Una comisión del Parlamento Europeo reclama a España una investigación “completa y justa” sobre el espionaje con el software Pegasus

La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el espionaje ilegal con programa informático Pegasus ha reclamado este lunes a España que lleve a cabo una investigación “completa, justa y exhaustiva” sobre los seguimientos a dirigentes independentistas catalanes por parte de las autoridades españolas y también sobre miembros del Gobierno —un caso por el que se ha apuntado a Marruecos— a la que se pueda sumar la agencia europea Europol. La comisión, que asume que “las autoridades” españolas espiaron a decenas de líderes secesionistas recomienda además al Gobierno que inicie lo antes posible la reforma de la ley de Secretos Oficiales y el control del CNI, que ya anuncio el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, en mayo del año pasado.

La Comisión no reclama la prohibición en la UE del software espía ideado por una compañía israelí cuyo uso por parte de Gobiernos europeos ha sacudido a la Unión. Tampoco pide una moratoria, a la que habían instado algunos grupos y organizaciones de derechos civiles, sino que exige que el programa —que permite al espía escuchar a través del móvil infectado, controlar la actividad online y los datos y también activar la cámara del teléfono sin que el espiado se entere— se emplee de manera “legal” y que el paraguas que ampara su uso bajo el argumento de “seguridad nacional” sea más claro, transparente y acotado para evitar abusos.

Las recomendaciones aprobadas este martes por una mayoría de los grupos políticos son la conclusión de un polémico informe de la misma comisión de la Eurocámara, impulsado por la holandesa Sophie in ‘t Veld (liberal, del grupo Renew), muy criticado por su falta de pruebas y poca solidez y también por la ausencia de otros actores como Rusia, en el caso español señalada en varias investigaciones —entre ellas, la de otra comisión del Parlamento Europeo— por sus contactos y reuniones con representantes del secesionismo catalán. El documento, que describe el supuesto uso del software espía en varios países de la UE —España, Grecia, Chipre, Polonia y Hungría— ha sido desde el primer momento un campo de minas político en el Parlamento Europeo y en algunos de los Estados miembros, como en España.

En los capítulos dedicados a España, el informe asume que “las autoridades españolas” sometieron a escuchas a 65 independentistas catalanes, 18 de ellos con autorización judicial —como admitió el CNI— para unas escuchas cuya proporcionalidad el informe pone en duda. El documento aprobado este lunes tras 14 meses de trabajo, incide en que el seguimiento fue realizado especialmente durante momentos de “relevancia política”. Para esta y otras concusiones, el texto se apoya casi exclusivamente en recortes de prensa y en el informe de Citizen Lab, un grupo de analistas vinculado la Universidad de Toronto (Canadá), que aseguraba que 63 personadas relacionadas con el independentismo catalán habían sido supuestamente atacadas con Pegasus.

El documento, tan politizado que se quedará en la comisión y no irá al Pleno del Parlamento Europeo, donde el próximo junio solo se votarán las recomendaciones que ha alumbrado, reclama que las 18 personas espiadas con autorización del CNI puedan consultar el informe que dio lugar a esas pesquisas. Los miembros de la comisión europarlamentaria Pegasus, que visitaron España en marzo, ya reclamaron a las autoridades más cooperación.

La eurodiputada catalana de ERC Diana Riba se ha mostrado relativamente satisfecha con el informe y con las recomendaciones y se felicita por haber logrado que se mantenga el término “catalangate” en los documentos y por la eliminación de la mención a las conexiones con Rusia. Mientras, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas se ha mostrado muy crítico con el informe de la comisión. “Denunciamos las mentiras sobre las que se han construido las recomendaciones, pero, sin embargo, las apoyamos porque, como cualquier [partido] demócrata, Ciudadanos no quiere que ningún ciudadano europeo pueda ser investigado ni espiado ilegalmente”, ha dicho.