Un informe preliminar del Parlamento Europeo critica a España por no dar información sobre el ‘caso Pegasus’

Un informe preliminar del Parlamento Europeo —aún no sometido a votación— sostiene que España fue “probablemente” el “primer cliente” en la UE de la compañía israelí que vende el programa informático espía Pegasus, cuyo uso por parte de gobiernos europeos ha sacudido a la Unión. El documento, elaborado durante seis meses por un equipo de la comisión de seguimiento sobre este asunto, habla de dos posibles actores espías en el caso español. Por un lado, el Gobierno de España, a quien el informe señala —sin aportar pruebas— como autor de las escuchas a 65 independentistas catalanes destapadas por el centro canadiense Citizen Lab, especialmente durante momentos de “relevancia política”. Por otro, el texto apunta a Marruecos como “potencialmente responsable” de espiar con Pegasus al presidente español, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles y a otros miembros del Gobierno, así como al presidente francés, Emmanuel Macron. El documento, de más de 150 páginas, que analiza también los casos griego, polaco o húngaro, critica a las autoridades españolas por no brindar información alegando razones de seguridad nacional.

El informe destaca que, en mayo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitió haber intervenido años atrás, con autorización judicial, los teléfonos móviles de 18 líderes independentistas catalanes (entre ellos, el del hoy president, Pere Aragonès). Lo hizo, según había detallado pocos días antes EL PAÍS apoyándose en fuentes próximas al servicio secreto, con el programa Pegasus, de la firma israelí NSO Group, adquirido por el CNI a mediados de la pasada década por unos seis millones de euros. El programa espía no solo permite interceptar las comunicaciones realizadas a través de los móviles, sino también acceder a su memoria e incluso controlar a distancia su cámara y micrófono.

Un mes antes de que el CNI admitiera ese espionaje legal a 18 personas, el centro Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá), había denunciado que 65 independentistas catalanes habían sido espiados con Pegasus (sin señalar a los posibles autores, aunque subrayando que el programa es adquirido por gobiernos). Era el llamado Catalangate. El Gobierno español y el CNI negaron estar detrás de ese caso.

Ahora, el informe preliminar de la Eurocámara, redactado principalmente por la eurodiputada neerlandesa Sophie in’t Veld (Grupo Renew Europe, en el que se enmarca Ciudadanos), sostiene que las autoridades españolas espiaron a los “objetivos catalanes” en relación el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y los disturbios posteriores. Y añade: “El Gobierno español probablemente fue el primer cliente de la UE del grupo NSO”. Esos “objetivos” espiados fueron “parlamentarios catalanes, miembros del Parlamento Europeo, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y algunos familiares y personal relacionado con esas víctimas”.

Sin pruebas

El informe, que debe pasar ahora por un proceso de enmiendas de los grupos parlamentarios dentro de la comisión —que probablemente lo modificarán, dada la incomodidad de algunos partidos con el contenido del documento— y luego votarse en el pleno, no proporciona ninguna prueba propia, sino que se limita a guiarse por las informaciones publicadas en prensa, los trabajos de organizaciones externas como Citizen Lab y algunas audiencias públicas en la comisión. La eurodiputada ponente ha alegado que la información que dan los Ejecutivos, por ejemplo el español, es muy escasa. “El Gobierno no da información”, ha protestado Sophie in’t Veld en la presentación del informe ante la prensa este martes: “Si creen que las asunciones [que hace el informe sobre la autoría del espionaje] son equivocadas, que presenten información”, ha dicho. “Estaría encantada de tener información del Gobierno. Pero, si no nos la dan, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos callados? Aunque falten piezas del puzzle, se puede ver la imagen”, ha zanjado.

El espionaje a los independentistas catalanes coincidió, según el informe, con “momentos de relevancia política, como casos judiciales [contra ellos], mítines y comunicación con líderes catalanes que viven fuera de España”. Incluía, por ejemplo, las comunicaciones abogado-cliente de un independentista encarcelado en vísperas de su juicio, contactos entre compañeros o comunicaciones relativas a la toma de posesión de escaños en el Parlamento Europeo, dice el texto.

La eurodiputada ponente del informe sobre el caso Pegasus y otros programas de espionaje, que en países como Grecia ―donde se ha señalado al Gobierno por espiar a periodistas y políticos de oposición— han desatado una auténtica tormenta política, ha insistido en criticar la falta de información proporcionada por las autoridades españolas. “La situación en España es delicada, tenemos poca información oficial”, ha incidido Sophie in’t Veld. “Vemos que hay indicaciones fuertes de que han sido espiados políticos sin suponer una inminente amenaza a la seguridad nacional. Pido a las autoridades más información para evaluar la situación”.

El informe sostiene, además, que, a pesar de que la legislación española recoge la necesidad de contar con autorización judicial para ordenar un pinchazo telefónico, “todavía parece haber una laguna importante” en la ley en lo referido a la capacidad de Pegasus de revisar comunicaciones anteriores a dicho permiso. “Incluso con el requisito legal de estipular específicamente la duración de la vigilancia antes de la autorización, esto no contempla el hecho de que, una vez que un dispositivo está infectado con software espía, es posible revisar retroactivamente comunicaciones y datos anteriores de una manera que no es posible con las medidas tradicionales de vigilancia”, apunta.

El texto ha causado un gran revuelo en el seno mismo de la comisión de investigación, cuyo presidente ha salido a recordar que todavía no es el documento final ni tampoco la posición oficial de la comisión, sino que ahora se abrirá a un proceso de debate en grupo. El informe critica duramente el papel de los gobiernos a la hora de responder públicamente ante este escándalo. Habla incluso de una omertà —la ley del silencio en la mafia— en el seno del Consejo de la UE, que reúne a los Veintisiete. “Hasta la fecha, el Consejo Europeo no ha respondido pública o sustancialmente al escándalo. Algunos de sus miembros tienen interés en el asunto, ya que ellos mismos pueden ser cómplices de los hackeos ilegítimos, o simplemente desean mantener a la UE débil e impotente en esta área. La omertà y la falta de cooperación del Consejo no presagian nada bueno para futuras iniciativas regulatorias. El Consejo es un legislador, pero bien puede ser reacio a regular a sus propios miembros”, dice el documento.

“Celebramos el toque de atención”

La presentación del borrador ha coincidido con la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo catalán. “Celebramos el toque de atención que se ha hecho al Gobierno español y queremos poner de relieve que se incluye a los 65 afectados, no solo a los 18 que admiten las autoridades [y que tenían autorización judicial]”, ha asegurado la consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret. A la espera de las conclusiones definitivas, la republicana ha subrayado que el texto “deja clara la relación entre el espionaje y la celebración del 1-O” y “la falta de colaboración del CNI en la investigación”, informa Camilo S. Baquero.

La consejera, sin embargo, ha dicho que el Govern seguirá trabajando “con poco ruido y seriedad” para que se disponga de garantías de solución el caso como, por ejemplo, la puesta en marcha del protocolo para responder a estos casos que propone el borrador. El president Pere Aragonès, uno de los investigados mediante el software con permiso de la justicia, también ha reaccionado a lo sucedido en la Eurocámara. “En una democracia no se espía al adversario político. Hay que llegar al fondo de la cuestión por justicia y dignidad política”, ha tuiteado. La portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, ha revelado además que ahora será la Audiencia Nacional la que decida sobre la querella que el president presentó el pasado 6 de julio contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban.