El Gobierno prepara la fase clave de las negociaciones para investir a Sánchez con la unilateralidad como principal obstáculo

El PSOE y Sumar parecen convencidos de que lograrán cerrar un pacto con Junts y seguirán en La Moncloa otra legislatura. A poco más de una semana del debate de investidura del popular Alberto Núñez Feijóo, que previsiblemente fracasará, y frente a algunas voces del entorno de la izquierda que rechazan un pacto con los independentistas catalanes que implique una amnistía al procés, PSOE y Sumar se afanan estos días en alejar la hipótesis de una repetición electoral. Pero, al mismo tiempo, ambos partidos admiten que la negociación afronta grandes obstáculos y ponen cada vez más el foco en los límites de esa futura ley de amnistía, piedra angular de esas conversaciones. La vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, se expresó por primera vez muy clara al respecto el domingo: “El acuerdo debe ser amplio. Y en ese acuerdo no cabe la unilateralidad”, afirmó la líder de Sumar en una entrevista en La Vanguardia. Fuentes socialistas dicen que van a trabajar para que Junts renuncie a la amenaza de otro procés. Esa misma tarde, el expresident Carles Puigdemont rechazó esas presiones: “Las condiciones no las pone quien pide ayuda. Esto es al revés. No somos nosotros los que necesitamos apoyos para ir a la investidura”, avisó en redes sociales.

Es un punto decisivo. Díaz, que sí habla claramente sobre conceder una amnistía —una rotundidad que Sánchez y los suyos evitan—, reclama a cambio a Junts que renuncie a guardarse la carta de otro procés, que es lo que hay detrás de la palabra unilateralidad: una ruptura de la legalidad como la de 2017. Pese a que oficialmente los contactos entre el PSOE y la formación de Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez —una vez que no prospere la de Feijóo— aún están en fase embrionaria, el líder socialista se muestra seguro de que reeditará el Ejecutivo. “Los españoles han hablado y habrá un Gobierno progresista, claro que lo va a haber”, dijo el domingo durante un mitin en Oroso (A Coruña).

En ese acto, el presidente del Gobierno en funciones explicaba la receta que aplicará para lograrlo: “Vamos a hacer lo que prometimos en campaña: dije que buscaría votos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones, para dignificar el salario mínimo, para aumentar las becas de nuestros jóvenes […] por la concordia entre los pueblos de España, por la convivencia entre ciudadanos, y eso es lo que vamos a hacer”, enumeró. No aludió, sin embargo, a la ley de amnistía, principal demanda de Junts y que los socialistas rechazaron de plano hasta las elecciones del 23-J, pero que ahora parecen dispuestos a explorar.

“Pedro, haz lo que tengas que hacer. Este partido sabe pasar página”, había dicho entre aplausos en ese mitin el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín Formoso, en clara referencia a la amnistía. Formoso recordó las críticas de referentes históricos del socialismo como Felipe González y Alfonso Guerra, pero insistió en que, con respeto a esa generación, ahora manda otra en el PSOE que “tiene derecho a escribir su página en la historia”.

El presidente del Gobierno en funciones no aludió a los detalles o condiciones de esa negociación, pero la dio por hecha. “Feijóo será el jefe de la oposición porque habrá un Gobierno progresista. Eso es lo que va a pasar. El PSOE seguirá gobernando cuatro años más”, insistió, a la vez que volvía a reprochar al líder popular la “descomunal pérdida de tiempo” de su intento de investidura, ironizando sobre las críticas del PP a la negociación de Sánchez con los independentistas: “Lo que se rompe no es España, es el PP”. “Nosotros cumplimos con la Constitución de la A a la Z, todos los días del año”, quiso zanjar también el presidente, aprovechando para recordar el bloqueo de los populares a la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace cinco años.

Feijóo, que también estaba en Galicia, le contestó desde Santiago de Compostela: “Defenderemos la libertad y la igualdad de los españoles, aunque nos cueste la Presidencia del Gobierno”, afirmó el líder del PP, que encara el debate que se celebra en ocho días admitiendo de facto que su candidatura no prosperará.

La amnistía es el elemento central de la negociación del Ejecutivo con Junts. Y el empeño de Puigdemont en reivindicar la vía unilateral, aunque prospere el acuerdo, es el principal escollo. El domingo, en su entrevista, Díaz planteaba, por primera vez, que renunciar a otro procés es un requisito previo para hablar. Aunque, a la vez, asumía que de hecho Junts lo está haciendo: “Cuando una parte se sienta a negociar ya está renunciando a la unilateralidad”, afirmaba.

En cualquier caso, la negociación no parece sencilla. Por la tarde, Puigdemont se pronunció en las redes sociales. Y aunque no mencionó la palabra unilateralidad, sí dejó claro que no acepta presiones. “No somos nosotros los que necesitamos apoyos para ir a la investidura. Las condiciones no las pone quien pide ayuda. Esto es al revés”, advirtió en X (antes Twitter). El expresident, huido en Bélgica desde 2017, ya fue tajante hace dos semanas, cuando compareció el 4 de septiembre para anunciar sus exigencias para apoyar la investidura de Sánchez. Junts, subrayó entonces, “ni renuncia ni renunciará a la unilateralidad”. El secretario general de Junts, Jordi Turull, se manifestó en parecidos términos el pasado lunes, en la Diada: “Renunciar a la unilateralidad sería renunciar a la nación”. Y el sábado, tras la reunión del consejo nacional de la formación, la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, incidió: “No cederemos ni un milímetro. No aflojaremos. No rebajaremos nuestras demandas”.

La víspera de que Puigdemont hiciera esas declaraciones en Bélgica, Yolanda Díaz fue a visitarlo y se reunió con él durante casi tres horas en el Parlamento Europeo, devolviéndole la pátina de legitimidad y el protagonismo que durante los últimos años había perdido. Junts y Sumar se comprometieron entonces a “explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político” en Cataluña. Al día siguiente, Puigdemont planteó sus “condiciones previas” para apoyar una investidura: una ley de amnistía que ponga fin de forma “permanente” a la “vía judicial” contra “los independentistas”; un “mecanismo de mediación y verificación” de los acuerdos, y un compromiso para que el único límite al pacto sean “los tratados internacionales” (es decir, no la Constitución). Y avisó de que en todo caso, aunque el pacto prosperase, Junts seguiría guardándose la carta de la “unilateralidad”. Para el PSOE y Sumar, estos son planteamientos “de máximos” y ahora queda un largo trecho para rebajarlos y que ambos lados cedan en sus posiciones iniciales.

Díaz se muestra en la entrevista partidaria de aprobar la amnistía, aunque aboga por que esta norma sea un punto de llegada, fruto de un consenso social que involucre a muchos actores. “La amnistía no es una ley, sino que acaba en una ley. Hay un conflicto político que puede ser objeto de un acuerdo político y social. Un conflicto al que nunca debimos haber llegado. ¿Y por qué hablo de acuerdo político y social? Porque en ese acuerdo también deberían estar los empresarios y los sindicatos, la sociedad civil… Un amplio acuerdo que culminaría con una ley orgánica. Este es el proceso al que podemos ir”, afirma.

El mensaje va en una línea similar al esbozado por Sánchez el viernes ante la CEOE, al referirse a sus esfuerzos, una vez pase la investidura de Feijóo, para abordar la suya. “Me dedicaré a dialogar con el resto de [las] fuerzas políticas, pero también con la sociedad civil, para tejer alianzas y poner en marcha un proyecto político en positivo. Un proyecto de progreso y de convivencia, que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de la Constitución”, dijo.