La ley de vivienda da paso al final de la legislatura: El Gobierno cree que aún tendrá “tiempo y votos” para aprobar 14 proyectos

“Hito” y “cambio de paradigma”. Fueron las expresiones más utilizadas por los representantes del Gobierno y sus socios para definir la importancia de la primera ley de vivienda de la democracia aprobada este jueves en el Congreso. El mandato ha sido pródigo en normativa, con más de 210 proyectos impulsados por la mayoría progresista generalmente sin excesivos problemas, pero complejo en lo político y por circunstancias externas excepcionales. En el Gobierno se resisten a reconocer que la legislatura está en la práctica acabada, pese a varias señales ilustrativas. Si el mandato se estirase al máximo, hasta el 10 de diciembre, aún podrían convocarse hasta 10 plenos completos de la Cámara baja. El Ejecutivo defiende que tiene aún “tiempo y votos” para intentar que prosperen una quincena de propuestas pendientes. Algunos socios empiezan a desmarcarse y acentuar sus diferencias ahora con el PSOE en precampaña por su forma de gobernar.

Hay muchos signos evidentes y también menos claros que empiezan a delatar el final de una legislatura. También en las Cortes. Los partidos que forman parte del Ejecutivo aceleran proyectos pendientes para sacarlos adelante antes de que se contaminen o bloqueen por el clima de campaña electoral. Las distintas formaciones de la coalición gubernamental, y sus socios, se afanan por apuntarse los méritos en las reformas, especialmente las sociales y más cercanas a la ciudadanía, y por alejarse de los errores. Y, en España, el PNV, que lleva lustros siendo un partido básico para cualquier gobernanza, lanza sus propias señales, con sus códigos. Eso hace ya unas semanas que ha comenzado a pasar.

Hace poco más de un mes, en una sesión semanal de control al Gobierno, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al que se considera uno de los diputados más cabales de la Cámara, aprovechó una pregunta teóricamente rutinaria prevista para la entonces ministra de Sanidad para arremeter con dureza contra las ausencias recurrentes del presidente y de otros ministros y los cambios de última hora y sin justificar debidamente en los titulares de las contestaciones a las cuestiones registradas. Una queja habitual por parte del PP, pero menos frecuente en el PNV. Esteban, muy “indignado”, remató: “Esto no es serio”.

En las semanas siguientes el PNV ha virado a posiciones muy críticas con el Ejecutivo por la falta de información directa sobre asuntos tan relevantes como la relación bilateral con Marruecos, la contrarreforma de la ley de libertad sexual o del solo sí es sí y, este jueves, la falta de negociación para pactar la ley de vivienda, en detrimento en ese caso de lo que sí se habló con ERC y, sobre todo, con EH Bildu, sus rivales políticos en Euskadi. Los juicios muy negativos sobre las formas a la hora de negociar del Gobierno, y en particular del PSOE, con propuestas que llegan muy a última hora y con poca información previa, son cada vez más frecuentes también por parte de otros socios o aliados más o menos recurrentes.

En el grupo parlamentario socialista, sin embargo, las niegan. Su secretaria general, Isaura Leal, hasta presumió este martes de que el “hito” de la aprobación de la primera ley de vivienda de la democracia se podía mostrar como “ejemplo” de su disposición al diálogo y el consenso. La norma prosperó con 176 votos a favor, justo la mayoría absoluta, pero con cierto suspense, ante los desmarques de partidos normalmente aliados, como PNV o PDeCAT. Tras el debate, PNV, PDeCAT y JuntsxCAT, que en este mandato no han funcionado como un triunvirato y han estado bastante distanciados, comparecieron juntos para arremeter contra la ley, contra el PSOE y, sobre todo, contra los socios ahora más preferentes: ERC y EH Bildu.

