Seis asociaciones de jueces y fiscales firman con el Gobierno el acuerdo de subida salarial que pone fin a la amenaza de huelga

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, han firmado este martes con las asociaciones judiciales y fiscales el acuerdo de subida salarial que ha puesto fin a la amenaza de huelga indefinida que habían planteado ambas carreras. Solo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora, se ha desmarcado del pacto y se ha quedado fuera de la foto que han protagonizado las demás en el Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Pilar LLop ha calificado de “histórico” el acuerdo, que prevé subidas salariales de entre 440 y 450 euros al mes para todos los jueces y fiscales.

En una nota pública difundida este mediodía, Justicia ha querido destacar que el pacto contempla mejoras retributivas y la ampliación de la plantilla para ambas carreras, “entre otras medidas que repercutirán positivamente en el Servicio Público de Justicia”. El acuerdo supone un aumento de efectivos de 100 nuevas plazas en 2023 y 100 más en 2024. Estas plazas se unen a otras 200 ya aprobadas para cada uno de estos ejercicios. En total, por tanto, serán 300 plazas en 2023 y otras 300 en 2024. Además, establece que las asociaciones y los Ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública fijen un nuevo marco de relaciones, “caracterizado por el diálogo continuado”. Con este objetivo, se constituirán grupos de trabajo permanentes, además de una comisión de seguimiento del acuerdo, en la que participarán las asociaciones firmantes, y en cuyo seno se resolverán las dudas e interpretaciones que puedan derivarse de la aplicación práctica del acuerdo firmado este martes.

También prevé que la comisión de Retribuciones se convoque anualmente para valorar el desarrollo y la aplicación de los acuerdos alcanzados, “teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos”. La concreción de la subida salarial inmediata para jueces y fiscales ha sido el punto que ha centrado la mayoría del debate a lo largo de la negociación. Finalmente, el incremento se aplicará en el complemento de destino, uno de los que cobran todos los jueces y fiscales, y supondrá que el Gobierno destine a sus salarios hasta 46,7 millones de euros más que ahora. Todos los miembros de ambas carreras verán incrementado el sueldo entre 440 y 450 euros brutos al mes, una subida superior a la acordada en marzo pasado con los letrados de la Administración de Justicia (431,01 de media al mes).

El 100% de la subida se cobrará a partir del 1 de julio de 2024, pero jueces y fiscales empezarán a recibir en sus nóminas de forma inmediata un incremento salarial del 40% del total acordado. Esta subida tendrá, además, efecto retroactivo al 1 de enero de 2023, de manera que la cuantía acumulada hasta ahora (entre 1.700 y 1.800 euros) se abonará en una paga en el mes de septiembre. A partir del 1 de enero de 2024 cobrarán ya el 80% del incremento acordado, y desde julio de ese año, el 100%.

Y mientras el conflicto con los jueces se soluciona, Justicia y Hacienda siguen teniendo pendiente la negociación con los funcionarios judiciales, un cuerpo de 43.000 personas que están en huelga indefinida desde este lunes para reclamar que a ellos también se les suba el sueldo. Las negociaciones, por el momento, están paralizadas y decenas de funcionarios se han concentrado este martes a las puertas del Congreso de los Diputados para reclamar un trato similar al ofrecido a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Los sindicatos cifran en el 85% el seguimiento del paro, una cifra que Justicia rebaja al 29,49%. Desde que hace un mes los funcionarios empezaron a movilizarse, se han aplazado ya medio millón de juicios, según los representantes de los trabajadores.