El Gobierno dice que Bruselas deja al PP en un “callejón sin salida” sobre el Poder Judicial
El Ejecutivo pide a los ciudadanos un “voto de confianza” sobre la amnistía tras constatar las encuestas desfavorables
![Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/V3A6LABWTXB2D6W76TKGBJE5TU.jpg?auth=009df01150951e96d13f38cc6f192a0d30be726e267e3726e731cc6eceaea885&width=414)
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El Gobierno se siente plenamente respaldado por la Comisión Europea para exigir al PP la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin ninguna condición previa. El emplazamiento en ese sentido al primer partido de la oposición que realizó el pasado lunes el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha colocado al PP en un “callejón sin salida”, destacaron este martes portavoces gubernamentales. Armado con esos argumentos, el Ejecutivo rechaza de plano la última condición planteada por el PP: que la renovación vaya acompañada simultáneamente de una reforma del sistema de elección del CGPJ.
“Primero renovar, cumplimiento de la Constitución, y luego se podrá dialogar”, sentenció la ministra portavoz, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros de este martes. “El comisario Reynders ha sido claro y taxativo”, enfatizó. Reynders, tras reunirse el lunes en Bruselas con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, instó efectivamente a renovar de inmediato el CGPJ. El comisario reiteró la posición de Bruselas favorable a reformas en el sistema de elección del Consejo para reducir la intervención de las formaciones políticas, como exige el PP. Pero dejó claro que eso debería quedar para más adelante porque la urgencia ahora es acabar con la anomalía institucional de que el órgano de gobierno de los jueces lleve cinco años con el mandato caducado.
El Gobierno ha interpretado las palabras de Reynders como un espaldarazo a su postura y una presión adicional a los populares. El presidente, Pedro Sánchez, llamará próximamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para invitarlo a retomar las negociaciones que se rompieron el pasado año de forma abrupta, con el acuerdo ya casi cerrado. Eso sí, el Ejecutivo no se compromete a reformar la ley como exige el PP, que pide que sean los jueces y no las Cortes quienes elijan a la mayoría del Consejo. Ante la insistencia de los periodistas sobre esta cuestión, Alegría repitió que lo primero debe ser la renovación y después el “diálogo”, sin especificar en ningún caso cuál sería el contenido de ese diálogo. “Renovar el CGPJ no es una opción, es una obligación legal”, afirmó. “Es improrrogable. ¿Qué más tiene que suceder para que el PP cumpla con su obligación? ¿Qué mensaje se le manda a los ciudadanos cuando un partido político no cumple la Constitución?”.
Antes, en una entrevista matutina en la Cope, Feijóo había culpado al Gobierno de la falta de renovación e insistido en su fórmula de abordar esta simultáneamente a la reforma de la ley. Y aun con eso el líder del PP matizó que el problema es que no se fía del Ejecutivo para alcanzar un pacto con él. “Félix Bolaños nos mintió de manera descarada, reiterada y constante. Nos dijo, mientras negociábamos hace un año la renovación, que no estaba negociando con los independentistas, y era mentira. Verle ahora de notario mayor del Reino [cargo inherente al de ministro de Justicia] no tranquiliza a nadie. Se lo dije al señor Sánchez [que Bolaños les había mentido] y se calló”, aseguró. Así que Feijóo tampoco acabó de confirmar plenamente si aceptaría el pacto para renovar el CGPJ y reformar la ley a la vez: “Durante la tramitación parlamentaria, el Gobierno nos puede engañar, pero algún riesgo tenemos que correr”.
Del lado del Ejecutivo tampoco faltaron reproches al PP. En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Alegría emplazó a los populares a desistir de “elevar sus frustraciones a las instituciones europeas” en vista de la “abultada cartera de vergüenzas” que colecciona. La ministra portavoz enumeró las actuaciones de los populares en Bruselas para desacreditar la capacidad del Gobierno de gestionar los fondos europeos; la campaña contra la llamada “excepción ibérica” en los precios del gas, calificada de “timo ibérico” por el PP, antes de que se extendiese al conjunto de la UE, o su denuncia ante las instituciones comunitarias del acuerdo sobre el futuro de las pensiones alcanzado con los sindicatos.
A propósito de la encuesta de EL PAÍS y la SER que revela que un 60% de los españoles considera injusta la amnistía a los encausados por el procés, la portavoz expresó su “máximo respeto” por las opiniones ciudadanas, pero al tiempo les rogó un “voto de confianza” ante la “apuesta por la convivencia y la normalización” que ha hecho el Ejecutivo. Alegría recordó que cuando fueron indultados los líderes independentista catalanes en prisión tras su condena por el Tribunal Supremo, “los ciudadanos también dudaban y los resultados hoy son incuestionables”.
El Gobierno confirmó que el controvertido José Félix Tezanos seguirá al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). “Confirmamos a los sociólogos que aciertan”, señaló Alegría, a despecho de los numerosos casos en los que el instituto demoscópico oficial ha sobrevalorado las expectativas electorales de las formaciones del Ejecutivo.
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