El PP pretende esquivar los acuerdos con Vox postergándolos hasta después de las generales

El objetivo está claro: evitar todo lo posible los acuerdos con Vox antes del 23 de julio. El PP sabe que la izquierda va a utilizar esos pactos como arma de campaña contra Alberto Núñez Feijóo, así que la estrategia de los populares consistirá en tratar de esquivarlos hasta que pasen las elecciones generales. Vox tiene la llave para dar al PP el gobierno de cinco comunidades autónomas y una treintena de capitales de provincia o grandes ciudades y, aunque en la dirección popular sostienen que “a la gente le molestan más ERC y Bildu que los pactos con Vox, que ya no da miedo”, preparan dos métodos para sortear a la extrema derecha antes del 23-J. Por un lado, postergar todo lo posible las negociaciones con los ultras y, allí donde tengan mano, la fecha del debate de investidura. Donde no sea posible retrasarlo, varios barones populares se plantean ir a una primera investidura sin negociar con la extrema derecha. Así, aunque Vox se la tumbara, la siguiente intentona ―ya con acuerdos― podría aplazarse hasta después de las elecciones generales para no penalizar a Feijóo.

El asunto preocupa en el PP y, aunque Feijóo soslayó en su discurso público ante la junta directiva nacional los acuerdos con Vox, este tema ocupó las conversaciones del dirigente con sus barones durante la comida que mantuvo solo con los líderes territoriales tras la reunión de la junta.

En esas conversaciones, según fuentes populares, lo que se habló fue intentar, en primer lugar, retrasar los tiempos de las negociaciones y los debates de investidura con el objetivo de que caigan después del 23-J. “No hay ninguna prisa”, revelan fuentes de la dirección nacional del PP. La idea ya venía circulando en el PP desde el mismo lunes tras las elecciones, y algunos barones, como el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, la deslizaron directamente antes de entrar en la reunión de la junta directiva: “Hay margen de tiempo más que suficiente, y no tenemos que tener ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de prisas a la hora de establecer esas relaciones con Vox y con otras formaciones políticas”.

Los tiempos para el debate de investidura, sin embargo, vienen marcados por los estatutos de autonomía y reglamentos de las cámaras regionales y son diferentes en cada comunidad autónoma. En varios de los territorios, como Extremadura, Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana, sus barones dan por hecho que es muy probable que tengan que ir a una primera investidura antes de las elecciones generales. Pero si esta fallara, la segunda podría posponerse seguro tras el 23-J.

La estrategia no irá en bloque porque la casuística es amplia en las cinco comunidades autónomas donde el PP depende de Vox para gobernar. En primer lugar, el PP ha ganado en cuatro de ellas las elecciones. Solo no lo ha hecho en Extremadura, donde socialistas y populares han empatado a escaños, pero el PSOE es primera fuerza en votos. A pesar de que Feijóo no ha dejado en toda la campaña de defender su propuesta de que se deje gobernar a la lista más votada, este martes llamó “presidenta” a la líder popular extremeña, María Guardiola, a la que no ha pedido que permita la investidura del socialista Guillermo Fernández Vara. Ella, por supuesto, va a intentar gobernar, pero depende de Vox. Guardiola va a ir a una primera investidura sin negociar con los ultras, según fuentes de su entorno directo, “porque esa fue su palabra en campaña y la va a cumplir”.

En Aragón, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana los populares sí han ganado las elecciones, pero también necesitan el respaldo de Vox para completar mayoría. Cantabria formaba inicialmente parte de este grupo, pero Miguel Ángel Revilla, del PRC, anunció ayer que dará su respaldo a la candidata del PP, María José Sáenz de Buruaga, para que no tenga que depender de Vox, así que el problema se ha resuelto solo.

Dentro del grupo que necesita a Vox, hay dos regiones, Murcia y Baleares, donde a los candidatos del PP ― Fernando López Miras y Marga Prohens― les basta con la abstención de los ultras para ser investidos presidentes, porque ambos suman más que toda la izquierda junta y no hay, por tanto, una mayoría alternativa. Tanto López Miras como Prohens, según fuentes de su entorno, irán a la primera investidura sin pactar con Vox para forzarles a retratarse. “Si me votan que no ya nos hacen la campaña para las generales”, afirma un barón en privado, que asegura que en ese caso el PP se dedicaría a desgastar al partido de Santiago Abascal advirtiendo a sus votantes de que pone en riesgo que gobierne la derecha.

Los tres casos más sensibles son los de Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura, que necesitan el sí de los diputados autonómicos de Vox para conseguir la presidencia, así que estos podrán vender más caro su apoyo. El líder del PP transmitió este martes a sus barones en esos territorios que tendrán que “ir hablando” de la estrategia para sus investiduras, de la que la dirección nacional participará, según fuentes conocedoras de esas conversaciones. El más preocupado es Carlos Mazón, líder del PP en la Comunidad Valenciana, que es consciente de que Vox va a tratar de forzar un Gobierno de coalición. Él tratará de evitarlo, pero no puede descartarlo, según fuentes de su entorno. Su aspirante a vicepresidente, Carlos Flores, es un catedrático de Derecho Constitucional que militó en su juventud en la rama juvenil del partido de extrema derecha Fuerza Nueva y que en 2002 fue condenado en firme por violencia psicológica habitual contra su exmujer.