Uno de cada cuatro reclusos que se suicidó en 2022 lo hizo en sus tres primeros meses en prisión

Un informe interno de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre los 33 suicidios y 104 tentativas registrados en 2022 en los 81 centros dependientes del Ministerio del Interior revela que uno de cada cuatro de los reclusos que lograron quitarse la vida lo hizo cuando llevaba menos de tres meses encarcelado. Cuatro internos se suicidaron el mismo día de su ingreso en la cárcel o en las siguientes 24 horas. El estudio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, destaca también que los internos con delitos contra el patrimonio (categoría que incluye desde robos, estafas y sobornos a fraudes, blanqueo y corrupción) y de violencia de género encabezan las estadísticas hasta representar entre ambos más del 75% de los casos.

El documento, enviado recientemente a los directores de todas las cárceles para que adopten estrategias para mejorar “la detención y prevención” de los suicidios, detalla la influencia en las actitudes autolíticas de variables como las adicciones a las drogas y el alcohol, los trastornos de personalidad o mentales, y la existencia de una “situación familiar negativa”. “Las tendencias suicidas son provocadas por una multiplicidad de factores muy diversos. Rara vez es por un solo”, recalca una experta de Instituciones Penitenciarias. La tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes se sitúa en España en 7,9 casos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre la población reclusa se multiplica por 10.

“Los presos preventivos y, sobre todo, los primarios [los que ingresan por primera vez en una cárcel] entran en prisión asustados, agobiados por desconocer el espacio y la gente con la que se van a relacionar. Se preguntan si será como se lo han contado, como se lo imaginan”, señala esta experta para describir el impacto que suponen los primeros momentos del encarcelamiento. Entre los internos que más tratan de quitarse la vida en ese periodo inicial de la reclusión se encuentran los autores de delitos de violencia de género. “A lo largo de los años se viene observando que [la comisión de este delito] es un factor de riesgo significativo como desencadenante del suicidio”, recoge el documento interno de Interior tras constatar que cuatro de los reclusos que se quitaron la vida en esos tres primeros meses tenían en su historial este delito.

Estas cifras suponen, de hecho, una “sobrerrepresentación” de este colectivo que, pese a ser el 16,6% de la población penitenciaria ―7.804 internos en una población de 46.994 personas ― protagonizó el año pasado un tercio del total de suicidios que se produjo en las cárceles de Interior. El informe los califica de “grupo de alto riesgo”. Desde el Área de Tratamiento y Gestión Penitenciaria del ministerio recuerdan que hay numerosos autores de estos delitos que se quitan la vida inmediatamente después de asesinar a su pareja o expareja (el año pasado lo hicieron 10 y otros nueve lo intentaron), “pero otros demoran ese acto suicida a su entrada en prisión”.

No obstante, el estudio de Instituciones Penitenciarias también pone el foco en otras variables. Así, destaca que en los casos de 2022 hubo una ligera disminución de la edad media de las personas fallecidas respecto a los del año anterior. Casi un 70% de ellos tenían entre 31 y 50 años. El estudio destaca que ninguna mujer (representan el 7% de la población penitenciaria actual) se quitó la vida en prisión, aunque al menos una decena lo intentaron. En un tercio de los casos, el recluso había protagonizado incidentes con autolesiones o tentativas de suicidio previos. “Es fundamental e importantísimo recabar información sobre la existencia de estos antecedentes a la hora de valorar el riesgo”, añade el documento. Mayor incidencia han tenido los problemas de consumo de drogas o alcohol (en dos de cada tres casos), los trastornos de personalidad o mentales (en más de la mitad de los casos) o la existencia de problemas familiares, de pareja o la ausencia de apoyo de su entorno (en un porcentaje similar). “El fallecimiento de un familiar o la hospitalización de un hijo, por ejemplo, crea situaciones de estrés en los reclusos”, señalan desde el Área de Tratamiento.

Junto a estos factores de riesgo, el estudio analiza dos datos vinculados directamente con la estancia en prisión. El primero es que en casi uno de cada cuatro casos el recluso que se había suicidado había estado previamente dentro del Programa de Prevención de Suicidio (PPS, que el año pasado se aplicó en 4.686 ocasiones) por haber manifestado en algún momento tendencias autolíticas. Por ello, Interior pide a los directores de las cárceles que se haga un seguimiento de estos internos una vez que abandonan este programa “como mínimo al mes, a los tres meses y a los seis meses”.

Celdas acristaladas

El segundo es que en un tercio de los casos el recluso se quitó la vida cuando estaba en aislamiento, lo que representa el porcentaje “más elevado de los últimos años”, destaca el informe. En este sentido, Instituciones Penitenciarias recuerda a los responsables de las cárceles que estas situaciones son siempre de “alto riesgo”, sobre todo cuando el recluso se encuentra en “un elevado estado de agitación e impulsividad” o hay “antecedentes autolesivos, trastornos de personalidad, consumo activo de sustancias [estupefacientes] etcétera”. En estos casos, Interior plantea utilizar “celdas acristaladas” para facilitar el control y “el aumento de la vigilancia” para observar más a menudo el comportamiento del interno en la celda de aislamiento.

Instituciones Penitenciarias, que recuerda que “los sentimientos de abandono y soledad son factores precipitantes en los fallecimientos de suicidio”, pide a los responsables de las prisiones que cuando se produzcan un suicidio consumado o una tentativa, se recabe de la familia del interno información “para valorar adecuadamente las circunstancias de cada caso”. E incide en que la denegación de un permiso de salida, un endurecimiento del régimen de vida penitenciaria o el riesgo de una nueva condena son también “factores de riesgo habituales”, por lo que recuerda que las juntas de tratamiento ―órganos formados por profesionales penitenciarios― “han de ser sensible a la hora de valorar el impacto” de sus decisiones.

Por último, el documento pide “prestar especial atención a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI” al considerar que “la convivencia de estas personas con el resto de población penitenciaria” puede provocar una situación de estrés que “potencia sentimientos de incomprensión, marginación o intolerancia. Estos sentimientos, junto con una presumible mayor inestabilidad emocional, puede abocarles a conductas autolíticas desesperadas”, concluye.