El juez del ‘caso Pegasus’ reprende a Israel por no informar sobre el fabricante del programa espía

El juez del caso Pegasus, que investiga los presuntos espionajes a miembros del Gobierno en 2021 con el programa de intrusión telefónica israelí, ha pedido a los ministros cuyos teléfonos fueron infectados (Margarita Robles, de Defensa, y Fernando Grande-Marlaska, titular del Interior) que aclaren cómo quieren testificar, si presencialmente, en remoto o por escrito. En un auto hecho público este miércoles por la mañana, José Luis Calama reclama también al Gobierno de Israel que conteste a la comisión rogatoria emitida el pasado 5 de mayo y remita informes que considera “esenciales para la causa” sobre la empresa NSO Group, fabricante del software espía. El magistrado revela que el Gobierno no va a desclasificar ningún documento sobre este asunto, porque “los Informes realizados por el CNI no contienen elemento alguno que se encuentre clasificado ni como secreto ni como reservado” porque no comprometen “la seguridad del Estado, ni las fuentes, medios y procedimientos” de la Casa.

El objeto principal del auto es, en principio, aclarar cómo van a declarar los ministros antes de fijar la fecha. Pero el escrito dedica más espacio a reclamar la contestación de Israel y a explicar el porqué de la no desclasificación de documentos que a dicho emplazamiento. El magistrado ha mandado un recordatorio al Gobierno israelí para que conteste de una vez a la comisión rogatoria, una gestión que fuentes jurídicas ven poco menos que imposible que cumplimenten las autoridades hebreas. Calama recuerda que acordó reclamar la información en mayo, y que un mes después amplió para pedir permiso a los jueces de Israel para visitar el país y tomar declaración, como se pedía desde el principio, al consejero delegado de NSO Group.

El magistrado explica que el pasado 24 de agosto recibió una notificación del Ejecutivo, en la que se le informaba de que no desclasificaría ningún documento del CNI sobre el caso Pegasus porque los análisis realizados al respecto por el servicio de inteligencia no comprometen la seguridad del Estado. Este criterio afectaría a los dos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el hackeo de los teléfonos de los titulares del Interior y Defensa, a los que se comprobó que alguien accedió usando el programa Pegasus.

Robles ya avanzó en declaraciones a los periodistas a principios de agosto su intención, y la del titular de la cartera del Interior, de declarar ante el juez Calama por escrito, como ya lo hiciera en su día Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. “Nuestra idea es hacerla por escrito porque la ley permite esa posibilidad. Queremos colaborar plenamente con la justicia”, indicó Robles a su llegada a la base de Torrejón de Ardoz, aunque la ministra de Defensa aseguró que ella y Marlaska, como perjudicados por el espionaje a sus teléfonos, “poco” pueden aportar a la causa.