Inquietud en Bruselas ante los ataques del PP a la Comisión Europea

Es un desmentido fulminante: el hijo del ministro español de Agricultura, Luis Planas, no trabaja en el expediente de Doñana y, por tanto, no hay conflicto de interés alguno pese a que esté empleado en la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea. Así de categórica ha respondido la Comisión Europea al último ataque de un PP indignado por las reiteradas advertencias comunitarias en contra de la proposición de ley andaluza para regularizar regadíos ilegales en el entorno del parque natural. Este tipo de desmentidos oficiales son muy inusuales y constituyen una muestra del resquemor e inquietud crecientes en Bruselas ante unos ataques políticos que pocos se esperaban desde un partido de un país con credibilidad democrática probada como es España, ni de un grupo político respetado internacionalmente como es el Partido Popular Europeo (PPE). “Esto es antieuropeísmo de manual”, advierten quienes creían haberlo visto todo ya en la capital de la UE.

“Ante las acusaciones contra un trabajador de la Comisión, indicamos que, en línea con nuestros procedimientos, el trabajador en cuestión había revelado su situación personal en una ‘declaración de conflicto de intereses”, ha indicado un portavoz del Ejecutivo europeo en referencia a Luis Planas Herrera. El hijo del ministro de Agricultura español es asistente en Bruselas de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión, Florika Fink-Hooijer, que es quien sigue el expediente de Doñana y ha lanzado reiteradas advertencias a España para que cumpla la sentencia sobre el parque natural del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 2021.

El jueves, el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, afirmó que las críticas del comisario de Medio Ambiente —bajo el que trabaja Fink-Hooijer—, Virginijus Sinkevičius, a la proposición de ley se explican porque es el hijo del ministro Planas quien “hace los papeles y contesta” en su nombre. “¡Hombre, verde y con asas!, todo está unido”, ironizó Sanz.

Las tareas encomendadas a Planas hijo “tienen en cuenta” su situación “para evitar cualquier actual o potencial conflicto de interés. Podemos confirmar que no ha estado involucrado en la cuestión de Doñana”, zanja la respuesta oficial de la Comisión, inusual por lo rápida y contundente que ha sido.

A pesar de la contestación de la Comisión, la dirección del PP se reafirma en cuestionar la actuación de la institución comunitaria con el expediente sobre Doñana, sembrando dudas sobre la imparcialidad del comisario de Medio Ambiente, igual que hizo este jueves la Junta de Andalucía. “¿En qué sentido se inhibió el hijo de Luis Planas?”, inquieren fuentes oficiales del PP. “La Comisión se ha pronunciado en tiempo real sobre un proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado, solo su toma en consideración, y de forma preventiva. Además, ahí trabaja el hijo del ministro de Agricultura. Todo eso nos genera suspicacias”, insisten las mismas fuentes.

En el equipo de Alberto Núñez Feijóo defienden que, en todo caso, la crítica la ha formulado la Junta de Andalucía y no la dirección nacional del PP, aunque comprenden las dudas de sus compañeros de partido andaluces y respaldan sus críticas. Pero Feijóo, inciden, no ha ido contra la Comisión en ningún caso y solo ha respaldado a Manfred Weber, líder del PPE, en su cuestionamiento del comisario de Medio Ambiente. “Los comisarios no son sumos pontífices, se puede discrepar de ellos”, subrayan fuentes del PP.

A la polémica ha respondido también el ministro Planas, que ha tachado de “bajeza” las insinuaciones del consejero de Presidencia de la Junta. “Que el número dos del Gobierno andaluz, con absoluta ignorancia, sabiendo perfectamente que está mintiendo, sea capaz de meterse con una persona que no puede defenderse porque es un funcionario europeo por oposición hace ocho años […] una persona absolutamente recta y que nada tiene que ver con el expediente, muestra que el PP está desesperado”, ha dicho en una entrevista en TVE. Antes, Luis Planas enfatizaba: “La propuesta de PP y Vox es una propuesta ilegal, va en contra de la sentencia y de la directiva marco del Agua y Hábitat y evidentemente contra la posición de la Comisión Europea. Es incluso ilegal desde el punto de vista constitucional español, porque se arroga una competencia en materia de aguas que es del Estado y no de la comunidad autónoma […]. Yo creo que es un auténtico disparate, lo he calificado en más de una ocasión, y lo que debería hacer el Gobierno andaluz es pensárselo dos veces, dar un paso atrás y retirarlo”.

