Justicia alega que la “situación política” ha impedido hacer ya efectiva la subida salarial de jueces y letrados

La firma de un acuerdo entre los Ministerios de Justicia y Hacienda y las asociaciones profesionales de letrados judiciales puso fin, el pasado 28 de marzo, a dos meses de huelga con la que ese cuerpo de funcionarios había protestado reclamando una subida salarial, que finalmente logró. Ese pacto dio pie luego a conflictos laborales entre el Gobierno y las otras dos patas de la Administración de Justicia, que se movilizaron reclamando beneficios similares: los jueces y fiscales, y los funcionarios. Salvo el de los funcionarios de base, el resto de cuerpos consiguió el compromiso de un aumento retributivo (de hasta 450 euros al mes). Pero esos pactos suscritos por el Gobierno están pendientes de ser aplicados, y el retraso en completar estos trámites amenaza con calentar las negociaciones de investidura del PSOE.

El adelanto electoral dejó en el aire la negociación con los funcionarios y disparó la tensión entre los que ya habían dado por cerrados sus conflictos, que reclaman que el Ejecutivo en funciones dé los pasos pendientes y ejecute lo pactado. El Gobierno admite que la “situación política” está demorando los trámites, aunque asegura que los acuerdos se van a cumplir. “Los acuerdos son totalmente vinculantes”, señalan fuentes del Ministerio de Justicia, que llaman a la “calma”. “El cumplimiento del de jueces y fiscales se prevé para octubre, pero lo más importante es que los acuerdos firmados, que tienen la rúbrica de Justicia y Función Pública, tienen efectos retroactivos a fecha de enero de 2023. Las subidas no corren ningún peligro”, insisten. Y añaden: “Somos, y la ministra en particular, los primeros interesados en que se formalicen, pero también somos conscientes de la situación política en la que estamos. Desde Justicia hemos hecho todo lo que está en nuestra mano”.

Los jueces y fiscales confían en que el Ejecutivo cumpla su palabra, pero las seis asociaciones que firmaron el pacto suscribieron la semana pasada un comunicado conjunto en el que reclaman su cumplimiento inmediato. “La incierta situación política actual no debe ser una excusa para cumplir el acuerdo sobre todo porque, según nos dicen, las asignaciones presupuestarias ya están listas”, subraya Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa de la carrera (la primera, la Asociación Profesional de la Magistratura no firmó el pacto).

La subida retributiva para jueces y fiscales tenía carácter inmediato y en octubre estaba previsto que se cobraran, con efectos retroactivos, las cantidades correspondientes a los primeros meses de 2023. Pero el primer incremento no ha llegado y el Ejecutivo no garantiza que el segundo llegue en plazo. Ambos están pendientes de un real decreto que debe pasar por el Consejo de Ministros, y tanto el ministerio como los jueces coinciden en que la Ley del Gobierno no impide aprobarlo con el Ejecutivo en funciones.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), de tendencia progresista y la tercera en representación, advierte también sobre otros aspectos del acuerdo que están pendientes, como la creación de grupos de trabajo entre el Ejecutivo y las asociaciones o la convocatoria de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales. Edmundo Rodríguez, portavoz de JJPD, califica de “aviso” la nota difundida por las seis asociaciones esta semana. “Entendemos que ha habido elecciones y que ha pasado el verano. Es comprensible, pero se podían hacer gestos que den a entender que hay voluntad de entendimiento. Hay que hacer ver que este acuerdo va a hacerse efectivo”, señala. Por ahora, las asociaciones no se plantean movilizaciones a corto plazo, pero no las descartan a medio. “No vamos a quedarnos con los brazos cruzados hasta que tengan a bien cumplir lo acordado”, advierte el portavoz de la AJFV.

“Vamos a presionar”

En el caso de los letrados, van a cumplirse seis meses desde que se cerró el acuerdo y los trabajadores no están recibiendo todavía la subida salarial que tenía que haberse hecho efectiva en la nómina de julio. Los representantes de los trabajadores se reunieron el pasado miércoles con el secretario general de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, y durante el encuentro, según fuentes de ambas partes, el ministerio esgrimió la coyuntura política para justificar el retraso. Las asociaciones profesionales ya han hecho un requerimiento formal, el primer paso para reclamar el cumplimiento del acuerdo por la vía judicial, y no descartan retomar las movilizaciones.

“Vamos a presionar en la medida de lo posible al Gobierno para que cumpla con su palabra”, afirma Xoán Xosé Yáñez, de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ). “No acabamos de entender qué es lo que pasa, porque esa cantidad ya estaba en los presupuestos de 2023″, lamenta Yáñez.

Fuentes del Gobierno admiten que la intención era haberlo dejado todo cerrado antes de las elecciones del 23 de julio, pero se frenó por la huelga que mantenían los funcionarios rasos de Justicia, que reclamaban mejoras retributivas similares a las de sus superiores y estuvieron en huelga durante un mes y medio sin conseguir apenas que se iniciara el diálogo con el ministerio. El Gobierno —al que los sindicatos tachan de “clasista” por llegar a acuerdos con todos los cuerpos de la judicatura salvo con los funcionarios de base— quiso evitar que la subida salarial llegara a las nóminas de jueces, fiscales y letrados antes de sentarse siquiera con los funcionarios rasos y, dos meses después, el conflicto sigue enquistado. “En cuanto haya visos de que se va a formar un Gobierno nos dirigiremos a los partidos que lo integren para recordarles que nuestra situación hay que abordarla nada más llegar. Delo contrario, seremos los primeros en movilizarnos contra el nuevo Gobierno”, advierte el responsable de Justicia de CC OO, Luis Calero.