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Cuando en 1978 los nacionalistas de Convergencia se opusieron a la autodeterminación: “El objetivo separatista no es el nuestro. Arrimamos el hombro como uno más”

Ramón Trías, de Convergencia Democrática de Cataluña, rechazó, durante el debate constitucional, una enmienda para permitir referendos de independencia

Ramón Trías Fargas, durante una sesión plenaria del Congreso de Diputados en octubre de 1977.
Ramón Trías Fargas, durante una sesión plenaria del Congreso de Diputados en octubre de 1977.EFE
Natalia Junquera

El desafío soberanista en Cataluña ha exhibido, a lo largo de los años, numerosos giros de guion, incluso de intercambio de papeles, entre sus distintos actores: protagonistas y secundarios. El PSOE pasó de oponerse a la amnistía al procés a aceptarla a cambio de la investidura. Junts, que criticaba a ERC por renunciar a la unilateralidad aceptando la mesa de negociación con el Gobierno central, ha permitido la investidura del presidente de España y negocia ahora con el PSOE en Ginebra. Pero los volantazos empezaron mucho antes. El análisis del debate que decidió el texto final de la Constitución, que este miércoles cumple 45 años, muestra llamativos recorridos en el nacionalismo desde 1978 hasta hoy.

21 de julio de 1978. El Congreso debate, entre otras, una enmienda al texto constitucional presentada por el diputado Francisco Letamendía Belzunce, de Euskadiko Eskerra, para incluir el “derecho de autodeterminación” en el título octavo mediante un referéndum en “las provincias, regiones históricas o circunscripciones territoriales afectadas” —entendiendo por estas solo las que se se quieren separar del resto del país—. Plantea que la independencia sería efectiva con “el voto afirmativo de la mayoría absoluta del censo electoral de cada una” de ellas. El diputado vasco empieza su intervención de modo dramático: “Os pido que comprendáis el riesgo físico que puede suponer para mí las palabras que os voy a dirigir y el mantenimiento de esta enmienda”. El presidente del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda, había iniciado el pleno con la condena a dos asesinatos de ETA cometidos ese mismo día, y en recuerdo de sus víctimas: el general Juan Manuel Sánchez-Ramos Izquierdo, y el teniente coronel Pérez Rodríguez.

Manuel Fraga, de Alianza Popular, responde al diputado vasco con dureza: “Lo primero, mi simpatía personal por la integridad física del señor Letamendía, que estoy seguro de que estos días no corre ningún riesgo ante los comandos terroristas que andan por Madrid. En segundo lugar, coincido en lo esencial de su razonamiento: lo que necesita el País Vasco es vivir en democracia. Tiene ahora todos los medios para ello en la Constitución y en la Ley. Solamente si se piden cosas imposibles y se mantiene la presión terrorista, esto será imposible. Una sola liberación necesita hoy la noble Euskal Herria: la de los odiosos y despreciables terroristas que la oprimen, y la de los no menos despreciables personajes que los defienden y justifican”.

La enmienda de Letamendía es rechazada de plano: 266 votos en contra, cinco a favor y 11 abstenciones. En ese momento, 22 diputados forman parte del Grupo parlamentario que aglutina a la Minoría Vasca y la Catalana, pero Letamendía ni siquiera consigue todos esos apoyos. Ramón Trías Fargas, de Convergencia Democrática de Catalunya, defiende en la Cámara la posición de la Minoría Catalana. Durante el pleno, afirma: “Quisiéramos recordar a la sala que la autodeterminación es un método, no es un fin; es una manera de alcanzar unos resultados. Y en este sentido, nosotros ya nos hemos autodeterminado. Nosotros somos partidarios de esta Constitución, que hemos votado y votaremos hasta el final, y somos partidarios de la autonomía y de los estatutos que este Parlamento, en su momento, votará, y de nada más, absolutamente nada más”. Y añade: “He hablado en mil ocasiones, en Cataluña, que es donde deben decirse estas cosas y no aquí, que yo no era separatista, que no era independentista, que nosotros nos sentimos solidarios de una España moderna, democrática y progresista, que íbamos a arrimar el hombro en ayuda de todos como uno más”.

Por si quedaba alguna duda, aclara: “Nos ha parecido que la enmienda del señor Letamendía prejuzgaba un separatismo, es decir, que su autodeterminación llevaba un objetivo final separatista que evidentemente no es el nuestro. (...) Nos llevaba a rumbos que nosotros no queríamos seguir”.

Junts, el partido de Carles Puigdemont, es el heredero hoy en el Congreso de Convergencia Democrática de Cataluña. En 2002, un año antes de presentarse como candidato por ese partido, Artur Mas opina que la independencia era “un concepto anticuado y oxidado”. Su apuesta, como recoge el libro Qué piensa Artur Más, es “una España plurinacional. Un Estado organizado sobre cuatro naciones: Castilla, Galicia, Euskadi y Cataluña”. A finales de 2007 y en 2008, con la crisis económica y la sucesión de escándalos de corrupción en la comunidad y en el partido, se empieza a hablar del “derecho a decidir”, pero en noviembre de 2009, Mas todavía cree que el referéndum no es una buena idea: “No quiero una consulta. Evidenciaría que Cataluña quiere ser española”, asegura en EL PAÍS.

Convergencia no solo ha ido cambiando de nombre y de siglas, también de planteamientos y objetivos, porque 43 años después de que el diputado Trías defendiese en el debate constitucional —para oponerse a la enmienda de Letamendía— que la autodeterminación no era “el rumbo que querían seguir”, Junts (entonces llamado PDeCAT) suscribe con ERC, en marzo de 2021, una “proposición de ley orgánica de amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español” que plantea el “derecho de autodeterminación” como clave del problema y por tanto, su remedio. El texto, que no fue admitido a trámite, plantea los juicios al procés como una “auténtica causa general contra el independentismo, aplicando el derecho penal del enemigo contra el que ejerce y defiende el derecho a la libre determinación”. Causa general es como se conoce a la herramienta de represión franquista para castigar, encarcelar y fusilar a miles de personas. La describe así Paul Preston en El holocausto español: “Cualquier denuncia, por rocambolesca que fuera, desembocaba en arrestos, interrogatorios, tortura, y a menudo, ejecuciones. (...) En general, la justicia franquista atribuía todas las muertes de sus partidarios a una política deliberada del Gobierno republicano y la Generalitat, lo cual era sencillamente falso, y por añadidura, proyectaba las intenciones asesinas de los rebeldes en los republicanos”.

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Sobre la firma

Natalia Junquera
Reportera de la sección de España desde 2006. Además de reportajes, realiza entrevistas y comenta las redes sociales en Anatomía de Twitter. Especialista en memoria histórica, ha escrito los libros 'Valientes' y 'Vidas Robadas', y la novela 'Recuérdame por qué te quiero'. También es coautora del libro 'Chapapote' sobre el hundimiento del Prestige.

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