El Tribunal Constitucional admite a trámite todos los recursos presentados contra la ley de vivienda

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes los recursos de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, también conocida como la ley de vivienda. El órgano de garantías ha agrupado el recurso del PP, presentado por 50 de sus diputados del Congreso; el del Parlament de Cataluña y los de los gobiernos autonómicos de Andalucía, Islas Baleares y Madrid. La unión pretende favorecer un estudio conjunto para después elaborar una doctrina común que dé coherencia a las distintas resoluciones que se dicten en el futuro. Cada una de las impugnaciones sin embargo, tendrá una sentencia individualizada.

El recurso de inconstitucionalidad del PP, por ejemplo, plantea la posible vulneración del derecho de propiedad, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la autonomía local, en una línea similar a la de las impugnaciones de los gobiernos de las citadas Comunidades Autónomas, que también defienden sus competencias en la materia. El Parlament de Cataluña, a su vez, pone el acento en este punto, en que la ley recurrida podría ser contraria al régimen de distribución de competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

La ley de vivienda fue aprobada por el Congreso el pasado abril por 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención. Votaron a favor el PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, PRC y Teruel Existe. BNG se abstuvo, y ya entonces consideró que el texto legislativo incurría en invasión de competencias de las comunidades autónomas. Se opusieron a la ley el PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, así como el el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, que también incidieron en la invasión competencial como principal defecto de la ley.

La admisión a trámite de los recursos presentados contra la ley de vivienda se produce tras unos meses marcados por la intensa polémica sobre la utilidad de las normas aprobadas para facilitar el acceso a la vivienda, contener los precios de los alquileres y evitar la ocupación ilegal. Al poco de ser aprobada la ley, la secretaria de vivienda del PP, Ana María Zurita, manifestó ―en una jornada organizada por Esade― que era necesario derogar la nueva norma, porque es “dañina” y “cancerígena”. Zurita añadió que el texto aprobado era casi un “panfleto” ideológico que genera inseguridad jurídica e invade competencias autonómicas y perjudica a los propietarios de viviendas.

ERC y Bildu defendieron en el Congreso los acuerdos a los que se llegó para la aprobación de la ley y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra, presentaron el texto. Esta última manifestó que hasta ese momento la vivienda en España se había convertido sencillamente en un “gran negocio” apoyado en el “consenso del pelotazo” y la “especulación”. La ministra de Transportes, a su vez, expuso que la ley persigue “fomentar la cohesión social, buscar la equidad y garantizar el derecho del acceso a la vivienda”. Sánchez añadió que la nueva normativa era precisa para cambiar un mercado “demasiado propenso a generar fenómenos de especulación y ciego ante las barreras para el acceso a la vivienda de amplios sectores”.

A la vista de estos precedentes, fuentes del propio Constitucional admiten que el tribunal afronta ahora, al admitir a trámite los recursos presentados, el reto de pacificar un debate, el del acceso a la vivienda, que en sede política puso de relieve la existencia de posiciones irreconciliables. Tras la admisión a trámite se pedirán alegaciones a las partes y se designará ahora un ponente para cada una de las impugnaciones presentadas.