La ruina de Alburquerque: una deuda de 15 millones, impago de nóminas municipales y tres alcaldes en ocho meses

Alburquerque, una localidad de 5.144 habitantes de la provincia de Badajoz, ha vivido uno de los años más convulsos de su historia debido a una importante deuda pública que asciende a casi 15 millones de euros, más de 2.900 euros por vecino. La situación municipal se ha visto empeorada en los últimos tiempos debido al impago de nóminas a todos los trabajadores del Ayuntamiento durante un año, una moción de censura y el paso de tres alcaldes en menos de ocho meses. El último, Juan Carlos Prieto (PSOE), tomó posesión del cargo a comienzos de febrero. Su antecesor, de un partido independiente, renunció porque tenía que pagar de su bolsillo 1.000 euros cada 20 días por una multa heredada de un gobierno anterior por unas obras. Una ayuda de la Diputación de Badajoz ha salvado al nuevo regidor socialista de abonar esa sanción.

En las elecciones de mayo de 2019, el PSOE consiguió mayoría absoluta con nueve concejales, mientras que el partido Independientes por Alburquerque (IPAL) sumó cuatro. La socialista María Luisa Murillo fue investida alcaldesa en sustitución de su compañero de partido Ángel Vadillo, quien había sido regidor desde 1995 y que no se pudo presentar a los comicios debido a una sentencia que lo inhabilitó tras condenarlo por obstrucción a la justicia y amenazas. Los cambios importantes comenzaron a partir de 2021. El impago de las nóminas a todos empleados del Ayuntamiento, junto con el mantenimiento inadecuado de la localidad y el malestar social compusieron un explosivo cóctel. En marzo de 2021, el PSOE de la provincia de Badajoz anunció su pérdida de confianza en Murillo, a la que pidieron que abandonase todos sus puestos de responsabilidad, ya que también estaba en la Diputación.

Las manifestaciones de los empleados municipales en Alburquerque comenzaron a ser más frecuentes durante el 2021, lo cual llevó a que el 10 de mayo del 2022 saliese adelante la moción de censura presentada por IPAL y que prosperó por tres votos a favor de los concejales, críticos con la gestión de Murillo, que se quedaron en el PSOE. Manuel Gutiérrez, candidato del partido independiente, se convirtió así en el nuevo alcalde y con él la población esperaba cambios. El vencedor de la moción explicaba entonces que al entrar en el consistorio se encontró una “situación deteriorada, caótica, de ruina integral, con un Ayuntamiento abandonado a su suerte”.

Poco después de tomar posesión, Gutiérrez solicitó a la Diputación de Badajoz que realizase una auditoría de las cuentas, la cual arrojó que a finales de 2021 la deuda era de unos 12 millones de euros. Esta cuantía ascendió incluso más tras solicitar dinero al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda para pagar a los trabajadores municipales, a los que se debían, en muchos casos, hasta 13 nóminas. Además, el gobierno local pidió otra línea de ayudas de 700.000 euros para el pago a proveedores.

En cuanto a la causa que ha llevado a Alburquerque a arrastrar una deuda de 15 millones de euros, los responsables municipales esgrimen que se debe al elevado número de trabajadores públicos. Fuentes municipales afirman que el Ayuntamiento podría funcionar con 80 a 100 personas, pero llegó a tener hasta 300 empleados. Actualmente son 150. Otros de los gastos que han minado las arcas municipales son las cuatro residencias de mayores con las que contaba, un servicio que suponía más de la mitad de los empleados. “A diferencia de otros municipios, todos los gastos [de estos geriátricos] están sustentados con fondos del consistorio, ya que cuando se abrieron no se realizaron convenios de concertación con otras administraciones”, aduce Gutiérrez. El regidor decidió cerrar una de las residencias debido al excesivo coste del alquiler, 280.000 euros.

