El Gobierno acota el ‘lawfare’ a las comisiones de Pegasus y Kitchen acordadas con los independentistas en agosto en el Congreso

La asunción por parte del PSOE del lawfare o judicialización de la política, el controvertido concepto incluido en el pacto de los socialistas con Junts a cambio de su apoyo vital a la investidura de Pedro Sánchez se ha convertido en un quebradero de cabeza para el principal partido del Gobierno. Al menos hasta que se conozcan los pormenores de la proposición de ley de amnistía, de la que aún quedan detalles técnicos por cerrar y que el PSOE pretende registrar con las firmas del resto de socios parlamentarios este lunes en el Congreso. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha tenido que aclarar este viernes que no se crearán nuevas comisiones de investigación, salvo las ya acordadas el pasado agosto con los independentistas catalanes a cambio de su apoyo a Francina Armengol como presidenta del Congreso y a una Mesa del Parlamento con mayoría progresista.

“El acuerdo está presente en los términos de que va a haber dos comisiones cuyas conclusiones se habrán de tener en cuenta, si hay alguna iniciativa legislativa o medida que se adopte”, afirmó Bolaños, que incidió en la Cadena SER que “no es la intención en absoluto que una comisión de investigación pueda afectar a una decisión judicial. No podría ser así”. El ministro, que ha formado parte del equipo negociador del PSOE y ha desempeñado uno de los papeles más relevantes junto a la vicesecretaria general socialista y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Santos Cerdán, secretario de Organización, que cerró el apoyo del partido de Carles Puigdemont, ha circunscrito las posibles actuaciones en el Congreso a las comisiones ya pactadas hace tres meses de los casos Kitchen y Pegasus.

Las asociaciones de jueces más representativas, incluida la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, las asociaciones de fiscales —entre ellas la Unión Progresista de Fiscales— y el Consejo General del Poder Judicial han expresado su rechazo a la incorporación del término lawfare en el pacto suscrito entre el PSOE y Junts, que se usa para definir la persecución judicial por razones políticas y que el independentismo achaca al Estado desde el procés, al entender que podría afectar a la separación de poderes y suponer una intromisión en la independencia judicial. El acuerdo establece que las conclusiones de las comisiones de investigación “que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. La falta de claridad en la redacción generó la reacción crítica del mundo de la judicatura. Es la primera vez que el PSOE se refiere de forma explícita a este concepto que los secesionistas llevan años utilizando para denunciar la persecución judicial por motivos políticos que, aseguran, han sufrido muchos de sus miembros.

Las explicaciones de Bolaños se producen después de que el PSOE se viese forzado a dar explicaciones debido a la redacción del pacto con Junts. El jueves por la noche fuentes socialistas ya tuvieron que despejar las dudas y recalcaron que el Parlamento no revisará en ningún caso ninguna sentencia o resolución judicial. “El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado”, afirmaron, en términos muy similares a los empleados por Bolaños. El acuerdo “no prevé” la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de lawfare y lo acota a las conclusiones de las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la Mesa del Congreso: una nueva comisión sobre Pegasus, el escándalo de espionaje que afectó, entre otros, a dirigentes independentistas catalanes, y la reactivación de la comisión de investigación constituida el 28 de marzo de 2023 sobre la Operación Cataluña, que se refiere al uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas. Lo que se acuerda ahora, insisten en el PSOE, es que las conclusiones de estas dos comisiones, “como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas”.

Las discrepancias acerca del alcance del lawfare también han enfrentado a Junts y Sumar. Laura Borràs, presidenta de Junts, y el abogado penalista y mediador de Sumar, Jaume Asens, han discrepado sobre si la ley de la amnistía incluirá o no el concepto que alude a la persecución judicial por la condición política. Mientras el exdiputado ha asegurado que no le consta, Borràs lo ha dado por hecho, aunque no ha querido hablar de su caso concreto —está condenada por delitos vinculados a la corrupción— y de si quedará recogido en la norma —todas las fuentes apuntan que su situación está fuera de la ley al tratarse de una causa que en origen no tiene nada que ver con el procés—. Borràs fue condenada a cuatro años y medio de cárcel, a 13 años de inhabilitación y al pago de una multa de 36.000 euros por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. “A mí no me consta. No tengo todo el articulado en la cabeza, pero no me consta. Es un concepto político, no jurídico”, ha señalado Asens en el programa Aquí Catalunya, de SER Catalunya.