La okupación de viviendas se frena por primera vez en siete años pese a los discursos alarmistas

Las últimas estadísticas de criminalidad desmontan el discurso alarmista sobre la okupación de viviendas. El número de estas infracciones penales registradas en España en 2022 fue de 16.726, un 3,2% menos que el año anterior, cuando esta cifra se había disparado hasta las 17.274, máximo histórico, según los datos recogidos por el Sistema Estadístico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior y que recopila la información de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas y los cuerpos municipales.

La cifra supone el primer descenso de un fenómeno que ha sufrido un continuo y acusado incremento bajo gobiernos de diferente signo desde 2016, cuando se contabilizaron 9.918 casos. En estas cifras se incluyen tanto los casos de usurpaciones ―referidos a las entradas en pisos vacíos propiedad de bancos o fondos de inversión y que son la inmensa mayoría― como los allanamientos de morada ―en los que lo que se okupa es la vivienda habitual o la segunda residencia de particulares, que representan cifras residuales―. El primer delito está castigado con un máximo de seis meses de cárcel. El segundo, con hasta dos años.

Por comunidades, el descenso alcanza a 12, entre ellas tres de las cuatro más afectadas por este fenómeno, que acumulan el 78% de todas las denuncias, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Así, en Cataluña, donde más denuncias se reciben, con diferencia, se ha pasado de las 7.345 de 2021 a 7.005 del año pasado (un descenso del 4,7%); en Andalucía, de las 2.557 a 2.502 (un 2,2% menos), y en Madrid, de las 1.660 a 1.501 (casi un 10% de reducción). La Comunidad Valencia es la única de las regiones en las que se superan las mil denuncias anuales en las que las cifras han subido en el último año, al pasar de 1.779 a 2024 (un 13,7% más).

El frenazo general en el número de casos ya había sido anticipado por la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual, referida a 2021. Entonces, el ministerio público ya destacaba que los procedimientos incoados ese año por usurpación de inmuebles (9.739) confirmaban “la tendencia a la estabilización” iniciada en 2020 y destacaba que en el periodo analizado solo se había producido la incoación de nueve procedimientos más que el año anterior. Respecto a los allanamientos de morada, la modalidad de okupación que más resonancia mediática tiene y, con ello, más alarma crea, las cifras de la Fiscalía reflejan su carácter excepcional. En 2021 se habían presentado escritos de acusación en 83 procedimientos por este delito.

En la misma línea, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que en 2021 hubo en España 230 condenas por allanamiento ―el dato incluye todas las modalidades de este delito, no solo la okupación―, lejos del pico de 2016, cuando fueron 357 casos. Algo similar recoge en los de usurpación, cuyas cifras revelan que representan la parte principal del problema: en 2021 hubo 4.302 condenados, lejos aún de los 6.757 de 2017, pero muy por encima de los 1.669 condenados en 2013.

La reducción de casos en 2022 que ahora arrojan las estadísticas de Interior es calificada por Antonia Linde, directora del Grado de Criminología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y una de las mayores expertas internacionales en tendencias de la criminalidad, como “anecdótica”, a la espera de ver cómo evoluciona en los próximos años. No obstante, Linde apunta que puede ser un primer síntoma del estancamiento de un fenómeno que hasta ahora no había dejado de crecer. Sobre todo porque entre 2020 y 2021, el incremento había sido de cerca del 17%.

Para Linde, las causas de este frenazo “pueden ser diversas”, y cita entre ellas las actuaciones sociales puestas en marcha por algunos ayuntamientos para combatir la okupación o el efecto disuasorio que ha podido tener el anuncio, por parte del Gobierno, de medidas legales para agilizar los procedimientos para desocupar estos inmuebles y hacer frente a los grupos de criminalidad organizados que han encontrado en esta actividad un lucrativo negocio, como ha desvelado la investigación del caso Squatter tras la desarticulación de una de estas mafias en Barcelona.

Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), incide en este sentido y apunta a otra medida como posible explicación de la reducción: la circular emitida, en septiembre de 2020, por la entonces fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en la que instaba a los fiscales a actuar “con la mayor inmediatez” contra la okupación ilegal de inmuebles mientras se dirime el asunto en los juzgados. “Esta medida provocó que el Ministerio del Interior elaborara poco después un protocolo de actuación para la policía que ha aclarado, como veníamos pidiendo desde hace mucho, qué deben hacer los agentes ante este delito”. Otras fuentes policiales añaden que también han influido los últimos golpes policiales contra grupos organizados que realizan estas okupaciones por encargo para alquilar el inmueble después a terceras personas e, incluso, para instalar en ellos los denominados narcopisos o prostíbulos.

Antonia Linde cree que la mejor medida legal para hacer frente a este fenómeno es “la celeridad judicial” y considera que otras propuestas hechas en los últimos meses por algunos partidos no son efectivas. Entre ellas, sitúa la iniciativa pactada por el PP, Vox y Ciudadanos que planteaba varias modificaciones legislativas para endurecer las penas contra quienes okupan inmuebles ilegalmente y que fue rechazada por el Congreso el pasado octubre. “Diversos estudios han constatado que el populismo punitivo [anunciar en endurecimiento de penas] al que recurren habitualmente los políticos no sirve ni para este ni para otros delitos”, recalca esta experta, que también integra el European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, organismo especializado en el análisis de datos de delincuencia.

La experta tampoco considera eficaces otras medidas, como el teléfono de denuncias contra la okupación de inmuebles puesto en marcha por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el pasado verano, con el argumento de que estos sucesos eran “un fenómeno que genera una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”. Para Linde, este tipo de iniciativas “no son operativas. Si a mí me ocurriera, yo no llamaría. Iría a la policía a denunciar”, añade. Las cifras de llamadas que ha recibido este teléfono en los primeros seis meses de funcionamiento avalan esa impresión: 1.163 llamadas ―seis al día―, de las que 42 se hicieron desde fuera de la Comunidad de Madrid. De todas ellas, solo se dio traslado a la policía del 6%.

Ricardo Bravo, que vivió durante ocho años en un bloque de viviendas del madrileño barrio de Puente de Vallecas en el que varios pisos estaban okupados, es ahora el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Para él, las cifras de casos que arroja el sistema estadístico de Interior no recoge todos: “Hay propietarios que no recurren a la justicia porque es muy lenta y recurren a otras vías”. ¿Cuáles? Bravo asegura que muchos optan por llegar a acuerdos económicos con los okupas para que se vayan o, en otros casos, contratan los servicios de empresas que se anuncian como especializadas en desocupación de viviendas. La plataforma reclama a los partidos que tomen medidas legislativas para acelerar los procesos judiciales, en línea con lo que también propone la experta.