Casada a los 12 años con una macrocelebración en Sevilla: “Para nosotros es algo cultural, no un delito”

Los novios llegan en un enorme coche Hummer, un vehículo de alta gama valorado en 80.000 euros. El vestido de ella es muy pomposo. Los reciben cientos de invitados en el polígono de Villena (Sevilla) en el que se celebra el enlace. Mucho brillo, muchas palmas. Entre los invitados hay un cantante con un alto caché por actuar en estos festejos. A cierta distancia, dos mujeres observan desde un coche la escena y también siguen en redes sociales lo que sucede dentro ese día de septiembre de 2021. Una multitud festeja la unión mientras canta, bebe y come. Las del coche son dos agentes que están tomando imágenes de lo que la policía considera que es un matrimonio forzado entre dos menores. Son R. y R. En ese momento, ella tiene 13 años y él, 16.

Los padres de ambos cónyuges se han sentado esta semana frente a la jueza en la Audiencia Provincial de Madrid para responder por esa unión entre sus hijos, que ellos han calificado de “tradición cultural”. “Es normal entre los gitanos, yo también empecé con mi marido con 13 años y también mis padres, abuelos y bisabuelos”, aseguró la madre del chico. “Para nosotros es algo cultural, no un delito”, explicó el padre. La fiscal sostiene, sobre la base de las investigaciones policiales, que los progenitores de la niña recibieron dinero de sus consuegros por entregársela para que se fuera a vivir con ellos en Mejorada del Campo (Madrid). Según la policía, esta transacción se produjo en 2020, cuando la pequeña tenía 12 años.

Ellos, los cuatro progenitores acusados, aseguran que los dos menores se conocieron por Facebook y que fueron ellos los que insistieron en comenzar una relación. En el inicio de su supuesto noviazgo, en 2020, ella vivía en Alemania con su madre y él en España con sus padres. Ambas familias se conocían porque eran del mismo pueblo de Rumania. “Si no me dejas estar con él, me escaparé de casa”, afirmó la madre que le dijo su hija. Otro de los acusados sostuvo que la menor es muy “inteligente” y quería vivir en España para “aprender un nuevo idioma”. En los cuatro meses que la niña vivió en España, no estuvo escolarizada en ningún centro público, según admitieron ante la jueza. Sobre ellos recae la sombra de un posible delito de trata por el que podrían ir hasta siete años a prisión.

Según datos de Unicef, cada año se casan 23 millones de niños y niñas antes de cumplir 15 años. Los países en los que esta práctica es más común son Níger, República Centroafricana, Chad, Bangladés y Burkina Faso. Lo que es menos frecuente es que la práctica de los matrimonios forzados se produzca fuera de los países de origen, como se juzga en este caso. En una respuesta parlamentaria de Vox en la última legislatura, el Gobierno hizo público que España ha registrado 25 matrimonios forzados en los últimos tres años. En 2020 se contabilizaron ocho casos, en 2021 fueron cinco y en 2022 ascendieron a 12.

Carolina Sánchez es presidenta de la asociación Amar Dragoste (Dragoste significa “amar” en rumano), una organización dedicada a combatir la trata. “Conozco esas cifras, pero es posible que el número sea más alto porque es un delito que se produce en la intimidad. Sin embargo, tenemos herramientas para detectarlo y es lo que tratamos de hacer ver a la sociedad”, resume. “Son muchos los que pueden darse cuenta de que ocurre algo raro: desde profesores a médicos, pasando por los vecinos o taxistas”, añade. Sánchez ha detectado que las nuevas generaciones, ya nacidas en España y que han mamado otro entorno aparte del familiar, son las que se resisten más a este destino: “Ya hemos tenido denuncias en las que las propias chicas nos dicen: ‘Tengo una amiga a la que sus padres quieren casar, pero ella no quiere”. En España está prohibido casarse antes de los 18 años, salvo que un juez lo permita a partir de los 16, cuando los cónyuges han demostrado estar emancipados.

“Claro que hay que respetar las tradiciones y las diferentes culturas, pero hay que intervenir cuando no se respetan los derechos humanos. El matrimonio forzado se contempla como una forma de violencia sexual según la nueva normativa (la ley del solo sí es sí )”, apunta Sánchez. Ella acaba de regresar de Rumania, donde ha comparecido en el Parlamento de aquel país. “Están muy concienciados con el problema de la trata de seres humanos, especialmente de mujeres, pero el tema de los matrimonios forzados es algo en lo que todavía no están trabajando tan a fondo”, apunta. Su asociación puso en marcha una campaña con la Guardia Civil para concienciar sobre la denuncia de las uniones forzadas.

En este caso, que se ha juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid, los agentes comenzaron a investigar, de hecho, por una denuncia ciudadana que llegó a los canales contra la trata que la policía tiene operativos 24 horas. En el email, se ponía en conocimiento de los agentes que podía existir un caso de trata o de matrimonio infantil y facilitaba las redes sociales de dos personas, la niña y el padre del niño. De ahí partieron las pesquisas que los llevaron a descubrir todo el río de publicaciones en redes sociales en las que habían plasmado la unión entre los menores. También encontraron las imágenes de la supuesta prueba del pañuelo de la niña, sobre una mesa y bajo una parra en Rumanía, un rito en el que se prueba la virginidad de la contrayente. Además, vieron la ceremonia en la que presuntamente el padre de R. la entrega a su nueva familia. Todos estos documentos gráficos se incorporaron a la causa.

Cuando los policías detuvieron a los progenitores y entraron en la casa de Mejorada del Campo, comprobaron que los menores dormían juntos en la misma habitación, confirmaron que la madre tenía el pasaporte de la niña y hallaron 16.000 euros debajo del colchón. También encontraron el acta notarial firmada en Rumania el 23 de junio de 2021, en la que la madre de la niña cedía a su consuegra la facultad de tomar decisiones en su nombre y viajar con ella al extranjero. Según el relato de los hechos del ministerio público, al día siguiente tuvo lugar en Rumania una primera celebración y dos días después se subieron a un avión de la compañía Ryanair con rumbo a la nueva vida de la niña.

En la vista oral, los policías admitieron que no tenían pruebas del pago efectuado entre las familias, a excepción de la conversación que mantuvieron con la niña cuando detuvieron a los padres de ambos. “Al final de la toma de declaración, se puso a llorar y me dijo: ‘Ya sé que mi padre me ha vendido, pero lo quiero”, contó un investigador en el juicio. Después de esa conversación y cuando la niña se hallaba con una organización especializada en infancia, se marchó corriendo y fue imposible dar con ella. Según han podido comprobar los policías rastreando las redes sociales, explicó una agente en el juicio, ahora vive en Rumania con su marido.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.