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Crónica de un extraño secuestro en Maracena: listas electorales, amor y expedientes sin resolver

El entorno de la alcaldesa cree que la retención ilegal de una concejala podría estar relacionada con el deseo del secuestrador de agradar a su pareja

La alcaldesa de Maracena (Granada), Berta Linares (PSOE), durante una rueda de prensa el pasado miércoles. Foto: MIGUEL ANGEL MOLINA (EFE) | Vídeo: EFE
Javier Arroyo

Pedro Gómez comentó el pasado lunes por la noche a su pareja, Berta Linares, que pasaría el martes en Málaga, trabajando en su establecimiento de globos infantiles y regalos, un negocio que no le va demasiado bien últimamente. Al día siguiente, martes 21 de febrero, Gómez se levantó temprano, pero no fue a su tienda, sino que emprendió un viaje de hora y media para llegar antes de las 9.00 a las puertas del Granada College. Es el colegio al que acuden tanto las hijas de Linares, la alcaldesa socialista de Maracena (Granada), como los dos hijos de Vanessa Romero, concejala de la misma localidad.

El plan de Gómez requería no cruzarse con la alcaldesa aquella mañana. Sabía que Linares —de 43 años, separada de su anterior pareja de hecho con quien tiene dos hijas de nueve y seis años— no estaría en el colegio porque a las dos niñas le tocaba esta semana estar con el padre. Romero, de 46 años, ya había dejado a sus hijos a las puertas del centro educativo cuando Gómez se hizo el encontradizo con ella.

A la concejala no le extrañó cruzarse con Gómez que, a sus 44 años, está divorciado y tiene dos hijas que viven con su exesposa en Málaga. Desde que empezó su relación con la alcaldesa de Maracena —”hace año y medio o dos”, según ha explicado ella— la acompañaba ocasionalmente a llevar a sus niñas al colegio. Tras encontrarse con la edil, Gómez le pidió que lo acercara hasta una gasolinera a poco más de 600 metros del centro educativo. A pesar de que las dos políticas socialistas mantenían una relación complicada, la concejala aceptó y ambos subieron al coche. Gómez contaba apenas con dos o tres minutos para ejecutar su plan y, en ese intervalo, sacó una pistola que la Guardia Civil ha identificado como falsa y le exigió que siguiera conduciendo mientras la encañonaba.

En algún momento del camino, el secuestrador —aunque técnicamente no se trató de un secuestro porque no hubo petición de rescate— obligó a que la concejala parase y tras varios forcejeos consiguió meterla en el maletero con bridas de plástico en pies y manos. Gómez se puso al volante y recorrió una veintena de kilómetros.

Romero, militante del PSOE, entró en la gestión municipal de Maracena en 2019. Nacida en la localidad, ya había desempeñado el cargo de alcaldesa durante diversos periodos a finales de 2020 y en el primer semestre de 2021. Linares, por su parte, lleva más de 15 años en el Ayuntamiento y ejerce como regidora desde julio del año pasado.

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La relación de la concejala con su grupo municipal empezó a torcerse hace un par de años, según fuentes de dicho grupo. Y lo mismo le ocurrió con la alcaldesa. Otro edil reconoce que desde 2021 Romero lleva aireando diversos expedientes y “presionando” a Linares con la intención de sacarlos a la luz. “Antes, directamente. Ahora, a través de terceras personas”, explica un edil. Hace algunos meses, Linares comunicó a Romero que no contaba con ella para las próximas elecciones de mayo. “Esto ha elevado esa presión”, remata el concejal. Antonio García Leyva, concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana y viceportavoz municipal, reconoce esas presiones mientras asegura: “Aquí nunca nos hemos dejado presionar por eso porque el Ayuntamiento siempre ha actuado de forma correcta”.

Tras meter a la concejala en el maletero de su vehículo la mañana del pasado martes 21 de febrero, Pedro Gómez condujo hacia la localidad granadina de Armilla. Allí alquiló hace unos meses un bajo comercial donde tenía pensado instalar un almacén de su negocio de venta de globos. Tras llegar al local, aparcó el vehículo con Romero en su interior y volvió en metro a Maracena, en un trayecto de 45 minutos. Tenía pendiente una compra en una ferretería: un cuchillo de carnicero y cinta americana. Regresó a Armilla con las compras en el mismo medio de transporte. Pero durante esas dos horas aproximadas de ida y vuelta, la concejala consiguió salir del coche pateando los asientos traseros. Cuando volvió al lugar donde estaba estacionado el vehículo y comprobó la ausencia, Gómez abandonó la zona.

