Actores discrepantes, unidos para evitar elecciones

Pocas veces habrá habido en las últimas décadas tantos encargos a juristas para buscar la fórmula para una eventual ley como la que pretende dejar sin sanción penal determinados hechos aún por juzgar derivados del llamado procés, se la bautice ley de amnistía o reciba otro nombre. Estos estudios jurídicos avanzan por separado al tener distintos patrocinadores. En ese afán están la parte socialista del Gobierno en funciones de España; el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, con el sello exclusivo de ERC; y, por su parte, el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, al frente de Junts per Catalunya sin necesidad de ostentar cargo alguno.

El primero, el PSOE ―también Sumar, pero con otros parámetros―, que es quien más lento se mueve para no tocar terreno jurídicamente vedado y susceptible de resultar inconstitucional. No será fácil. En el contexto político actual, no obstante, muchos actores trabajan con verdadero ahínco para avanzar en esa ley o en sus líneas esenciales con el objetivo inmediato de que Pedro Sánchez pueda ser elegido presidente del Gobierno entre octubre y noviembre, y evitar así nuevas elecciones. Nadie las quiere, salvo el PP, como mal menor.

El camino está plagado de obstáculos y actitudes de nuevo cuño, como la de Puigdemont erigiéndose interlocutor por excelencia del Gobierno central, con capacidad de poner las condiciones para la investidura de Sánchez. ERC, representado por el president, Pere Aragonés, no lo va a consentir. La negociación la lleva su Gobierno, avisa Aragonés a Puigdemont. Este 11 de septiembre será el punto de inflexión en el que ERC haga valer su trayectoria y sus logros negociadores.

“Bienvenido Junts al terreno en el que nosotros estamos hace mucho tiempo”. Expresiones de este tenor se suceden, singularmente, desde que Puigdemont ha tomado un inesperado protagonismo, y no solo por la entrevista con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. La vicepresidenta, con su equipo de juristas nacido al calor de su proyecto Sumar, mantendrá su actividad de diálogo con el independentismo pese a las críticas que ha suscitado en la parte socialista del Gobierno en funciones.

Al final, el trayecto por separado debe converger en un nuevo Gobierno de coalición y en la no repetición de elecciones, explican en Sumar. De manera implícita se da a entender que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, no le ha reprochado su encuentro con Puigdemont. Esa reunión ha ido en paralelo a la voluntad del PP —parece que ya truncada— de reunirse con el partido de Puigdemont para explorar vías de dialogo sobre la investidura a la presidencia del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Nadie niega en el entorno del presidente del PP que ha habido intercambio de mensajes con el partido de Puigdemont. No llegarán a nada, pero es reseñable que el eurodiputado, prófugo de la justicia española en Bélgica desde hace seis años, en su alocución del martes pasado en una sala del Parlamento Europeo se dirigía indistintamente al PP y al PSOE, como los dos únicos partidos que pueden estar al frente del “Estado español”.

Un Puigdemont negociador que remueve a ERC por cuanto que esta fuerza política se ve impelida a defender la mayor parte de la agenda de Junts, incluida la exoneración penal de Puigdemont, pero no puede permitir que este le arrebate los frutos de su trabajo. “Cuando Junts viene al terreno de la negociación nosotros ya estábamos y estamos; al final, nos han dado la razón”. Estas consideraciones de interlocutores de primera línea de ERC recuerdan todas las negociaciones con el Gobierno de Sánchez. La de los indultos, la más trascendente. El Consejo de Ministros acordó la medida de gracia para nueve condenados del procés. Los negociadores por parte del independentismo fueron los republicanos.

Ante el avance en el independentismo del protagonismo de Puigdemont, los republicanos van a multiplicar su presencia y a alzar la voz, como ya se ha apreciado en los prolegómenos de la Diada. El presidente catalán se ha puesto en primera línea para la negociación sobre la amnistía. Si hay quien quiera participar en el desarrollo posterior para acuerdos concretos, ahí se abrirá el círculo. No olvidan en ERC que todo fue desdén cuando empezaron las conversaciones en una mesa con el Gobierno central. La negociación sobre “la desjudicialización” del conflicto está en las agendas de Junts y de ERC, del PSOE y de Sumar.

Los republicanos, sin embargo, van a mantener abiertas, al mismo tiempo, las carpetas económicas en las que trabajan desde el primer momento. Este miércoles la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se reunirá con la recién nombrada consellera de Territorio, Ester Capella, antes delegada en Madrid del Govern. Esta jurista lleva en cartera un bloque de asuntos pendientes que tratará de sacar adelante. De esa actitud parte igualmente la ministra de Transportes, también catalana.

En esa reunión, al menos formalmente, no se tratará el camino hasta llegar a una ley de amnistía, pero es en lo que están sus respectivos gobiernos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es el interlocutor del Gobierno para estas negociaciones en las que tiene como principio rector preservar al 100% la constitucionalidad de la medida que pueda plasmarse en una proposición de ley, sin garantías desde Madrid de que pueda estar antes de la investidura de Sánchez. Puigdemont lo exige; Aragonés la quiere, al menos, encauzada, y, como han hecho hasta ahora, seguirán en el desbroce del camino, al que ahora se quiere incorporar el expresidente prófugo. A todos les une hacer lo imposible para que 2024 no empiece con nuevas elecciones.