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El Tribunal Superior de Baleares abre juicio oral contra el juez y el fiscal que investigaron a Cursach

La sala reclama una fianza solidaria de 420.000 euros para los seis acusados para hacer frente a posibles responsabilidades económicas

El juez Manuel Penalva, a la derecha, y el fiscal Miguel Ángel Subirán, en el centro, en una imagen de 2020.
El juez Manuel Penalva, a la derecha, y el fiscal Miguel Ángel Subirán, en el centro, en una imagen de 2020.Atienza (EFE)

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dictado la apertura de juicio oral contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro funcionarios de la Policía Nacional de Palma que investigaron el llamado caso Cursach, que indagaba una supuesta trama de connivencia entre agentes de la Policía Local de Palma y el mayor empresario del ocio nocturno balear, Bartolomé Cursach. La fiscalía reclama para los seis acusados más de 500 años de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación judicial cometidos durante los años que estuvieron al cargo de las pesquisas contra el magnate del ocio mallorquín. El tribunal reclama a los acusados una fianza solidaria de 420.000 euros para hacer frente a posibles responsabilidades económicas.

El Ministerio Público pide 118 años de cárcel para Penalva por un delito de revelación de secretos, 15 delitos de detención ilegal, dos de obstrucción a la justicia y dos de prevaricación judicial. Para Subirán solicita una condena de 121 años y ocho meses de cárcel por los mismos delitos y suman además uno de falso testimonio. Para los cuatro agentes de la Policía Nacional las penas solicitadas van de los 83 a los 110 años de cárcel por un rosario de delitos similares. El ministerio público también reclama elevadas penas de inhabilitación para el juez y el fiscal —más de 150 años para cada uno y el pago de alrededor de 100.000 euros en multas para los seis acusados. La acusación particular, que representa los intereses del empresario, solicita más de 30 años para cada uno de los principales investigadores.

Los acusados tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa. El proceso llegará a juicio marcado por la decisión del Tribunal Superior de Baleares de anular las órdenes de decomiso de los teléfonos móviles de dos periodistas que investigaron el caso y que fueron emitidas por el juez instructor Miguel Florit, que se hizo cargo de la investigación sobre Cursach después de que el juez Penalva fuera apartado. La decisión de anular el decomiso de esos teléfonos móviles abre la puerta a que las defensas soliciten la nulidad de múltiples pruebas sobre las que se asienta el relato de la fiscalía, que acusa a los investigadores de hasta 27 filtraciones de información a medios de comunicación.

La acusación se centra en los presuntos delitos cometidos por los seis acusados durante la instrucción del llamado caso Ora, que investigó el amaño de un concurso para la adjudicación del servicio de estacionamiento regulado de la capital balear y que culminó con la detención de doce personas. Sostiene que los investigados se basaron en informes policiales endebles para sustentar el caso y presionaron a detenidos, investigados y testigos. Los fiscales también acusan al exfiscal y a los policías de amenazar a los investigados con dormir en los calabozos, presionarles para delatar a algunos implicados o mantenerlos en los calabozos de la Jefatura de Policía presionándoles para que declararan contra otros implicados. Sostienen que el juez tenía decidida la medida de prisión provisional contra dos de los acusados, un empresario y un funcionario que pasaron 21 días en prisión, antes de escuchar su declaración en el juzgado.

El juez Penalva fue jubilado por incapacidad por el Consejo del Poder Judicial en julio de 2021; el fiscal Subirán se jubiló en junio de 2020 a los 59 años. El auto también emplaza a la Abogacía del Estado para personarse y formular escrito de defensa, dada la condición de funcionarios de los acusados. El caso Cursach finalizó su periplo en los tribunales el pasado diciembre con la absolución de los 17 investigados que llegaron a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial.

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