No hay quien frene a los ‘petaqueros’ que abastecen de combustible a los narcos en altamar

El submundo del narco funciona como cualquier otro mercado: evoluciona y se transforma. En su caso, influido además por los golpes policiales y por las reformas legales que se impulsan para tratar de torpedearlo. Con esa premisa se entiende la siguiente escena que sucede a kilómetros de la costa (y que se repite con asiduidad): un grupo de traficantes aguarda a entrar en acción a bordo de una de esas grandes lanchas usadas para introducir fardos de droga por las playas de la Península a toda velocidad. En un momento dado, comienza a acercarse otro pequeño bote con un par de personas. Pese a la tensión, allí nadie se sorprende. Son dos colaboradores de la escala más baja de la pirámide, que vienen a proporcionarles gasolina y suministros. Una especie de repartidores de altamar, llamados petaqueros, que han proliferado desde que España prohibiera las narcolanchas en 2018 y a los que los investigadores no consiguen frenar ahora, ante la falta de una normativa adecuada para perseguirlos.

Las organizaciones del hachís, especializadas en introducir esta mercancía a través de las costas españolas, han encontrado en los petaqueros —bautizados así por las petacas de combustible que transportan— una solución para sortear la prohibición de las narcolanchas. Hasta hace un lustro, estas potentes semirrígidas navegaban por las aguas españolas con absoluta tranquilidad. Se guardaban en almacenes y circulaban impunes junto a la costa, listas para alejarse a recoger la droga e introducirla a toda prisa. Solo entonces, con la carga a bordo, se les podía perseguir. Pero todo cambió en 2018: la nueva legislación las calificó como “género prohibido” y eso ha provocado que sus tripulantes tengan ahora que ocultarlas, además de obligarles, antes de los desembarcos, a permanecer muchas horas e incluso días en altamar, a la espera del momento más adecuado para alijar sin que los agentes los intercepten.

Esas dificultades, según detallan varias fuentes policiales, han hecho que surja y se consolide la figura de personas que se especializan en almacenar y suministrar combustible para los potentes motores de las embarcaciones de la droga. Un nuevo actor que ha ido perfeccionando sus métodos hasta dar lugar a pequeños grupos dedicados a cubrir muchas de las necesidades de los criminales cuando se encuentran a kilómetros de la costa. Según ha constatado el CRAIN, órgano de inteligencia contra el narco de la Guardia Civil en Andalucía, no solo les llevan gasolina sino también víveres y ropa, y se encargan de los cambios de tripulación. Han aumentado sus tareas y, por tanto, su responsabilidad. Todo ello “en un mundo jerarquizado, donde se necesitan machacas y contratar a otros”, apunta José Martín, jefe de la policía judicial de la Policía Nacional en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), uno de los puntos calientes del narcotráfico.

Este negocio mueve miles de euros. Como pasa siempre en este submundo, su dimensión resulta difícil de calcular, pero algunos datos del Ministerio del Interior ayudan a hacerse una idea. En el marco del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, centrado inicialmente en esta comarca gaditana y ampliado después a seis provincias andaluzas (el resto de la de Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla, Almería y Granada), las fuerzas de seguridad han intervenido más de 800.000 litros de gasolina destinados a narcolanchas desde mediados de 2018 a finales de 2022. “Hay miles de euros en juego. Se entiende solo con ver el precio del litro de combustible”, remacha José Martín al describir esta auténtica economía paralela brotada alrededor del narco. Los precios por los servicios del petaquero, añade el agente, no están tasados y varían.

El auge de este fenómeno ha pillado con el pie cambiado a las autoridades. Preocupados porque se ha convertido ya en otra pata más del tráfico de estupefacientes y por el riesgo que supone que estos grupúsculos acumulen y muevan sin control enormes sumas de combustible, las fuerzas de seguridad y la Fiscalía Antidroga denuncian que no cuentan con herramientas legales para perseguir a los petaqueros, generalmente jóvenes y aspirantes a subir en el oscuro negocio de la droga, según fuentes jurídicas y policiales. Mueven bidones de hasta 25 litros que rellenan en gasolineras en varias tandas, en estaciones de repostaje sin cámaras o en las que tienen contactos.