La ley de vivienda, muy discutida a lo largo de los últimos tres años, prosperó con la votación de este jueves en el Congreso. Y es más que posible que se haya convertido en uno de los compromisos pendientes que marque el final del mandato y abra la puerta a esa fase final y más turbulenta de todas las legislaturas desde la restauración de la democracia. Esa es la sensación más generalizada en el Congreso y la que dejó incluso el interés del presidente Sánchez por improvisar una comparecencia tras esa votación para remarcar su trascendencia.

El PSOE, oficial y públicamente, no reconoce que la legislatura está en su final. Fuentes socialistas del Gabinete destacan así que aún queda “tiempo, trabajo y votos” para intentar mover hasta las elecciones generales diferentes proyectos y leyes en trámite. Y citan casi una quincena: movilidad sostenible (promueve un sistema de transportes más eficiente); cine; universalidad de la sanidad pública; agencia de salud pública; eficiencia organizativa de la justicia (para superar las brechas de acceso público a la Justicia y reforzar el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva); eficiencia procesal (para agilizar estructuralmente la actividad de Justicia); familias (para garantizar el pleno reconocimiento jurídico de todo tipo de familias a través de los distintos servicios sociales); industria (para impulsar la digitalización, sostenibilidad medioambiental y la economía circular y la autonomía industrial); prevención de desperdicios alimentarios; servicios de atención al cliente (para mejorar los derechos de los consumidores); oficina de derechos de autor; autoridad independiente para investigar accidentes; mecenazgo (que incorpora la prestación de servicios como nuevo mecanismo de colaboración con las ONG, permite una contraprestación de un máximo de 25.000 euros e incrementa los porcentajes de deducción); o derecho de defensa (para dar más garantías de que ese derecho es interpretado correctamente, de una manera más democrática y moderna). Otras fuentes socialistas admiten que lo que no haya prosperado antes de la cita con las urnas del 28-M será muy complicado que salga durante los pactos poselectorales de junio o ya en los pocos plenos de septiembre.

El calendario oficial de trabajo del Congreso, con la previsión de las campañas y sus efectos postelectorales, los periodos sin sesiones y las vacaciones, limita a su vez bastante las opciones. Hasta las elecciones del 28-M habrá solo dos sesiones plenarias, seis en total antes de que acabe formalmente este periodo de sesiones a finales de junio (julio, que es inhábil, se suele habilitar casi siempre) y 10 como máximo si el mandato se estira hasta el teórico límite el 10 de diciembre. Las Cortes deberían disolverse entonces el 16 de octubre.

El socio de la coalición, Unidas Podemos, también está emitiendo sus propios avisos desde dentro del Ejecutivo y en el Congreso sobre cómo afrontar este periodo. Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, lo explica de manera gráfica: “Discrepamos fuertemente con el planteamiento del PSOE según el cual el Gobierno debe abordar ahora los problemas a cuentagotas y en función de las campañas. Nosotros pensamos que la mejor manera de aumentar las probabilidades de que pueda haber una reedición de la coalición pasa por tomar medidas valientes que aborden los problemas más graves que vive la ciudadanía y hagan honor a la confianza que la mayoría progresista depositó en nosotros en 2019”.

Unidas Podemos aboga por gobernar hasta el último minuto y defiende que celebrar los “avances” o hitos conseguidos es perfectamente compatible con señalar un importante número de retos que quedan por hacer, algunos urgentes. Echenique se pone deberes: “Aprobar la ley de familias para reconocer y proteger todos los modelos y no solamente el estrecho que defiende la derecha; poner un tope a las hipotecas variables cuya cuota está subiendo centenares de euros al mes en cada revisión debido a la escalada del euríbor; topar el precio de la cesta básica de alimentos o bonificarla; aprobar una ley de equidad que ponga límites a la privatización de la sanidad pública para protegerla y aumentar su calidad; desbloquear la ley de salud mental para que haya ratios de profesionales sanitarios en nuestro sistema público comparables a los vecinos europeos y la gente no tenga que esperar meses para ir al psicólogo o al psiquiatra; regularizar al aproximadamente medio millón de vecinos en situación administrativa irregular...”.