Condenas de entre 10 meses y cinco años y medio de cárcel para 71 de los acusados en el juicio del ‘Los Miami’

La Audiencia Nacional ha impuesto penas de entre 10 meses y cinco años y medio de prisión a 71 de los 81 acusados en el juicio del caso de los Miami, uno de los mayores procesos contra el narco español. En la vista oral se juzgaba a cuatro grupos criminales que crearon una gran alianza que introdujo en España “ingentes cantidades de cocaína″ en la primera década de este siglo. El tribunal ha absuelto a los otros diez juzgados, todos ellos componentes del llamado clan de los búlgaros, al considerar nulos los registros en los que se consiguieron las pruebas contra ellos.

Entre los condenados está Ana María Cameno, conocida como la Reina de la coca y ya condenada en otra causa de narcotráfico a 16 años de prisión. Cameno, para la que la Fiscalía pedía 39 años de cárcel como “principal elemento aglutinador y de comunicación entre los jefes supremos de las cuatro grandes ramas” de la macroalianza, ha visto reducida su pena al aplicársele atenuantes de dilación indebida ―las primeras detenciones se remontan a 2011, la instrucción se prolongó hasta 2018 y el juicio no se celebró hasta el pasado marzo― y de confesión.

El fallo destaca el papel de liderazgo de Cameno, que llegó a levantar en un pueblo Comunidad de Madrid el que la Policía consideró el mayor laboratorio de cocaína de Europa. Este papel preponderante lo ejercía junto a su entonces pareja, David Vela Narro, para quien la Fiscalía también pedía una elevada pena que finalmente se ha quedado reducida a cinco años tras aplicársele los mismos atenuantes.

No han sido los únicos cabecillas beneficiados de esta figura legal. Laurentino Sánchez, Lauro; y los hermanos Víctor y Raúl Juárez Smith, que capitaneaban otras dos ramas de la alianza y que afrontaban penas de hasta 33 años de prisión, han sido condenados a cuatro años y medio el primero; tres años y dos meses el segundo, y tres años y cuatro meses y medio el tercero. La pena más alta, cinco años y medio, se le ha impuesto a David Martínez García, integrante de la trama de blanqueo, por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas y falsedad documental.

Otro de los principales implicados, Artemio López Tardón, uno de los dos hermanos acusados de encabezar el llamado clan de los Miami, ha recibido una pena de tres años de cárcel y multas cercanas a los 85 millones de euros tras ser condenado únicamente por los delitos de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, contra la Hacienda pública y falsedad documental. En varios zulos construidos en la vivienda familiar, la Policía le intervino cerca de 24 millones de euros en metálico. Sin embargo, el tribunal le ha absuelto de la acusación de tráfico de estupefaciente y pertenencia a grupo criminal al considerar que no existen pruebas de su implicación en ambos delitos. Su hermano Álvaro, al que la Fiscalía considera el otro integrante de la “cúpula bicéfala” del clan, no ha sido juzgado al estar encarcelado en EE UU, donde cumple una pena de 150 años de prisión por lavado de dinero.

En el relato de hechos probados, la sentencia señala que, entre 2000 al 2010, una organización criminal radicada en Sudamérica introdujo ingentes cantidades de cocaína en Europa a través de España con la colaboración de individuos asentados en España. Pese a que la investigación nunca desveló quiénes eran los integrantes de aquel primer grupo, las pesquisas si permitieron poner nombre a los que mantenían contacto con ellos en España, entre ellos Ana María Cameno. En su escrito de acusación, la Fiscalía detallaba que los cuatro grupos de narcos compusieron así una trama criminal “complejísima, poderosa, laberíntica, entrelazada, muy diversificada y minuciosamente planificada”. Una red asentada en la Península —pero con tentáculos en Estados Unidos, Colombia, Perú, Holanda o Italia—, que contó también con una enrevesada estructura societaria para blanquear los millones de euros de sus negocios ilícitos.

El fallo dedica un amplio espacio a repasar la larga instrucción judicial para explicar que se aplique la atenuante de dilaciones, aunque no en la extensión que pedían las defensas. El tribunal considera que la complejidad de la investigación ―en la que llegó a haber más de 400 personas investigadas―, la dispersión de las diligencias que terminaron conformando la causa entre diferentes juzgados de España, así como que hubiera que expedir numerosas comisiones rogatorias y solicitudes de entrega de algunos de los finalmente juzgados a la justicia de otros países explican buena parte de largo tiempo transcurrido.

El fallo también recalca que en la tardanza en celebrar la vista también influyó la pandemia, que obligó a retrasar el juicio, y la necesidad de contar con una sala con espacio para acoger a los 81 acusados, el tribunal, la fiscalía, los abogados y el personal auxiliar necesario para la celebración de la vista. En total, unas 200 personas. Respecto al atenuante de confesión, los jueces destacan que, de las 81 personas enjuiciadas, más de 60 asumieron las acusaciones de la Fiscalía. Sobre el resto de los acusados que no admitieron su responsabilidad, el tribunal señala que finalmente les ha impuesto penas “ligeramente” inferiores a las que pedía para ellos la Fiscalía.