La normativa española no contempla como delito el almacenaje o transporte de grandes cantidades de gasolina —apenas se prevén sanciones administrativas en determinados casos, difíciles de cobrar a unas personas que suelen declararse insolventes—, por lo que únicamente se les puede castigar si se consigue vincularlos con alguna organización criminal concreta o con un alijo determinado. Pero no resulta fácil. La mayoría de las veces, a estos colaboradores solo se les pilla con el combustible, por lo que poco se puede hacer contra ellos.

Por ejemplo, en mayo de 2019, en la llamada Operación Gas-oil, se detuvo a 15 personas en La Línea de la Concepción acusadas de proveer de toda esa logística a los narcos. “Pero, como no se pudo acreditar el transporte de estupefacientes y solo teníamos gasolina, se quedó en nada”, reconocen fuentes de la Fiscalía del Campo de Gibraltar. En 2021, en la Operación Petaca, la Policía de Sanlúcar encontró un zulo con cerca de 5.000 litros de combustible, donde guardaban igualmente placas dobladas de matrículas y armas: “Por lo que pudimos imputarles falsedad documental y tenencia ilícita de armas”, apunta José Martín.

Reforma legal

Ana Villagómez, fiscal Antidroga de Andalucía, alzó la voz en 2021. En la memoria anual del ministerio público, ella puso sobre la mesa la necesidad de una pronta reforma normativa para frenar la actividad de estos repartidores de alta mar. Su iniciativa la recogió la fiscal jefe Antidroga de España, Rosa Ana Morán, que la introdujo en su respectivo balance. Y, hace apenas unas semanas, la Fiscalía General del Estado hacía suya la medida y la incluía en el capítulo de “propuestas de reformas legislativas”. El ministerio público insta así a las Cámaras a tomar cartas en el asunto e introducir “un nuevo tipo penal que castigue sin más la tenencia o el transporte de gasolina” cuando se incumplen los “requisitos administrativos”.

Fuentes jurídicas destacan que se podría modificar la legislación para castigar a los petaqueros por el delito de estragos, ya que su conducta supone un riesgo en sí mismo al mover un material inflamable sin control, en coches o furgonetas, y conservarlo en almacenes y viviendas —denominadas “guarderías” en su argot—. Otra opción pasa por cambiar la ley para incluirlo dentro del delito de tenencia ilícita de armas, municiones y explosivos, teniendo en cuenta la capacidad inflamable e incendiaria del combustible.

La propuesta de la Fiscalía española sigue así el camino marcado por Gibraltar —como ya ocurrió con las narcolanchas (el Peñón las prohibió mucho antes de que España lo hiciera en 2018)—. El Gobierno llanito impulsó en 2021 una modificación de la Ley del Petróleo para endurecer la normativa sobre el transporte y acumulación de gasolina, que contempla penas de cárcel que alcanzan los 10 años o, incluso, la cadena perpetua (si se registran muertos o lesionados graves). Su objetivo era claro: frenar “el creciente número de personas halladas en posesión de bidones de gasolina” y, además, evitar el “peligro” que supone la acumulación de este tipo de suministro. Conscientes de que los petaqueros trabajan para el narco, el Ejecutivo británico temía que su descontrol acabara provocando una “explosión” con víctimas mortales. Ese miedo es el mismo al otro lado de la verja.

“Con las narcolanchas ha ido bien”, subraya Villagómez, en referencia al cambio legislativo de 2018. La representante de la Fiscalía recuerda cómo los traficantes llegaban antes a recuperar incluso algunas embarcaciones interceptadas que salían a subasta. Ahora se destruyen. Pero ¿qué ocurre con los miles de litros de gasolina aprehendidos? El jefe policial de Sanlúcar indica que, cuando no hay otro delito asociado que permita perseguir al dueño, se le ofrece que pase por comisaría con la documentación que justifica el traslado del líquido inflamable y así pueda recuperar su cargamento. “Ninguno lo hace, claro está”, ironiza José Martín, que admite los problemas de almacenamiento que eso les genera. Al “no tener trazabilidad” es difícil reutilizarlo, apostilla Villagómez.