Ingenieros que cuidan abuelos y maestros que limpian casas

El repiqueteo de una campanilla indicaba al ingeniero Fernando Reyes que debía atender su trabajo. No se trataba de una llamada para acudir a una obra de construcción, ni mucho menos: por ese entonces, en noviembre de 2022, era la señal que usaba una pareja de ancianos, de 84 y 83 años, para avisarle de que requerían ayuda para ir al baño, que les apetecía un vaso de agua o cualquier cosa que necesitaran en ese momento. “No me pude asesorar antes para ver si podía laborar en otra cosa, pero estando en España me decían que, si no tenía papeles en regla, no podía trabajar. Yo sabía que era mi responsabilidad, pero oía esa campanita y me daba cólera. Me levantaba todos los días a bañarlos, lavar la ropa, plancharles, limpiarlos en la noche y luego tenía el mismo día. Se me caía el pelo del estrés”, recuerda Reyes, ingeniero civil hondureño que, como miles de migrantes en España, desempeñan, para sobrevivir, oficios ajenos a su profesión.

El 54% de los migrantes que viven en España ejercen trabajos manuales y de baja cualificación, como camareros, empleados del hogar o peones agrícolas. Y ese dato, recogido en el informe Un arraigo sobre el alambre, elaborado por Cáritas y la Universidad Pontificia de Comillas, no se explica por una brecha en el nivel de estudios entre nativos y extranjeros. La población migrante en España, en contra del estereotipo, tiene unos niveles formativos similares a los de la población española, según muestra el estudio; pero hay barreras, desde los obstáculos para homologar los títulos a la discriminación en el mercado laboral, que lastran la proyección profesional de quienes se establecen en España.

Yasmine Chacón y Juan José Hernández, una pareja de radiólogos salvadoreños que abandonaron su país perseguidos por la pandilla que dominaba su zona, no han podido ejercer su profesión desde que llegaron a España en 2018. De la noche a la mañana pasaron de trabajar en un hospital a limpiar casas y levantar cajas. En 2020 presentaron sus títulos para homologarlos y poder trabajar como radiólogos, pero la homologación ha tardado tres años en llegar. Durante este tiempo, Chacón ha trabajado como empleada doméstica y Hernández, que ahora está desempleado, como mozo de almacén, carretillero y remolcador.

El título que les han homologado, aun así, no es el equivalente a los seis años que estudiaron en la Universidad de El Salvador, sino uno de nivel inferior: el de técnico de radiodiagnóstico, es decir, un grado de tres años. “Ya nos habíamos resignado a que no nos iban a homologar. Si no lo hicieron durante la pandemia, cuando necesitaban personal de salud, menos a estas alturas. Por eso dijimos que era mejor esto que nada”, cuenta con resignación Chacón.

El informe de integración laboral de población extranjera, del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, señala que hay un 12% de trabajadores extranjeros con formación superior empleado en ocupaciones elementales (agricultura, construcción y limpieza, entre otros), frente al 1,8 % de españoles. Es la situación de Josselyn Zúñiga, de 28 años, oriunda de Comayagua (Honduras) y maestra de educación primaria. Cuando llegó a España, en noviembre de 2018, alcanzó a trabajar hasta diez horas al día como interna, atendiendo las necesidades de una familia, y, aunque actualmente trabaja las ocho horas legales en una nueva casa, no ha logrado la homologación de su título. “No estoy ejerciendo mi profesión porque no se me permite. Me dijeron que tuviera paciencia, que me avisarían. La esperanza es lo único, todo llegará en su momento”, mantiene.

Un atasco de 40.000 expedientes

Los problemas en España para la homologación de títulos llegaron a enquistarse, y las esperas para poder ejercer se dilataban años. El pasado noviembre se aprobó una ley para agilizar el proceso y reducir los tiempos de espera. Esa norma determinó que deberán resolverse las peticiones en un máximo de dos meses. Son 37 profesiones las que necesitan homologación, entre las que se encuentran abogados, arquitectos, médicos, maestros de educación infantil o dentistas. Aprobada la ley, el siguiente problema ha sido el atasco de casi 40.000 títulos pendientes de homologación; nueve de cada diez, de Latinoamérica.

El ingeniero civil Fernando Reyes decidió no homologar su título porque precisaba de la ayuda de un gestor que le cobraba 700 euros, que no podía pagar. Después de trabajar como interno, lo hizo en una inmobiliaria durante nueve meses —le pagaban en dinero negro— y regresó a Honduras el 23 de noviembre de 2022 por motivos familiares. Por su parte, los radiólogos Yasmine Chacón y Juan José Hernández, quienes viven en Benifayó, Valencia, dicen que volverán a estudiar en España para añadir cursos a su currículo o adquirir nuevas titulaciones y poder así ejercer su profesión. “Ponemos por encima de todo el bienestar de nuestras hijas. Cuando piensas en ese bienestar, en que ellos no normalicen la violencia de un país, no ejercer tu carrera no es nada”, finaliza Chacón.

Este reportaje ha sido publicado como parte del proyecto “re:framing Migrants in European Media”, apoyado por la Comisión Europea. El proyecto está coordinado por la Fundación Europea de Cultura.