para actuar por todos los ciudadanos en conjunto, no uno a uno, sino como una demanda de consumo”, concluye sobre las preferentes.