En un acto electoral en A Coruña, Sánchez ha elevado este viernes la postura del PP sobre Doñana a un símbolo de lo que España “tiene que dejar atrás definitivamente”. El partido de Feijóo está “contra todos”, “peleado con la ciencia, con los regantes que tienen legalizados sus regadíos, con las sentencias europeas y con la Comisión Europea”: “Lo grave es que dañan la reputación” de España, ha subrayado. Según el presidente del Gobierno, la derecha está en manos de “políticos negacionistas por acción u omisión”: “Solo tienen el insulto, la descalificación, los bulos y la desinformación, no hay proyecto”, ha asegurado, informa Sonia Vizoso.

Es además la tercera vez en tres días que la Comisión tiene que salir a defenderse de los ataques de los conservadores europeos y españoles. Poco después de que el líder del PPE, Manfred Weber, acusara el miércoles a Sinkevičius de ponerse una “camiseta roja” para “hacer campaña para [Pedro] Sánchez”, el propio comisario replicaba, en otro inusual gesto, a través de las redes sociales: “La Comisión actúa como un guardián imparcial de los Tratados y la implementación de las decisiones del TJUE [Tribunal de Justicia de la Unión Europea] es una prioridad”. Además, agregó, “Doñana es importante para España y para la Unión Europea”. Solo 24 horas más tarde, el portavoz de la Comisión, Eric Mamer, salía al paso asegurando que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, de la misma familia política que Weber, pero muy alejada del rumbo que ha emprendido este en los últimos tiempos, “tiene confianza en todos sus comisarios”. Unas palabras neutras, pero que, para quien sepa leer entre líneas en una Bruselas de cara de póquer, son muestra suficiente del hartazgo y enfado que está provocando esta disputa.

“Ataque furibundo”

Este “ataque furibundo” resulta insólito y “totalmente irresponsable”, advierte la eurodiputada gallega Ana Miranda (BNG), que no esconde su estupor pese a decirse acostumbrada a las prácticas del PP: es vicepresidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, presidida por la popular Dolors Montserrat, bajo constantes acusaciones de manipular la cámara para intereses del PP y donde Doñana es tema de discusión desde hace varias legislaturas, recuerda. Este caso “demuestra un comportamiento de que se creen los dueños de las instituciones europeas”, lamenta la parlamentaria afiliada a Los Verdes. Una preocupación compartida por otra veterana de Bruselas, la eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez. En el Parlamento Europeo, dice, hay un consenso de respeto a la Comisión como institución: una vez que se nombra a un comisario, no se le ataca —salvo una actuación flagrante del mismo— ni por su familia política ni por su nacionalidad. “Es una línea roja”, subraya, que ahora se ha traspasado.

La Comisión Europea está bregada en repeler ataques políticos por sus acciones como “guardián de los tratados”. Pero estos suelen venir de países con gobiernos de credenciales democráticas cuestionadas, como el del húngaro Viktor Orbán, cuyas diatribas contra el equipo de Von der Leyen son ya legendarias. Lo que Bruselas no se esperaba era la arremetida contra sus comisarios, trabajadores y hasta la propia institución que ha emprendido de forma coordinada el PPE, el mayoritario en la Eurocámara, junto con el español PP.

Un juego que puede ser peligroso tanto para la credibilidad de las instituciones como para un PPE que juega con fuego, advierten también eurodiputados como el socialista Javi López, para quien se están rebasando los límites del debate políticamente admisible.

“Llevo una década aquí y no había visto nada igual desde España”, asegura López. “Los únicos que han hecho este tipo de ataques a la Comisión Europea, ataques institucionales y a sus funcionarios acusándoles de politización, son partidos eurófobos y antisistema. Orbán y el Gobierno polaco hacen estas cosas, nadie más. Esto sitúa al PP español fuera del perímetro de discusión europeo”, agrega. Y advierte que puede traer consecuencias, porque la trifulca de los conservadores por Doñana “ya se ha convertido en tema europeo”.

También Ernest Urtasun, del grupo europeo de Los Verdes y con dos legislaturas a sus espaldas, considera “inusitada” la situación. Lo que más le preocupa, comenta, es el hecho de que “el PPE empieza a hacer el juego de no respetar las leyes europeas ni la función de la Comisión como garante de la ley europea, que es algo que hasta ahora solo habían hecho los Orban y los Kaczynski”. Se trata, advierte, de una “degradación del PPE muy preocupante hacia lo que es la derecha iliberal europea: ahora ya no solo pactan con ellos, sino que empiezan a utilizar sus propios métodos”.