El juez amplía la investigación por los presuntos espionajes a miembros del Gobierno con Pegasus

El juez José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ha ampliado las pesquisas del caso Pegasus, donde investiga los presuntos casos de espionaje a miembros del Gobierno con el programa informático israelí. Según ha informado el órgano judicial, el magistrado se centraba hasta ahora en las intrusiones en los dispositivos móviles de Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, y Margarita Robles, ministra de Defensa. Pero ha acordado este miércoles extender el radio de acción tras recibir una ampliación de denuncia de la Abogacía del Estado, que relata los ataques detectados también contra los teléfonos de los responsables de las carteras de Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas respectivamente.

Calama adopta esta decisión tras recibir el escrito de la Abogacía del Estado, que se basa en los informes del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según la Audiencia Nacional, estos documentos aseguran que Planas y Marlaska sufrieron los ataques de Pegasus en junio de 2021, al igual que la ministra Robles. El móvil de Sánchez resultó “infectado”, en cambio, en mayo del pasado año.

El Gobierno movió ficha este martes y confirmó en público que, además de los teléfonos del presidente y de la responsable de Defensa, el dispositivo del ministro de Interior también había sufrido una intrusión. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, añadió que Luis Planas fue víctima de un “ataque fallido” perpetrado en junio del año pasado, en plena crisis migratoria con Marruecos. El resto de miembros del Gobierno no han sido asaltados por Pegasus, según los informes de La Moncloa, que encargó un estudio sobre la seguridad de todos los teléfonos móviles de los miembros del Gobierno.

La investigación judicial del caso Pegasus se encuentra actualmente bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional. Calama, que ya ofreció a Sánchez y Robles personarse en la causa, adoptó esta medida tras recibir la petición de la Fiscalía y para evitar que pueda “comprometerse de forma grave el resultado de la investigación”. El instructor valoró que, como resultado de las pesquisas, pudiera manejarse en la causa “información sensible, que puede estar legalmente clasificada” y que pueda “comprometer gravemente la seguridad del Estado”.

La dimensión política

Mientras Calama avanza en sus pesquisas, la intrusión en los móviles del Gobierno se ha sumado a la tormenta política que arrecia sobre el Ejecutivo a raíz de los estudios de Citizen Lab, un grupo de analistas vinculado la Universidad de Toronto (Canadá). Estos denunciaron que 63 personadas relacionadas con el independentismo fueron supuestamente atacadas con Pegasus. Paz Esteban, recién destituida como directora del CNI, confirmó la pasada semana que el Centro Nacional de Inteligencia había espiado de forma “legal” y bajo autorización judicial a 18, entre ellos el actual presidente catalán, Pere Aragonès (ERC).

Esta crisis política se ha cobrado ya la cabeza de Paz Esteban, cesada esta misma semana por el Gobierno. El propio presidente Sánchez ha asegurado este miércoles en el Congreso que la salida de la directora del CNI responde a “un fallo grave en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno”. Es decir, según él, no se debe al espionaje a los independentistas, sino al descubrimiento de que su teléfono, así como los de Robles y Grande-Marlaska, fueron infectados con el programa espía Pegasus.