El final del mandato de Gutiérrez llegó en enero. Renunció debido a una multa impuesta al Ayuntamiento por unas obras, heredada del periodo anterior y que le obligaba a pagar de su bolsillo 1.000 euros cada 20 días por un periodo ilimitado. El consistorio quedó en una situación anómala, sin ninguno de los concejales decididos a dar el paso de ser el nuevo responsable municipal. Finalmente, Juan Carlos Prieto (PSOE), concejal crítico con María Luisa Murillo, se postuló y salió elegido alcalde. Tras el paso de Prieto, llegó la solución a la multa de la mano de Diputación de Badajoz, gobernada por los socialistas, que informó de que aportará 40.000 euros para solventarla.

Parecía que habían robado el alma al pueblo durante el tiempo de gobierno de Ángel Vadillo

Pepa Bozas, vecina de Alburquerque

Prieto llega a la alcaldía ocho meses después de la moción de censura, el tercer alcalde en menos de un año. “Mi trabajo pasa ahora por seguir las indicaciones y recomendaciones que hicieron desde las administraciones con el plan económico y financiero”, señala. El regidor deduce que Alburquerque es una localidad donde la carga fiscal es inferior a la media de la región, por lo que considera necesario subir los impuestos municipales.

Su objetivo es liquidar la deuda con los trabajadores del Ayuntamiento en la primera quincena de abril, mientras que la de los proveedores se resolverá en torno al mes de mayo. El gobierno local quiere también impulsar un plan de jubilación para la plantilla, ya que, asegura, hay quienes han trasladado su deseo de retirarse. Sobre la ayuda de la Diputación de Badajoz para sortear la sentencia impuesta al alcalde del municipio y el motivo de que no se hiciese con su antecesor, Prieto explica que él se encargó de buscar ayuda y fue el organismo provincial el que le informó de que había un acuerdo del 2020 para otorgar al Ayuntamiento esa cuantía.

El drama de los funcionarios municipales

Uno de los colectivos más afectados por la ruina de Alburquerque han sido los empleados públicos, que no han cobrado su sueldo durante todo 2021. A Pepa Bozas le debían 12 nóminas y dos pagas y en septiembre de 2021 fue despedida sin previo aviso. La empleada recurrió a los tribunales y finalmente ha sido readmitida. Ella tenía ahorros para subsistir, aclara, pero otros compañeros se han visto empujados a buscar un segundo trabajo, recurrir a familiares, dejar a deber la compra en los comercios e incluso pedir ayuda a Cáritas ante la falta de ingresos. En esta tesitura están 200 familias.

Bozas asegura que la vida en el pueblo también se ha visto resentida, con falta de vida social. “Parecía que habían robado el alma al pueblo durante el tiempo de gobierno de Ángel Vadillo”, lamenta. Asegura que no era normal el bajo coste de los servicios municipales: 18 euros al mes la guardería y 500, las residencias.

Ya hay una tutela financiera sobre el municipio para cumplir con las medidas de contención requeridas por el Ministerio de Hacienda. En caso de reincidir, el ministerio podría adoptar las medidas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para restringir progresivamente la autonomía financiera del Ayuntamiento y, si se llega a una situación límite, se procedería a la disolución de la corporación local. Se han reforzado los servicios públicos autonómicos para minimizar los efectos de la grave situación financiera, se ha aplazado el pago de las deudas con la Hacienda regional y se han agilizado los pagos desde la tesorería autonómica.

La Diputación de Badajoz defiende que su actuación en Alburquerque ha sido “permanente, clara y transparente”. Su presidente, el socialista Miguel Ángel Gallardo, destaca que el organismo provincial ha prestado toda la asistencia demandada, no solo financiera, sino también técnica, para diagnosticar el estado real de las cuentas y poder elaborar un plan de acción para solucionar sus problemas financieros.

Respecto al episodio que llevó a la renuncia del anterior alcalde por multa coercitiva, incidían en que la Diputación ha actuado tan pronto como le ha sido requerida la ayuda, lo que no sucedió hasta el pasado 7 de febrero, cuando se registró la solicitud. A pesar de que EL PAÍS ha realizado numerosas solicitudes de contacto tanto con la exalcaldesa María Luisa Murillo como con el exalcalde Ángel Vadillo, no se ha obtenido respuesta alguna.