Las dos muertes de Lucía Garrido, la mujer que sabía demasiado

El cadáver de Lucía Garrido, de 48 años, fue encontrado en la primavera de 2008 flotando en la piscina de la finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre (Málaga, 42.531 habitantes), donde residía. Había sido golpeada, acuchillada, estrangulada y arrojada a la pileta para que se ahogase. Ahora, 15 años después, el caso se juzga con dos únicos acusados. A un lado, su expareja, Manuel Alonso, a quien se considera autor intelectual del asesinato. Al otro, Ángel Vaello, supuesto ejecutor de la mujer. No es la primera vez que ambos se sientan en el banquillo de los acusados. Lo hicieron ya en 2019, cuando en un largo, polémico y mediático juicio fueron declarados absueltos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obligó en 2020 a repetirlo por un error en la votación del jurado popular y el Tribunal Supremo avaló dicha decisión en 2022. La fiscalía solicita 23 años y seis meses de prisión para Vaello como autor directo y 25 años para Alonso como cooperador necesario, cifras similares a las dos acusaciones particular que representan a la familia. Se prevé que el próximo 7 de noviembre el jurado popular, que dispondrá de medidas de seguridad especiales para su aislamiento, ofrezca su veredicto.

El contexto que rodea a la muerte de Lucía Garrido tiene numerosos ingredientes que convierten al caso en un laberinto de especial complejidad. Incluyen corrupción policial, narcotráfico y la compraventa de animales exóticos, como relató la serie documental Lucía en la telaraña, estrenada en Televisión Española a finales de 2021, y el libro Matar a Lucía, escrito por Jorge Cabezas. También contiene una separación, después de que ella diese por terminada en 2006 la relación sentimental que hasta entonces mantenía con Alonso, con quien no se casó, pero sí tuvo una hija en común. Tras aquella decisión, un juez le atribuyó a Garrido la custodia de la niña y el uso de la vivienda de la finca denominada Los Naranjos. Su expareja se mudó a un cortijo cercano, pero con derecho a acceder a la residencia familiar para mantener su negocio: la custodia de animales exóticos intervenidos en distintas operaciones de la Guardia Civil. Allí había, en jaulas, leones y tigres, entre otra fauna salvaje. “Esa finca es el eje del mal: confluía en ella una corrupción bestial a nivel de la Guardia Civil”, añade José Guerrero, que forma parte también de la acusación particular, representando a la madre y la hija de Lucía.

La ruptura fue clave. “A partir de ese momento, Lucía Garrido se convirtió en testigo directo y presencial de las actividades lícitas e ilícitas de Manuel Alonso”, relata el fiscal, que subraya que él intentó echarla de la finca para ocuparla él con su nueva pareja, pero no lo consiguió. “Lucía dejó de ser una testigo incómoda para convertirse en una auténtica amenaza”, añade fiscalía, por eso su entorno le propuso acabar con la vida de Garrido. “Lucía sabía demasiado: se había peleado con este señor, tenía muchas pruebas en su contra y era un problema”, insiste también Luis Portero, abogado que representa a parte de la familia de la víctima desde el inicio de la instrucción del caso. “Es la crónica de una muerte anunciada”, ha insistido el letrado en la primera sesión del juicio este lunes, en la que también se ha seleccionado al jurado popular y en el que la abogada de Alonso ha anunciado que su cliente ha renunciado a que le represente. “No puedo defender a una persona que ni me habla”, ha dicho. El magistrado del tribunal ha respondido que ya resolvió esa cuestión y que el juicio seguirá adelante.

Durante esta primera jornada el fiscal ha relatado su versión del crimen, que desde su punto de vista tuvo dos motivos: “el odio” hacia la mujer “como en cualquier caso de violencia de género” y un móvil económico por las supuestas actividades delictivas que se desarrollaban en la vivienda familiar. “Fue un crimen muy bien planeado”, ha insistido el fiscal, que según su relato arrancó a finales de marzo con varias reuniones en las que participó Ángel Vaello, que entonces formaba parte del grupo de delincuentes denominado Niños de Fuengirola y que recibió una oferta económica para cometer el asesinato. Aceptó. Alonso ni estuvo en ese encuentro ni conocía al sicario, “pero propició o consintió su contratación” con el fin previsto, insiste el fiscal. Y luego sí que mantuvo encuentros con él y le dio “ayudas decisivas” para cometer el delito.

