El CGPJ solicita a Justicia que reconsidere su rechazo a 49 medidas de refuerzo dada su “urgencia y necesidad”

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tensado este miércoles la cuerda con el Ministerio de Justicia a cuenta de las medidas de refuerzo solicitadas por el órgano de gobierno de los jueces y rechazadas, por razones económicas, por el departamento que dirige Pilar Llop. La comisión permanente del Consejo ha acordado solicitar de nuevo las 49 medidas denegadas, de un total de 146 solicitadas, “dada la urgencia y necesidad” de esas medidas. Los refuerzos rechazados por el Gobierno estaban destinados a juzgados, audiencias provinciales y tribunales superiores de diferentes puntos de España y que, según el CGPJ, están cerca del colapso. Su adopción, asegura el CGPJ, contaba con el informe favorable del Servicio de Inspección.

En el acuerdo adoptado este miércoles, es Consejo recuerda que a Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 216 bis.5 que “la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial de cualquier medida de apoyo precisará la previa aprobación del Ministerio de Justicia, quien únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria, todo ello dentro del marco que establezca el Protocolo que anualmente suscribirán ambos a los efectos de planificar las medidas de este tipo que sea posible adoptar”. La Comisión Permanente ha acordado también solicitar del Ministerio de Justicia que motive las razones que le han llevado a autorizar económicamente unas medidas de refuerzo y a denegar otras, así como queque informe de las partidas presupuestarias con las que cuenta para atender las medidas de refuerzo hasta fin de este año.

El Consejo sostiene que la aprobación de las medidas de refuerzo denegadas es una “necesidad objetiva”, de ahí que la comisión permanente (el principal órgano de decisión al margen del Pleno) haya pedido al ministerio que reconsidere su decisión, “a fin de garantizar un ejercicio adecuado y eficaz de la función jurisdiccional en los órganos judiciales concernidos”. Estas medidas, según el órgano de gobierno de los jueces, son necesarias para “evitar un grave perjuicio” en el servicio público de Justicia”.

Entre las medidas denegadas por Justicia están los refuerzos solicitados para la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Social de los TSJ de Canarias y Castilla-La Mancha. Tampoco se han aprobado los planes diseñados para las audiencias provinciales de granada, Málaga, Salamanca, Albacete, A Coruña, Valencia, Guadalajara, Álava, Gipuzkoa y Barcelona, además de una veintena de refuerzos en juzgados de otros tantos municipios.