Urkullu pide un pacto territorial para reinterpretar la Constitución

El lehendakari Íñigo Urkullu, del PNV, cree que ha llegado el momento de afrontar una “interpretación” de la Constitución de 1978, sin necesidad de reformarla, para avanzar hacia una “España plurinacional” que amplíe el autogobierno del País Vasco, pero también el de Galicia y Cataluña, y que reconozca a estos territorios la “capacidad de decidir”, todo ello de forma pactada con el Estado. Para ello, propone convocar en el plazo de un año una “convención constitucional” bilateral cuyo objetivo sería explorar una “actualización” del modelo territorial, desde la lealtad de las dos partes. El dirigente vasco aboga así, en un artículo de opinión que publica hoy EL PAÍS, por contribuir de “una forma flexible y creativa” a aportar “una salida a la actual encrucijada política”. Lo hace en plena ronda de contactos del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con distintos partidos, incluido el PNV, para intentar su investidura los próximos 26 y 27 de septiembre. Y cuando el líder del PSOE, Pedro Sánchez, está también negociando de forma discreta su propia investidura.

El lehendakari lleva destilando sus ideas sobre la necesidad de afrontar una revisión del alcance de la Constitución de 1978 desde hace años, así como su interés por discutir la posibilidad de que en España puedan coexistir varias naciones o nacionalidades. Esas tesis las ha defendido desde 2018 en ámbitos públicos y más privados, como el Foro Puente Aéreo, conformado por más de una veintena de los grandes empresarios del Ibex 35, o la ha expuesto en alguna conferencia, en la que desgranó su proyecto de convivencia y de pactos pero no de ruptura con el Estado. Esa posición es la que detalla hoy en un artículo de opinión en EL PAÍS titulado: Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado, si hay voluntad es posible el acuerdo.

Urkullu define su posición sobre una España plurinacional como una “nación foral”, una “unión voluntaria”, un modelo de “federalización asimétrica” y de “bilateralidad efectiva”, con un “horizonte confederal del Estado”, pero siempre con garantías de cumplimiento de lo acordado.

El presidente vasco constata que la Constitución de 1978 intentó abrir un camino más participativo para las autonomías, pero considera que 45 años después se han registrado variados intentos de involución o de armonización, como la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa), “que promovió el café para todos igualando por abajo para recortar por arriba”, o las leyes de bases y las cláusulas horizontales para lo que llama invasión de competencias de las comunidades autónomas, con la proliferación de las comisiones sectoriales y otros foros autonómicos. Urkullu denuncia ahí la “actitud comprensiva” del Tribunal Constitucional, y critica que en el mismo no tengan representación directa las autonomías.

En ese contexto, el lehendakari reseña que los cambios esperados desde 1978 se quedaron en una “descentralización política y administrativa”, pero no fueron más allá, porque “no se descentralizó el poder judicial, no se quiso hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial y se diseñó un Tribunal Constitucional como árbitro entre el Estado central y las comunidades”.

Urkullu, que reivindica los postulados defendidos desde hace 90 años por los promotores de Galeuzka, una institución no oficial de hermandad entre algunos representantes de los pueblos gallego, vasco y catalán, defiende un proyecto “que no se le puede imponer al Estado”. Y en esa línea posibilista aclara: “En esto consiste la bilateralidad: las dos partes deben estar de acuerdo y han de actuar con un compromiso de lealtad recíproca. No queremos imponer nada a nadie, tampoco podemos aceptar que se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad”.

“Ahora se abre una nueva oportunidad y puede ser el momento de dar nuevos pasos”, dice el lehendakari. Y añade: “Debemos ser capaces de encontrar los mimbres constitucionales y legales pertinentes para dar forma jurídica a un nuevo pacto, utilizando la vía de la actualización de los derechos históricos, tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución”. Así, propone crear la figura de la “convención constitucional”, remarcando que “no se trataría de una convención constitucional general, sino de una convención limitada o específica para actualizar la interpretación acordada de una parte de su contenido”. “Una convención constitucional para pactar una interpretación sobre aquello que la Constitución de 1978 no ha resuelto bien en relación con la cuestión territorial. No sería una fórmula mágica ni un camino expedito, pero podría abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro”, insiste.

Según su plan, ambas partes —se entiende que el Estado y el Gobierno vasco— deberían firmar primero un acuerdo de bases “incluyendo principios como el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”. Y luego, en un plazo de un año, se constituiría la convención constitucional para analizar “el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución”, “el autogobierno de las comunidades de raíz foral” y “el autogobierno de las nacionalidades históricas”.

Urkullu no precisa en su artículo para EL PAÍS ni dónde se organizarían esas sesiones de trabajo de la convención constitucional ni quiénes participarían en las mismas. Esos aspectos quedan abiertos. También se muestra dispuesto a ampliar la agenda de cuestiones a tratar si se entiende necesario. Lo que sí indica el lehendakari es que para montar esa convención y aprobar las medidas necesarias no sería, en su opinión, necesario modificar previamente la Constitución. Y considera que esta iniciativa podría suponer “un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado y en el desarrollo nacional del autogobierno de Euskadi y, en su caso, también de Navarra y el resto de comunidades históricas, aquellas que contaban con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978”.

Otro lehendakari del PNV, Juan José Ibarretxe, lanzó en 2003 su propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, que recogía el derecho de autodeterminación del pueblo vasco y proponía un estatus de “libre asociación con el Estado español”. El Congreso tumbó esa iniciativa en 2005, con los votos de PP y PSOE, entre otros.

Los cinco diputados del PNV podrían resultar básicos ahora para una hipotética investidura tanto de Feijóo como de Pedro Sánchez, pero la ejecutiva de la formación vasca ya ha descartado cualquier apoyo al PP si llega de la mano con Vox. El lehendakari mantuvo en la tarde de ayer una charla con el candidato popular a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, que lleva semanas presionando sin éxito para que el PNV le apoye. Urkullu no le comentó su plan de reforma territorial y se limitó a reafirmarle que no tiene problemas para reunirse con él en el futuro, pero siempre después del pleno de investidura y para hablar de otros asuntos, y le derivó para negociar cualquier apoyo al presidente del PNV, Andoni Ortuzar.