El juez del ‘caso Pegasus’ ordena al CNI que guarde el volcado del móvil de Sánchez y de tres ministros

El juez José Luis Calama, que investiga la presunta infección de los móviles de miembros del Gobierno con el software espía Pegasus, ha ordenado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que conserve y ponga a su disposición el volcado que hizo de los móviles del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de tres de sus ministros: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, titulares de Defensa, Interior y Agricultura, respectivamente. El magistrado subraya que, cuando la Abogacía del Estado denunció los hechos, se basó en sendos informes confeccionados tras analizar los teléfonos de los afectados.

“Es por ello que surge la necesidad de retener y conservar los efectos o instrumentos relacionados con el delito instruido en la presente causa”, apunta Calama en una resolución dictada este miércoles, donde añade: “Procede acordar la conservación, a disposición de este órgano judicial, de todos los volcados de información verificados sobre los terminales telefónicos referenciados, así como de cuanta información haya podido ser extraída de ellos, y de los informes de toda clase, sean preliminares, definitivos, o de cualquier otro tipo, elaborados al efecto”. El juez considera que el material obtenido de los móviles puede constituir una prueba clave para avanzar en las pesquisas.

El caso Pegasus arrancó en mayo, cuando Calama recibió una denuncia de la Abogacía del Estado por la intrusión con el software espía israelí en los móviles de Sánchez y Robles. Las pesquisas se ampliaron posteriormente tras detectarse más presuntos ataques contra los dispositivos de Grande-Marlaska y Planas. La causa se encuentra parcialmente secreta y el juez ha citado a declarar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha decidido responder por escrito a las preguntas del instructor —opción a la que pueden acogerse los miembros del Gobierno—.

En otra resolución dictada esta semana, el juez ya afirmó que el presunto robo de datos de los móviles del Gobierno no es solo una cuestión que afecte a su intimidad y abrió la hipótesis de que se hubiera sustraído información que afecte a la seguridad nacional, ya que la ministra de Defensa es una de las perjudicadas. Antes, el magistrado ya había indicado que, como resultado de las pesquisas, pudiera manejarse en la causa “información sensible, que puede estar legalmente clasificada” y que pueda “comprometer gravemente la seguridad del Estado”.

El Gobierno denunció esta intrusión en los teléfonos de Sánchez y sus ministros cuando afrontaba una enorme tormenta política. Citizen Lab, un grupo de analistas vinculado la Universidad de Toronto (Canadá), había denunciado que 63 personadas relacionadas con el independentismo fueron supuestamente atacadas con Pegasus. La entonces directoral de CNI, Paz Esteban, tuvo que dar explicaciones en el Congreso. Después, fue cesada. Sánchez aseguró que su salida respondía a “un fallo grave en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno” y que, por tanto, no se debía al espionaje a los secesionistas.