La acusación pública sostiene que la expareja de Garrido le entregó a Vaello una llave para poder entrar en la finca sin problemas, retiró a dos mastines que tenía sueltos para proteger el recinto y que en el periodo de días previsto para el asesinato realizó distintos “viajes inútiles” para dejar rastros alejados de Alhaurín de la Torre y así crear una coartada. El 30 de abril de 2008 Vaello entró a la finca, se escondió y cuando Garrido llegó, le golpeó con un ladrillo y luego le clavó un cuchillo en el cuello antes de arrastrarla a la piscina, donde la arrojó. Allí falleció por ahogamiento y asfixia. El sicario cogió luego el bolso de la mujer, lo vació para llevarse su móvil y se dejó la llave que había utilizado. Ese despiste es clave: allí fue hallado su ADN, que sirvió para su identificación “como autor material del crimen”, según el fiscal. Tras su detención pasó dos años en prisión provisional.

Es prácticamente la misma versión que tanto la fiscalía como las dos acusaciones particulares sostenían en 2019 y mantienen ahora. La única diferencia radica ahora en que entonces había dos agentes de la Guardia Civil acusados por su relación con los hechos. También fueron absueltos entonces y el TSJA entendía que el fallo en la votación no tenía que ver con ellos, así que ya no son juzgados. Ahora solo acudirán llamados a declarar por la defensa. Como ellos pasarán por la sala un buen número de testigos y peritos, como ocurrió hace cuatro años en un largo juicio donde las defensas se quejaron de cómo los acusados y su entorno compartían espacio con el jurado popular. Para evitar que se repita “el circo” denunciado por los abogados, el magistrado presidente ha dado instrucciones a la seguridad del edificio para que haya un control de acceso a la sala de vistas y “evitar cualquier tipo de contacto de los miembros del jurado con cualesquiera otras personas que no sean estrictamente los funcionarios que prestan servicio en la Oficina del Tribunal del Jurado de esta Audiencia Provincial”, según fuentes del TSJA. El portavoz de la familia de Garrido, Ignacio Carrasco, ha pedido también esta mañana “un juicio limpio” a pesar de que, denuncian, “muchas pruebas han desaparecido”.

Alrededor del crimen de Lucía Garrido hubo otras actuaciones policiales que acabaron en los tribunales y otras que están pendientes aún de hacerlo. En 2009, el propio Manuel Alonso fue juzgado como autor de la muerte de dos colombianos que asaltaron su finca, como él mismo confesó. Fue absuelto por el tribunal por entender que disparó en legítima defensa, aunque el caso se volverá a juzgar porque la jueza instructora entendió en 2020 que existen dudas de si sabía que se iba a producir ese asalto y se preparó con armas para repelerlo. En 2010 también fue ser detenido, esta vez junto a una veintena de personas entre las que estaba el teniente de la Guardia Civil Valentín F. —que había supervisado las investigaciones tanto del asesinato de Garrido como de los dos asaltantes— en un caso de narcotráfico. A Alonso le cayeron tres años de prisión por tráfico de drogas —ya cumplió y se encuentra en libertad— y el que fuera jefe del Equipo Antidroga de la Guardia Civil fue condenado a diez años y medio de prisión por tráfico de drogas, aunque luego el Tribunal supremo la rebajó a tres años y nueve meses. Igualmente, queda pendiente el juicio a dos peritos que testificaron en 2019 y para quienes la fiscalía pide dos años de prisión por falso testimonio por, supuestamente, mentir sobre el reanálisis de muestras de ADN que sirvió para identificar a Vaello.