El juez del ‘caso Pegasus’ rechaza la personación de la Generalitat por carecer de legitimación

José Luis Calama, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha rechazado este miércoles que la Generalitat de Cataluña ejerza la acusación popular en el caso Pegasus. El magistrado, que mantiene abierta una investigación sobre el presunto espionaje en 2021 a miembros del Gobierno con el programa informático israelí, argumenta que “las personas jurídicas públicas” no pueden ejercer la acción popular. El Govern adoptó esta iniciativa a raíz de que Citizen Lab, un grupo de analistas vinculado la Universidad de Toronto, denunciara que 63 personas relacionadas con el independentismo fueron también supuestamente atacadas con Pegasus.

La portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, informó la pasada semana que el Govern había decidido dar este paso para poder tener “más información” del caso y “proteger” los intereses de la Generalitat. De hecho, la abogada de la Administración autonómica pidió a Calama que le facilitase una copia de las actuaciones —aunque actualmente se encuentran bajo secreto de sumario— y recalcó la “gravedad extrema” de las actividades bajo sospecha, que suponen un “ataque a los derechos fundamentales de las personas afectadas”.

Sin embargo, a través de un auto de tres páginas fechado hoy, el juez rechaza la personación de la Generalitat. Calama basa su decisión en la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. “Actualmente, no hay habilitación legislativa general para que las personas jurídicas públicas ejerzan la acción popular”, destaca el magistrado, que añade: “Por razones de coherencia interna del sistema, si las entidades jurídico-públicas defienden intereses públicos cuando actúan como acusación popular, para esa defensa ya se cuenta en el proceso penal con la figura del Ministerio Fiscal”.

El juez responsable del caso Pegasus remacha: “Los derechos del acusado podrían verse seriamente afectados, pues el acusado debería defenderse frente a dos entidades públicas, el Ministerio Fiscal y la persona jurídico pública, que no son ofendidas por el delito y defienden intereses similares. En definitiva, mediante el uso generalizado de la acción popular se llegaría a generar una acción pública alternativa”. La Generalitat dispone de tres días para recurrir ante el propio magistrado; y de cinco días para acudir en apelación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Los ministros ‘atacados’

A principios de mayo, Calama abrió el caso Pegasus tras recibir una denuncia de la Abogacía del Estado por la intrusión con el software espía israelí en los teléfonos móviles de Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, y Margarita Robles, ministra de Defensa. Las pesquisas se ampliaron posteriormente tras detectarse más presuntos ataques contra los dispositivos de los titulares de Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. La causa se ha declarado secreta.

El 27 de abril, la Generalitat sí consiguió personarse como acusación en el caso Triacom, una línea de investigación derivada del caso 3% abierta en la Audiencia Nacional, donde se persigue la presunta financiación irregular de la extinta Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) a través de Triacom, una productora audiovisual que trabajó con frecuencia para la televisión pública de la comunidad, TV3. En ese caso, el Govern actúa como acusación particular, al estar directamente afectado por el desfalco de fondos, y no como acusación popular —como ha pretendido en el caso Pegasus—.