La concejala se hizo varias heridas al salir a patadas del coche sobre el mediodía. Se cruzó con viandantes que le ayudaron a quitarse las bridas de los pies y a llamar a la policía. Romero también telefoneó a su hermano y le dijo quién la había secuestrado: el novio de la alcaldesa. La Guardia Civil encontró a Romero muy nerviosa y la trasladó al servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Cecilio. Recibió el alta a las cuatro de la tarde.

La alcaldesa de Maracena pasó las primeras horas de aquel día entre visitas a obras públicas y vecinos. Estaba ya en el despacho cuando la llamó la Guardia Civil. Los agentes le preguntaron si conocía el paradero de su todavía pareja (ha roto con él tras el suceso) y ella respondió que debía estar en Málaga. Al principio, cuenta el concejal García Leyva, puso en duda lo que le contaban los agentes. Estos le pidieron que lo llamara al móvil. Lo hizo y nadie respondió. Se descompuso. Y, entonces, entendió que lo que le contaban era verdad y afirmó: “Siempre me contesta. ¿Cómo que ahora no?”. Los guardias incidieron: “¿Tiene él llave de su casa?”. Ella respondió que sí, y que cuando estaba en Maracena solía esperarla allí.

Los agentes pidieron permiso a la alcaldesa para registrar la vivienda. Ella no puso objeción alguna y se organizó entonces una pequeña caravana hacia su casa, con la regidora en su coche acompañada de policías locales y de dos guardias civiles y otros dos de la policía judicial siguiéndola en sus vehículos. Al llegar, los agentes aseguraron la vivienda, “que registraron hasta el último rincón”, según el concejal García Leyva. Poco antes de las cinco de la tarde, los agentes detuvieron a Pedro Gómez junto a las vías del metro en Maracena.

Al día siguiente, la alcaldesa contó en una conferencia de prensa que Gómez llevaba unos meses en tratamiento psiquiátrico y psicológico por una depresión y achacó a esta circunstancia el suceso. Nadie sabe con certeza qué le llevó a atacar a la concejala. Durante las casi 70 horas que ha pasado detenido en la comandancia de la Guardia Civil, no ha declarado ni ha asumido nada. Tampoco lo ha hecho ante el juez que lo ha enviado a la cárcel sin fianza por detención ilegal, delito penado con entre cuatro y seis años de cárcel.

Linares ha asegurado a su entorno que ella no hablaba con él sobre los avatares del Ayuntamiento, pero que sí puede haberla oído hablar por teléfono. “Yo no cedo” o “las listas las elijo yo” son frases que, ejemplifica el edil García Leyva, podría haber escuchado el ahora encarcelado. Y quizá, dice el concejal, “en un intento de recuperarla tras una ruptura reciente, haya considerado que haciendo esto, ella le estaría agradecida”.

Romero está convencida de que los documentos que llevaba en su coche y que ha entregado a la Guardia Civil pueden ser determinantes en el suceso, aunque el secuestrador no le quitó los papeles ni el teléfono móvil. El edil García Leyva asegura que la concejala había echado en cara esa documentación a la alcaldesa en más de una ocasión. Uno de los documentos es, al parecer, el expediente incompleto de una gasolinera que según Romero carece de licencia. “Pero es que lo que ella tiene no es la documentación completa porque sí cuenta con licencia”, afirma el concejal, que asegura tener total tranquilidad al respecto de ese y otros documentos que fueron judicializados. “Nadie ha metido la mano en ningún sitio”, asegura. Este diario ha tratado de hablar, sin éxito, con familiares de la concejala Romero.

La alcaldesa está “personalmente muy fastidiada por no haberse dado cuenta de quién tenía a su lado”, dice García Leyva. El próximo miércoles, un pleno extraordinario abordará lo ocurrido. Pedro Gómez permanece en la cárcel de Albolote. La primera actuación del juez fue ordenar una evaluación psicológica para analizar si es imputable y responsable de sus actos. El resultado de ese análisis está bajo el secreto del sumario decretado por un mes.

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