El Consejo de Europa señala la “inacción” de España en la lucha contra la explotación laboral en los campos de fresa andaluces

España ha hecho avances legislativos importantes en la lucha contra el tráfico de seres humanos, pero todavía tiene trabajo por delante en materia de vigilancia de la trata con fines de explotación laboral y el acceso de las víctimas a la justicia. Así lo expone el último informe sobre el país elaborado por el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres humanos (GRETA), del Consejo de Europa. El organismo, con sede en Estrasburgo, se muestra especialmente preocupado por la situación en asentamientos informales en zonas agrícolas como los campos de fresa andaluces, donde la “inacción” de las autoridades ante la precariedad de las condiciones de vida eleva el riesgo de un tráfico humano que, sin embargo, no está oficialmente registrado, advierte.

Aunque “saluda” la adopción del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos en enero de 2022 y el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso de un mes antes, al grupo de expertos GRETA les preocupa que “se haya hecho un trabajo insuficiente a la hora de prevenir y detectar de forma eficiente el tráfico humano para la explotación laboral, responder a las vulnerabilidades de los trabajadores migrantes y castigar a los perpetradores” de trata humana, señala el informe sobre España. El documento incide en la “baja cifra” de investigaciones y procesamientos de responsables de trata humana con fines de explotación laboral.

Los expertos de GRETA, que viajaron a España entre el 4 y el 8 de julio de 2022, muestran su preocupación especial ante las explotaciones agrícolas de fresa en Huelva y los asentamientos informales en los que se hacinan, en condiciones muy precarias, cientos de trabajadores de esos campos. Allí, señalan, las ONG operativas en el área han alertado de que “numerosos migrantes podrían ser considerados víctimas de explotación laboral y hasta de trata humana”, ya que “a menudo trabajan más que el límite español de horario laboral y son pagados por debajo del salario mínimo, incluso a veces ni les pagan”. Aun así, señala el grupo de expertos, “no se han identificado víctimas de trata entre la gente viviendo en esos asentamientos informales”, una situación más que extraña —y preocupante— que para GRETA es un síntoma de las carencias de la situación en España —como la imposibilidad de los inspectores de trabajo de acceder a los asentamientos—, especialmente en materia de vigilancia y de denuncia de la trata. La zona donde se sitúan estas explotaciones agrícolas ha sido en los últimos meses centro de un pulso político entre la Junta andaluza y el Gobierno central por los regadíos y Doñana y las amenazas de boicot de terceros países.

“GRETA está profundamente preocupado por la inacción de las autoridades ante esta situación humanitaria que lleva durando ya años y que genera un riesgo incrementado de tráfico humano”, señala el informe. Algo que es especialmente grave en vista de “la importancia de la agricultura y otros sectores de trabajo intensivo para la economía española”, acota. Una manera de evitarlo, consideran, sería asegurar que los inspectores de trabajo tienen “suficientes recursos” para realizar inspecciones, así como “revisar el marco legislativo para evitar lagunas” en la adjudicación de los casos y atender especialmente “los riesgos de la trata humana en el sector agrícola”, con una “mejora de la detección de posibles víctimas en este sector”, señala entre sus recomendaciones.

En líneas generales, la nueva evaluación —la tercera en total y la primera desde 2018—, que examina la implantación en España de la Convención contra el Tráfico Humano del Consejo de Europa, se centra en el acceso de las víctimas a la justicia y a una reparación efectiva. Lamenta en este sentido que la información a las víctimas sobre sus derechos y los apoyos a su disposición se haga solo mediante un documento en español y recomienda que se empleen a “traductores cualificados sensibilizados en la trata” humana para todas aquellos afectados que no hablen español.

También insta a las autoridades españolas a hacer “esfuerzos adicionales” para garantizar un “acceso efectivo a una compensación” estatal para las víctimas de trata, señalando que, hasta la fecha, la cifra de beneficiados tras denunciar su situación es “baja”. Es más: ninguna víctima de trata humana ha recibido aún una compensación del Estado en España, destaca. Por ello, pide que se “revisen” los criterios para poder acceder a ayudas públicas y para que las víctimas puedan recuperar los salarios impagados. Una manera de garantizar fondos para estas víctimas, señalan los expertos, sería el “uso total de la legislación” sobre congelación e incautación de bienes de los responsables de trata humana y explotación laboral.