Condenados dos exalcaldes del PP de León solo un día después de arrasar en las urnas el 28-M

La alegría le ha durado muy pocas horas a dos exalcaldes del PP, Marcos Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez García, que siguen como regidores de los municipios leoneses de Cuadros y Puebla de Lillo respectivamente, donde ambos acaban de arrasar en las elecciones locales con candidaturas independientes tras salir de la formación conservadora por su presunta implicación en el caso Púnica. Este lunes, solo un día después de la cita con las urnas del 28-M, la Audiencia Nacional los ha condenado a ocho años y medio de inhabilitación para cargo público, al considerar acreditada su participación en la trama de corrupción. La sentencia no es firme y se puede recurrir.

El tribunal ha concluido que, bajo las siglas del Partido Popular, ambos cometieron un delito de prevaricación durante su etapa al frente de la Diputación de León, donde Martínez Barazón ejerció como presidente (tras sustituir a Isabel Carrasco, asesinada a tiros en mayo de 2014) y Sánchez García como coordinador general. Según subraya la sentencia fechada este 29 de mayo, los dos políticos beneficiaron en 2014 a Alejandro de Pedro, uno de los empresarios implicados en Púnica, mediante la concesión “irregular” de adjudicaciones de publicidad institucional. Los jueces subrayan que se infringió de “forma clara y patente la normativa” de la Ley de Contratos del Sector Público, al dar el visto bueno a facturas “tramitadas de urgencia” sin acudir a un sistema de “contratación abierto o negociado, [...] evitando así que otros medios de comunicación pudieran optar y acceder a la publicidad institucional de la Diputación de León y eludiendo igualmente un control más riguroso y exhaustivo”.

Tras salir del PP por el caso Púnica, Martínez Barazón y Sánchez García decidieron continuar en política bajo otras siglas nuevas. Y no les ha ido nada mal. El primero, que ya era alcalde de Cuadros (2.000 habitantes) con el PP, decidió volver a presentarse a los comicios de su pueblo como líder de AIC (Agrupación Independiente de Cuadros), con el que ha ganado las elecciones de 2015, 2019 y 2023. En los tres comicios con mayoría absoluta, y mejorando sus resultados anteriores. Este 28-M ha obtenido el 57% de los votos y siete concejales de 11 —el resto se lo han repartido el PSOE (2), Unión del Pueblo Leonés (1) y PP (1)—.

Pedro Vicente Sánchez García ha recorrido un camino similar en Puebla de Lillo (600 habitantes). Tras ganar los comicios locales de 2015 con el PP con mayoría absoluta (cinco de siete ediles), la Audiencia Nacional lo imputó en 2016 por su presunta implicación en la trama de corrupción. Entonces salió del partido, pero siguió en el cargo. En 2019 concurrió como cabeza de lista de AIPL (Agrupación Independiente de Puebla de Lillo), con la que volvió a ganar. Y este 2023 ha vuelto a repetir triunfo: con cuatro de los siete ediles, y casi un 50% de los votos.

Trabajos de reputación ‘online’

Además de condenar a los dos exalcaldes del PP, el tribunal también ha sentenciado a penas de inhabilitación a Alejandro de Pedro y a Manuel Jesús López Sánchez, antiguo interventor de la Diputación de León. Sin embargo, los jueces han descartado que los implicados cometieran delitos de fraude a la Administración, falsificación en documento mercantil, malversación y cohecho, que les atribuía la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, y por los que les pedían penas de cárcel. Por su parte, el tribunal ha absuelto a José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena y antiguo socio de De Pedro en las empresas Madiva y Eico; y a Guadalupe Caballero, trabajadora de estas compañías.

Uno de los grandes debates ha girado en torno a los trabajos online prestados por las empresas de De Pedro para mejorar la reputación en internet de Isabel Carrasco y Marcos Martínez Barazón. La Fiscalía consideraba que usaban recursos públicos para su beneficio particular, pero los magistrados han concluido que no se ha probado que esas labores “tuvieran una dimensión puramente personal”, sino que se encontraban relacionadas con el puesto que tenían como presidentes de la Diputación: “A juicio de esta Sala, resulta indiscutible que el nombre de la persona y del cargo son indisociables”.

“Cuando estamos hablando de personas que ostentan un cargo público, y si este es de naturaleza política más aún, resulta especialmente difícil disociar, en el ámbito de las redes sociales, la persona misma del cargo que ocupa, y más aún cuando se trata de potenciar su imagen pública”, apostilla la sentencia, que remacha: “Del análisis de las distintas periciales se concluye que no existen datos claros y evidentes de que esas publicaciones tuvieran un carácter privado o personal, sino predominantemente institucional, [...] máxime cuando todas esas noticias estaban relacionadas directa o indirectamente con la actividad pública de tales personas, no habiéndose encontrado ninguna que se refiera a su vida particular o actividades estrictamente personales”.

En este vista oral se abordó la parte del caso Púnica relativa a la provincia de León. Todavía quedan por enjuiciar las líneas de investigación centradas en Murcia y en la Comunidad de Madrid.