Sánchez incluye la pieza catalana en un acuerdo de país

La vida política, institucional, económica y social de España está bloqueada por la crisis histórica con el nacionalismo y el independentismo catalán. La machacona realidad, tras los comicios del 23 de julio, gira en torno a si habrá amnistía para procesados e investigados independentistas catalanes y si se abordará el derecho de autodeterminación. Pedro Sánchez quiere dar un giro al discurso y a la acción política imperante, si recibe el encargo del jefe del Estado de intentar la investidura, una vez que fracase la del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, sentenciado ahora y desde la noche electoral.

Los socialistas, con el concurso de Sumar, aparentemente separados, pero con el mismo objetivo, han introducido una variable para intentar salir de la burbuja que marcan los independentistas y, singularmente, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado en Waterloo y encargado de señalar con el pulgar si da el sí a Pedro Sánchez. El reto del líder del PSOE, en paralelo con el que lleva a cabo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es el de convencer de que la conciliación con el independentismo es una pieza importante —pero no única— del proyecto que quiere construir para España, como país adelantado dentro de la Unión Europea. No hay detalles, salvo que Pedro Sánchez quiere construir un consenso de país “con las fuerzas políticas, sociales y cívicas”. A todos convocará.

Puede ya exceptuarse del acuerdo al PP. Pero el socialista sí confía en recabar el apoyo de los agentes sociales. La primera señal de esto la lanzó Pedro Sánchez el viernes en la sede de la CEOE, donde invocó las intenciones de la Europa comunitaria, de desarrollo y reindustrialización, con la vocación de España de ser un actor protagonista. En ese marco se apreciaron los esfuerzos de Sánchez y del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, por mostrarse afabilidad mutua después de largos meses de desencuentros ásperos. Esta fue la primera vez en la que el presidente del Gobierno en funciones trataba de desbordar el discurso del independentismo, empeñado en marcarle reglas, condiciones y obligaciones a cambio de sus votos para la investidura.

Algo tendrán que decir los agentes sociales y entidades con peso e influencia social, o eso pretende el líder socialista. El día anterior, la vicepresidenta segunda acudía a la celebración de la Diada de Cataluña en Madrid, que coincide con la llegada del nuevo delegado de la Generalitat en la capital, Joan Capdevila, que sustituye a Ester Capella, nombrada consejera de Territorio. Todos de ERC, en consonancia con el Gobierno monocolor que preside Pere Aragonés. Al acto no acudió ningún representante de Junts, a pesar de que se cursaron numerosas invitaciones a parlamentarios del partido de Puigdemont. Tampoco ningún ministro socialista. Sí diputados del PSC, y la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua.

La vicepresidenta segunda, líder de Sumar, tuvo todas las atenciones del nuevo delegado, aunque ambos quisieron dejar claro que su relación cordial viene de antiguo. La conversación informal con Díaz sobre la forma y el fondo de articular una amnistía no tuvo concreción, pero sí deslizó la novedad de que lo que pueda surgir saldrá de un acuerdo “político y social”, previo a cualquier ley. Con sigilo, ya se está trabajando. Esa expresión, en voz de la ministra de Trabajo, conducía inexorablemente a empresarios y sindicatos, aunque al día siguiente Pedro Sánchez lo amplió a “la sociedad civil”.

Sánchez tiene en mente un “proyecto de largo alcance”, económico y social, pero también “conciliador” y “de convivencia”, y ajustado “a la letra y al espíritu de la Constitución”. Todo sin desarrollar.

No son las voces discrepantes del PSOE lo que más preocupa a Sánchez y su equipo, al menos de momento. Preocupa más lo que pueda hacer Carles Puigdemont. El eurodiputado independentista recibe opiniones que le piden flexibilidad en las exigencias y en los plazos, actitud en la que se mantiene ERC, aunque con dureza creciente. Exige amnistía, en la que se le incluya y en plazos rápidos, además de un compromiso sobre la autodeterminación. El martes se debate en el Congreso el cambio de su reglamento para incluir el uso de lenguas cooficiales. En los discursos de los grupos independentistas se apreciará que ese hipotético acuerdo no está aún ni en fase preliminar. Todo serán exigencias sin contemplaciones.