Cerco judicial a la reina de la cocaína en la Costa del Sol

A la colombiana María Teresa J. C. le gustan las exclusivas tiendas de Puerto Banús (Marbella, Málaga), los restaurantes de alta cocina, los hoteles de lujo y las mejores fiestas privadas. Las celebraba en su propia casa, Villa Elaumar, una enorme mansión de 1.790 metros cuadrados situada en la ciudad marbellí cuyo valor ronda los dos millones de euros. Los investigadores de la Costa del Sol la tenían en el radar desde hace más de una década después de que su primer marido, Michel Curtet, cayera en Portugal en 2005 con 6.100 kilos de cocaína. Pero hasta septiembre pasado la Policía Nacional no consiguió detenerla, después de una larga investigación y encontrar en su villa un kilo de cocaína, prácticamente pura, que servía de muestra en las intermediaciones que presuntamente ejercía con distintas bandas formadas por daneses, polacos y españoles. Ahora el fiscal pide 10 años de prisión para la colombiana —nacida en 1973, con cuatro hijos y una nieta— por un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal, según el escrito de acusación. En el mismo caso hay otras nueve personas acusadas para los que se solicita entre cinco y ocho años y medio de cárcel. Todos están en prisión provisional.

Fue la oficina antiestupefacientes francesa la que en el año 2020 informó de la existencia en la Costa del Sol de un grupo de personas de Colombia y España con contactos con ciudadanos polacos asentados en Marbella y otros de procedencia danesa que residían en Barcelona cuyo objetivo era introducir droga en el norte y el este de Europa. La información fue procesada por los agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) que trabaja en el litoral malagueño, quienes se centraron en la figura de María Teresa J. C., y a la que ya se había investigado con anterioridad porque su entorno siempre estuvo relacionado con el tráfico de drogas. Ella nunca había caído, pero sí lo había hecho su exmarido, Curtet, también implicado en el caso Ballena Blanca; como también su más reciente pareja, un danés condenado a diez años de prisión en Dinamarca por narcotráfico y que ahora está en paradero desconocido. Ella, amante del crossfit y a la que se apoda La Modelo por su aspecto físico, siempre había salido indemne de la labor policial. Sabía lo que hacía y se llegó a pensar que era una confidente de la Administración de Control de Drogas (DEA) norteamericana. “Hay pocas mujeres con tanto poder. Este es un mundo habitualmente de hombres”, contó a EL PAÍS un agente que participó en la investigación el año pasado, quien destaca que La Modelo tenía incluso un entrenador personal.

Los agentes la siguieron. Descubrieron que, “sin actividad laboral acreditada”, llevaba una vida de lujo y residía en una villa en la exclusiva urbanización Valdeolletas —cuya titularidad recae en una sociedad panameña— con un valor catastral por encima del millón de euros (que el portal inmobiliario Idealista duplica). Tiene dos piscinas, 3.000 metros de jardines, jacuzzi y otros muchos lujos más. “Es como la casa de un narco mexicano que se ven en la televisión”, aseguran fuentes de la investigación, que recuerdan que años antes, en ese mismo inmueble, explotó un artefacto explosivo dentro de una guerra de mafias francesas.

Contactos internacionales

La policía descubrió que la colombiana tenía fuertes vínculos con dos personas de Polonia a las que no se ha podido localizar —tienen activa una orden de búsqueda internacional— y, según relata la fiscalía, se reunió con otros tres ciudadanos polacos que, supuestamente, se dedican al tráfico de marihuana. De manera paralela, la principal acusada en este caso también tenía contacto con un danés residente en Barcelona —que se sospecha quería llevar droga hasta su país— y tres españoles residentes en Murcia y Alicante. Ellos viajaban con frecuencia a Marbella para verla y “estarían incursos en el aprovisionamiento de sustancia estupefaciente”, según la acusación fiscal, que subraya que buscaban introducir hachís y cocaína en esas provincias.

Los seguimientos policiales permitieron observar “transportes y maniobras anómalas” de varios vehículos que viajaron entre la localidad de Osuna (Sevilla) y Coín (Málaga) conducidos por miembros del grupo polaco de la investigación, algunos alquilados mediante documentación falsa. Todo apuntaba al tráfico de drogas y cuando los agentes, el 1 de febrero de 2022, entraron a la finca malagueña donde encontraron 138 kilos de marihuana valorados en algo más de 265.000 euros. Ese mismo día se detuvo a uno de sus compatriotas en Rincón de la Victoria (Málaga) y a otros dos en la autovía A-7 cerca de la capital malagueña mientras transportaban 45,4 kilos de la misma sustancia estupefaciente en una furgoneta Renault Kangoo.

Todos los indicios recabados sobre los acusados apuntaban en una misma dirección: María Teresa J. C. que presuntamente ejercía de enlace para traerla desde Marruecos y Colombia. Era la que mejor calidad de vida tenía de todos los acusados. En plena madrugada del 20 de septiembre del año pasado un grupo de agentes del GRECO entraron a Villa Elaumar, donde encontraron —y arrestaron— a la colombiana, que en ese momento tenía la compañía de su pareja —que portaba documentos falsos— y otros familiares a los que la investigación desliga de las actividades ilícitas. En uno de sus armarios se encontró un ladrillo de cocaína con peso cercano al kilo, una pureza de casi el 81% y un valor superior a los 100.000 euros. Tenía el anagrama de Rolls-Royce y una esquina con un pequeño bocado. “Se cree que era la que daba a probar a sus clientes antes de formalizar las operaciones”, explican fuentes de la investigación, que subrayan que ese hallazgo ha sido clave para que la mujer acabase en prisión. “Es la primera vez que se le consigue detener”, celebran fuentes de la fiscalía. Ese mismo día, también a primera hora, se ejecutaron nuevas detenciones una en una casa de Alhaurín de la Torre —en el registro se halló una pistola Glock de nueve milímetros— y en dos más de Los Alcázares (Murcia) y Orihuela (Alicante), donde residían los españoles que se habían reunido en varias ocasiones, en Marbella, con La Modelo. En sus domicilios tenían pequeñas cantidades de droga.

Como resultado de todo ello, la Fiscalía ha solicitado 10 años de prisión a María Teresa J. C. por dos delitos: ocho años por tráfico de drogas y dos más por pertenencia a grupo criminal. Es la pena más alta del caso, ya que para el resto de acusados pide penas que varían entre los cinco y los ocho años y medio de cárcel, algunos por los mismos delitos y otros por los de tenencia ilícita de armas de fuego o utilización de documentos públicos falsos. En el juicio, aún sin fecha, está previsto que testifiquen una treintena de agentes policiales