Feijóo no cuadra las cuentas: socialdemócrata en gasto, oda a Laffer en impuestos

Feijóo ha hecho de su investidura fallida una suerte de moción de censura previa contra un Pedro Sánchez que aún no ha recibido el encargo del Rey para tratar de forjar una mayoría. Y el líder del PP cargó el martes desde el primer minuto contra una amnistía que está llamada a ser —muy muy pronto— piedra basal de esa mayoría, pero que de momento no está sobre la mesa. Después de un mal discurso de investidura vimos a un buen Feijoo, con retranca, con ironía; tiene pinta de que va a ser un buen jefe de oposición, tiene tablas.

Usó el lenguaje hiperbólico habitual, cargado de moralinas y más preocupado por la dignidad, los principios y las esdrújulas finiseculares que por desplegar el lenguaje político que cabe esperar desde la tribuna del Congreso. Feijóo repitió una y otra vez la falacia parlamentaria de la lista más votada y el yo-sería-presidente-si-quisiera, a sabiendas de que en el camino hacia La Moncloa es imprescindible armar una coalición con 176 escaños que se ha cegado él mismo con el pacto con Vox, tal vez el mayor error del PP desde la guerra de Irak de 2003 y la explicación aznarista tras los atentados del 11-M, el año siguiente. Pero hay una tercera pata de ese discurso menos analizada, porque él mismo ha dado más importancia a sus invectivas contra Sánchez y la futura amnistía, con la que trazó las líneas maestras de su programa de Gobierno: la política económica, la política social y el encaje territorial. Aquí van algunos apuntes a vuelapluma sobre lo que debió ser el meollo de su discurso de investidura si de veras hubiera sido un discurso de investidura, y no una moción de censura camuflada.

Derogar el sanchismo… salvo algunas cosas. Feijóo vaticinaba hace poco más de un año una crisis económica apocalíptica. Pero los datos son tozudos: España ha capeado relativamente bien el shock de la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, aunque arrastra problemas fiscales y sigue teniendo el desempleo más elevado del Atlántico Norte. Pero ha sobrevivido a ese anunciado fin del mundo con los ERTE, quizá la mayor innovación de política económica en décadas, con la reforma laboral y el resto de las reformas y, cómo no, con el maná de los fondos europeos, sobre los que Feijóo volvió a sembrar dudas sin ninguna prueba, tal y como ha hecho el PP en Bruselas en una forma de oposición que no se da en ningún otro país europeo. El candidato del PP había prometido derogar el sanchismo, pero, a juzgar por su intervención, eso no pasa por la política económica y social. El PP dejaría intacto el impuesto a la banca, que criticó en su día. Ampliaría incluso el denominado escudo social, con un gasto adicional de unos 6.000 millones para las familias más vulnerables, por ejemplo, y con un sorprendente incremento del salario mínimo interprofesional, algo que sus terminales criticaron con suma dureza en su día y que, desde luego, nunca hizo el PP en el Gobierno. No hizo ni una sola referencia a las pensiones que pudiera hacer saltar las alarmas, por cierto. Y sí hubo un llamamiento a la mejora de la cobertura del ingreso mínimo vital y a mantener las ayudas actuales para hacer frente a la inflación, que el Gobierno en funciones tiene previsto retirar antes de fin de año. En el capítulo de gasto, en fin, su propuesta es un mantel de Flandes recién planchado con varios guiños abiertamente socialdemócratas. ¿Cómo se financia eso? Pasen y vean.

Oda a Laffer. En la parte de los impuestos, los populares vuelven a sus particulares tablas de la ley. El PP prometió rebajas de impuestos en la campaña de 2011, con la economía en caída libre; en la campaña de 2015, pese a que Rajoy tuvo que ponerle por carta lo contrario a la Comisión Europea; en 2019, con la economía creciendo al 3%, y lo sigue proponiendo ahora, pese a que el propio Feijóo advirtió que la vuelta de las reglas fiscales europeas hace imposibles las alegrías por ese flanco. Y aun así se apuntó al ejercicio de soplar y sorber a la vez. Prometió rebajas de las cotizaciones sociales. Anunció impuestos cero en la España rural. Y una rebaja del IRPF para las rentas de menos de 40.000 euros, y una rebaja del IVA para los alimentos, y una retahíla de desgravaciones fiscales, además de la consabida reducción del Impuesto de Patrimonio, mascarón de proa del conservadurismo fiscal a pesar de los discursos sobre la igualdad en otros ámbitos. España tiene una presión fiscal inferior a la media europea. Un déficit estructural del 4% del PIB, y una deuda del 110% del PIB que aconsejan prudencia. Y un claro llamamiento de Bruselas y todos los organismos internacionales a evitar las rebajas impositivas en el contexto actual: hay que ahorrar. Salvo que uno crea que bajando los impuestos aumenta la recaudación, España no puede permitirse esas medidas. Uno de los gurús de Aznar, Arthur Laffer, demostró que eso es posible en una servilleta de cóctel. Aznar puso en práctica esa idea, pero a lomos de una burbuja inmobiliaria salvaje, que acabó explotándonos en las narices y provocando el rescate europeo. Una miríada de estudios académicos —encabezados por un FMI que no es precisamente marxista leninista— demuestran que eso es un disparate, pero el PP sigue esbozando ese planteamiento en todos sus programas electorales. (Cuando gobierna es otra cosa: Rajoy aprobó en 2011 la mayor subida de impuestos de la democracia, pero esa es otra historia.)

Guiños a Vox y encaje territorial. En ese discurso económico hubo varios guiños a Vox, al igual que en las políticas de género y en las referencias ambiguas ―la ambigüedad es una de las señas de identidad de todo ese discurso— a las políticas medioambientales. Feijóo ha naturalizado en sus recientes discursos los continuos agradecimientos a la ultraderecha de Vox, y cuidó mucho su puesta en escena como jefe de un bloque reconocible por toda la derecha: aspira a acabar deglutiendo al partido de Santiago Abascal, algo parecido a lo que intenta hacer el Partido Popular Europeo de Manfred Weber con ultras como Giorgia Meloni. En cuanto al encaje territorial, seguimos sin oír las propuestas de Feijóo sobre lo que acontece en Cataluña, pese a que en una entrevista con este diario explicó que ese ha sido uno de los agujeros de su partido. En su discurso de investidura se limitó a medidas de carácter punitivo: una reforma del Código Penal para tipificar como delito la “deslealtad constitucional”, sin concretar mucho más, y mayores penas por malversación (ni una palabra, por cierto, sobre recuperar la sedición). Tampoco aludió a la posibilidad de revertir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso; eso ha venido para quedarse. “En Cataluña hemos tenido unos muy malos resultados. Es muy difícil gobernar España si el PP no sube en Cataluña”, dijo Feijóo hace algo más de un año en la citada entrevista. Para eso puede que haga falta algo más que esa aproximación punitivista.