Todas las autonomías levantan la mano ante el debate territorial

El debate del ser de España como nación parecía abocado, como es tradición centenaria por no ir más atrás, a que lo suscitaran los partidos políticos de Cataluña como trasunto esencial de la negociación para la eventual investidura del socialista Pedro Sánchez. Pero ha sido el PNV el que se ha adelantado a plantearlo, con apariencia formal de propuesta aislada de las negociaciones para hacer o no presidente del Gobierno al líder del PSOE. La historia también sostiene el protagonismo de los nacionalistas vascos, junto a gallegos y catalanes de orientación liberal y centrista, en la reivindicación de autogobierno. A cualquier cambio, se apuntarán la mayoría de las comunidades autónomas que no son Cataluña. País Vasco o Galicia. Todas, vigilantes, levantarán la mano, avisan. El PSOE, con un consolidado arsenal teórico, acumulado a lo largo de una decena de años, pone como marco las reglas de la Constitución, y es consciente de las dificultades jurídicas que entraña la declaración de intenciones del lehendakari Iñigo Urkullu, sin precisar, pero con la premisa de que no es necesario cambiar la Ley Fundamental. Para las comunidades no nacionalistas, la mayoría ahora gobernadas por el PP, el equilibrio y el respeto a la igualdad pasa necesariamente por los recursos económicos; por la renovación del modelo de financiación, caducado desde hace una década. Los interlocutores consultados sostienen con firmeza que no ha habido pacto previo entre nacionalistas vascos y catalanes, aunque, indirectamente, la propuesta del presidente vasco pueda servir de plataforma de negociación para Junts, ERC y el PSOE. Por separado.

No solo las razones históricas, las de identidad y lengua propia pueden ser el motor que mueva a las comunidades autónomas a ahondar en su singularidad con cambios normativos. La propuesta del lehendakari Urkullu, expresada el 31 de agosto en un artículo en El PAÍS, ha añadido un matiz nuevo a la agenda negociadora de los socialistas y sus socios de Sumar. Pero, además, ha puesto en alerta al resto de las comunidades, en absoluto dispuestas a que ninguna otra pueda sacar ventajas. La comunidad valenciana estará en primera fila en cualquier negociación autonómica y Andalucía hará lo propio. En la primera, el expresidente, Ximo Puig, socialista, recordó que la Comunidad Valenciana está a la espera de mejoras imprescindibles; su sucesor, el popular, Carlos Mazón, con lenguaje más cauteloso, exigirá estar en cualquier negociación, así como Andalucía, con su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, a la cabeza. El socialista, Emiliano García-Page, de nuevo presidente de Castilla-La Mancha, mantiene la prudencia hasta conocer qué puede dar de sí la propuesta de Urkullu, y con él todo el PNV, de explorar la figura anglosajona de una convención constitucional para llegar a un aumento sustancial del autogobierno vasco, de Cataluña y de Galicia, por ser comunidades con singularidades políticas reconocidas previas a la Constitución de 1978, “y en su caso, Navarra”. Urkullu no se ciñe solo a estas tres comunidades, hermanadas con distintos fines en Galeusca, acrónimo de Galicia, País Vasco y Cataluña, en esporádicas etapas históricas, la primera en 1923, sino en el conjunto. Autogobierno para las históricas, dentro de un modelo plurinacional, o federal, que incumbirá a todas.

En el actual contexto de enfrentamiento sin tregua entre los dos partidos nacionales mayoritarios, PSOE y PP, marcar el objetivo de que, si no hay repetición electoral, esta será “la legislatura territorial”, es muy arriesgado. Sin tapujos es la propuesta de la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que traza esa línea de trabajo junto a la del avance en políticas sociales. Aun así, y sin despojar de dudas profundas, las posibilidades de una negociación territorial sin el acuerdo nacional del PP y del PSOE, la voz de los presidentes autonómicos es esencial, y, para algunos interlocutores territoriales estará por encima de la del líder nacional. Los interlocutores consultados de distintos territorios avalan la relevancia de los jefes de gobierno autonómicos, en general, y mucho más si el líder nacional no es presidente del Gobierno de España, sino jefe de la oposición. Esta realidad no le es ajena al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, precisamente por haber sido presidente de Galicia durante tres legislaturas y haber desempeñado con plenitud su autonomía política sin ataduras de la dirección nacional de su partido. Su sucesor en la presidencia de Galicia, Alfonso Rueda, no será remiso a afrontar el debate de mayor autogobierno para esta comunidad. Si se plantea o no una mesa de negociación sobre el modelo autonómico, la voz de los presidentes autonómicos, y de sus líderes en la oposición, singularmente del PSOE, estará muy presente. Sus principales dirigentes serán compañeros de escaño en el Senado. El valenciano, Ximo Puig; el extremeño Guillermo Fernández-Vara, vicepresidente segundo de la Cámara alta; el aragonés, Javier Lambán y la riojana, Concha Andreu, presidentes socialistas de sus comunidades hasta hace unas semanas, serán actores esenciales si toma cuerpo el diálogo sobre si la España autonómica adquiere otra dimensión competencial y de relación con la Administración central. Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños, tampoco quiere ser ajeno a este debate y, como el resto de barones territoriales, simultaneará su actividad en parlamento autonómico, la Asamblea de Madrid, con la de senador por su comunidad.

No hay concertación aún dentro del PSOE, ni tampoco con el PNV, como no la ha habido entre el partido vasco y Junts per Catalunya, afines ideológicamente en muchas etapas anteriores y ahora en franca lejanía. Esa distancia no ha impedido que objetivamente Urkullu haya contribuido con su construcción teórica a que el PSOE no solo hable con ellos de autogobierno, sino también con el partido de Carles Puigdemont. No se despejan, sin embargo, las muchas dudas y cautelas legales. En el Gobierno, no obstante, tienen la certeza de que la opinión pública no les da la espalda por intentar llegar a un pacto de gobierno con Sumar y con los nacionalistas. En el estudio de 40dB. para EL PAÍS y la SER de este lunes se refleja que una mayoría aprueba esa opción de gobierno, así como el reconocimiento de la diversidad de España. Y no solo entre el electorado progresista.