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Los cuatro acusados por el asesinato de Lucía Garrido niegan cualquier relación con el crimen

El juicio ha arrancado este miércoles 11 años después de que se encontrara el cadáver de la mujer flotando en su piscina de Alhaurín de la Torre, en Málaga

En el centro, Manuel Alonso durante el juicio.
En el centro, Manuel Alonso durante el juicio.

El cadáver de Lucía Garrido fue encontrado flotando en la piscina el 30 de abril de 2008. Tenía golpes en la cabeza y una herida de un cuchillo en la yugular, pero la autopsia determinó que la muerte fue por asfixia, ahogada. La mujer, de 35 años, fue hallada por dos agentes de la Policía Local en la finca Los Naranjos a las afueras de Alhaurín de la Torre (Málaga) donde residía. Todo apunta desde entonces a un asesinato. Es lo único claro de un caso que ha empezado a juzgarse este miércoles, 11 años después. Hay cuatro acusados: su expareja, dos agentes de la Guardia Civil y un supuesto sicario. Este miércoles, en la primera sesión del juicio, todos ellos han declarado no conocerse entre sí antes de la muerte de la mujer -salvo los agentes, que trabajaban juntos- y no tener nada que ver con los hechos.

En un primer momento, el caso se investigó como violencia machista. Sin embargo. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Málaga consideró en 2016 que las pruebas practicadas exculpan a la expareja de la víctima, Manuel Alonso. El magistrado relacionó la muerte entonces con una presunta red de tráfico de drogas y se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción 4 para continuar la investigación contra otros investigados.

Ahora, el Ministerio Fiscal, que tildó lo sucedido como un crimen “premeditado y cobarde” acusa de un delito de asesinato a A. V., como presunto autor material, y a A. P. que entonces era Guardia Civil, como autor intelectual. Para ambos pide 23 años y medio de prisión. Por el momento, no acusa a Alonso, aunque el fiscal explicó que al final del juicio le acusará “de ser cómplice del delito de asesinato”. “Nunca le consideramos inocente”, añadió el representante de la Fiscalía. Quien sí lo considera autor intelectual es la acusación particular (la familia la ejerce doblemente) que también añade un delito de malos tratos continuados. También incluye al otro guardia civil. Para todos piden 25 años de prisión y cuatro más para el supuesto autor material por allanamiento de morada. La acusación particular afirmó al jurado popular -compuesto por siete mujeres y dos hombres- que el caso juzga una “trama oscura” donde hay “maltrato, asesinatos, droga, corrupción policial y conexiones con el narcotráfico”. “Esto no es ficción, es la realidad”, añadió el abogado de la hermana de Garrido. Las cuatro defensas solicitan la libre absolución de sus clientes.

La expareja de la fallecida, con quien tuvo una hija, repasó la coartada que posee, porque en el momento que ocurrieron los hechos se encontraba en un recorrido que le llevó a Castellar de la Frontera, Sotogrande y Ronda. Aseguró no conocer al supuesto sicario y rechazó que realizara maltratos a Garrido o que le cortara el agua y la luz. También ha negado que la finca donde se encontró el cadáver -la mujer tenía el derecho a usar la casa y el hombre al resto del terreno para su negocio de compraventa de animales exóticos- haya sido usada como guardería de droga o para esconder dinero procedente de actividades ilícitas.

“¿Cuál cree que fue el motivo del crimen de Lucía Garrido?”, le ha preguntado la acusación particular a Alonso, que ha respondido: “Yo ya no creo nada”.

La familia sí que cree que el móvil del asesinato fue precisamente que el acusado necesitaba usar toda la finca para mantener su actividad empresarial, “pero también los negocios oscuros”. El hecho de que Garrido conociera esas supuestas actividades ilícitas es lo que, según los familiares, llevó a Alonso a avisar a los otros acusados, “a los que consigue manipular para hacer lo que hizo”, como ha dicho uno de los abogados de la acusación particular. Y, aunque un testigo afirmó la existencia de un encuentro en una terraza de Torremolinos un mes antes del asesinato para planificarlo con un precio “que pudo ser de 30.000 euros”, según Fiscalía. Todos los acusados negaron saber nada de esa reunión.

Entre ellos el agente de la Guardia Civil A. P., quien ha asegurado no tener nada que ver con lo ocurrido. “Juro por Dios que no conocía a Lucía ni a su pareja”, ha afirmado, para pasar luego a denunciar estar pasando durante los últimos tres años “un auténtico infierno”. También ha dicho que conocía al supuesto autor material del asesinato desde 2013 por las carreras de motos y karting en las que participan sus respectivos hijos y por un negocio que nunca llegó a producirse. “Yo solo quiero justicia”, ha insistido, además de explicar que fue una vez a Los Naranjos para conocer los “leones, tigres y otros animales exóticos” que allí había en compañía de su mujer y su hija. Fue meses después de la muerte de Garrido. “Ni siquiera sabía que allí había fallecido la mujer”, ha subrayado.

“Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie", ha manifestado este acusado, quien ha puntualizado que “jamás” ha participado en una reunión en la que se preparara la muerte de nadie. El otro Guardia Civil acusado ha insistido en que tampoco conocía antes del crimen a los otros procesados y a la víctima y que no tuvo ningún papel en el asesinato. “Mi profesión es Guardia Civil: ni ladrón ni narcotraficante”, ha afirmado.

Por su parte, A. V., al que se considera el encargado de matar a Lucía Garrido, declaró directo, serio y a la defensiva, alegando que el día de los hechos estaba sacándose el carné de conducir y, más tarde, en el cumpleaños de su madre. Afirmó que nunca ha estado en la finca Los Naranjos, que no conocía a Manuel Alonso y se consideró “un cabeza de turco”. La clave para inculparlo está en una llave que supuestamente recibió de la expareja de la mujer -algo que este negó- para entrar a la finca y esperar escondido a su llegada. En ella se encontró ADN que, en un primer momento, dio negativo. Sin embargo, en 2016, la Guardia Civil utilizó un procedimiento más avanzado en los que sí pudo cotejar los restos biológicos de la llave con los suyos, con un resultado positivo.

La defensa del supuesto autor material alegó que es “imposible” que eso sea así porque las dos pruebas que usaron en 2008 “se habían consumido” y, por tanto, “no hay forma de hacer nuevos análisis sobre algo que no existe”. “Esa es la prueba principal y, sin ella, no puede haber condena”, ha destacado su abogado al jurado popular. La agente de Policía Local que encontró el cadáver de Garrido ha declarado que cuando ella llegó había, junto a la entrada a la vivienda, un ladrillo con sangre roto en tres partes, una cuarta parte dentro de un macetero, el bolso, la cartera, el llavero y un pendiente de la mujer, así como bolsas de la compra y un regalo “envuelto y con lazo”. Todo estaba seco. No vio la referida llave ni esta se ve en las fotos que hizo su compañero de patrulla minutos después.

El juicio continuará este jueves con la declaración de agentes de Asuntos Internos de la Guardia Civil, a quienes los acusados consideran haber provocado su acusación. Se prevé que el juicio se prolongue durante toda la semana y la siguiente. Durante estas jornadas declararán más de 80 personas, entre testigos y peritos.

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