Los policías que investigaron a Cursach señalan a sus superiores: “Conocían y consentían las actuaciones”
Los agentes del grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Baleares que se sientan en el banquillo defienden que “no se detenía a lo loco” y que había indicios claros de irregularidades en las piezas que investigaron
![El exjuez Manuel Penalva (centro) y el exfiscal Miguel Ángel Subirán (derecha), a su llegada a un juicio contra los investigados del 'caso Cursach', el pasado 22 de junio en Palma.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/KORVOBJ7JE5FPYQC74IX6E4MLU.jpg?auth=04b23f294bcb3567a4bb3bfd9aa71ff27d04337f629f6014516fc52f74c24ae1&width=414)
Los agentes del grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Baleares que investigaron el caso Cursach y que estos días están siendo juzgados, junto al juez y el fiscal de la causa, por presuntas irregularidades en la instrucción judicial contra el empresario Bartolomé Cursach, han defendido que sus superiores en la cúpula policial estaban al corriente de las actuaciones que se practicaron durante el desarrollo del caso y que había “indicios claros” que apuntaban a la comisión de delitos por parte de los principales investigados. Todos los acusados, incluido Cursach, quedaron absueltos tras retirarse todas las acusaciones y la fiscalía reclama ahora más de 500 años de cárcel para el juez, el fiscal y los cuatro policías que lo investigaron por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial. “Toda la información estaba a disposición de todo el mundo, incluidos los mandos policiales” ha afirmado el que fuera subinspector de blanqueo de la Policía Nacional, Miguel Ángel Blanco.
El juicio continúa estos días con las declaraciones de los acusados. Tras las comparecencias del exjuez Manuel Penalva y el exfiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, estos días es el turno de los cuatro agentes del grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Baleares, que investigaron el caso de la mano de los funcionarios judiciales. Los agentes han coincidido en manifestar que sus superiores estaban al tanto de las detenciones que se practicaban y de las diligencias que se realizaban y nunca fueron puestas en cuestión. Durante más de una hora, el subinspector Blanco ha ido enumerando los indicios de irregularidades que llevaron a la detención de trece personas en el llamado caso ORA, una pieza separada del caso Cursach que investigó el presunto amaño en el concurso para la concesión del servicio de estacionamiento regulado de Palma. Ha insistido Blanco en que había “indicios claros” y que “no se detenía a lo loco” como han dado a entender, ha dicho, algunas de las acusaciones.
“Las detenciones fueron valoradas por nosotros y por el escalón 2, que lo conformaba el fiscal Juan Carrau, que tuvo conocimiento de todo porque le fue remitido el informe y el atestado. También lo tuvieron tres superiores policiales, porque como dijeron mis compañeros esto no se puede hacer sin autorización de estos tres mandos”. Blanco ha incidido en que, en aquel momento, los investigadores tenían indicios de las irregularidades, que es lo que se pide en esa fase del proceso a diferencia, ha dicho, de lo que reclaman ahora las acusaciones “que nos exigen que hagamos en la primera fase inicial policial poco menos que una sentencia condenatoria”. Blanco, que en un momento de su comparecencia se ha quebrado, ha reconocido que quizás “se podía haber hecho mejor”. “En cien vidas haría lo mismo, con lo que tenía, en cien vidas haría lo mismo, a pesar de los 111 años” ha dicho mirando al fiscal Tomás Herranz.
También ha declarado el inspector del grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Baleares José Luis García Reguera, que ha coincidido en que sus superiores “supervisaban, conocían y consentían” las diligencias que se practicaban. El subinspector ha señalado que sus jefes en la Policía de las islas estaban enterados de las detenciones que se practicaban, muchas de las cuales han sido puestas en cuestión por la fiscalía y las acusaciones particulares. El subinspector ha detallado que cada día en la Jefatura comunicaban sus actividades al jefe de la brigada de la Policía Judicial. “El jefe de brigada estaba enterado durante la investigación, más o menos, en líneas generales, de cómo iba. Creo que tuvo alguna reunión con el juez Penalva. Se le comunicaba cuando iba a haber detenciones con antelación y se le entregaban borradores”. Sobre esas detenciones, que las acusaciones particulares ponen en duda porque consideran que fueron innecesarias en algunos casos y fruto de la presión en otros, el subinspector ha señalado que se practicaban “igual que todas” y que no hubo nada diferente en este caso. Comenzó a darse cuenta de que algo no iba bien cuando uno de los informes que había elaborado sobre el grupo Cursach permaneció parado en Hacienda durante meses y el funcionario no había recibido órdenes sobre esa investigación a pesar de que se había solicitado su colaboración. “Ahí fue cuando me di cuenta de que habían encontrado un cabeza de turco y de que era yo” ha asegurado.
La inspectora Blanca Ruiz, que también formó parte del grupo de blanqueo, ha hablado sobre el decomiso de su teléfono móvil, en el que se encontraron varios grupos de WhatsApp que la fiscalía ha utilizado como principal prueba de cargo. Dos agentes se presentaron en su despacho de Madrid para decirle que estaba detenida y que tenía que entregar su teléfono móvil. “No volví a ver el teléfono” ha dicho, incidiendo en que no se metió en ningún sobre precintado. Cuando comentó a los agentes que quería declarar, ha contado que estos tuvieron que llamar a la Jefatura de Baleares para que les pasaran algunas preguntas, puesto que no tenían nada preparado. Sobre las detenciones, la inspectora ha insistido en que se hacían “con el conocimiento de los mandos” puesto que antes de llevarlas a cabo se les facilitaba la información. “El trato a los detenidos ha sido correctísimo”. En los próximos días el juicio encara la fase testifical, con la declaración en primer lugar de los dos inspectores de la Policía Nacional de Baleares que han dirigido la investigación contra sus excompañeros.
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