Las mafias de la ocupación cobraron miles de euros de fondos de inversión por desalojar sus viviendas

La investigación judicial sobre un grupo mafioso que ocupaba pisos en Barcelona y su área metropolitana ha hecho aflorar algo que, hasta ahora, era un secreto a voces: fondos de inversión y bancos han abonado generosas cantidades a los okupas para recuperar las viviendas de su propiedad. EL PAÍS ha accedido a los contratos entre las entidades y los calificados como “ocupantes” en los que, a cambio de cheques de hasta 10.000 euros en concepto de “ayuda para el realojo”, estos se comprometen a abandonar los pisos.

El grupo, dirigido por los hermanos colombianos Plinio C. y José C. y desarticulado por los Mossos a finales de noviembre, ocupó desde 2020 —coincidiendo con el estallido de la pandemia— decenas de viviendas en los barrios del sur de Barcelona y en el vecino L’Hospitalet. La inmensa mayoría son propiedad de inmobiliarias vinculadas a bancos y de fondos de inversión. Además de alquilar y vender pisos a compatriotas, los hermanos secuestraban las viviendas a la espera de recibir una oferta del dueño que, tarde o temprano, llegaba.

Los fondos suelen acudir a la vía civil (no a la penal) para recuperar sus viviendas. Es un camino lento porque los juzgados a menudo están colapsados. Las mafias lo saben y disponen así de más tiempo para sacar provecho económico al piso ocupado. “Para evitar procedimientos largos y costosos”, explica la policía en uno de sus informes del caso Squatter, los propietarios ofrecen a los ocupantes una “compensación económica”. La primera es a la baja: unos 2.000 euros, que los moradores rechazan. Si las negociaciones prosperan, se acaba firmando un contrato privado entre las partes. Los pagos suelen oscilar entre los 6.000 y los 8.000 euros.

Los pagos no son muchas veces una garantía de nada porque, “pasado un tiempo”, otros ocupantes, guiados por Plinio y José, “vuelven a ocupar” el mismo piso “si el propietario no toma medidas” para protegerlo.

En el número 149 de la Gran Vía de Barcelona, un piso suma tres ocupaciones con sus tres rescates. En febrero de 2019, Inversiones Inmobiliarias Limara abonó 3.000 euros a una mujer colombiana para que se marchara. Tres meses después, pagó otros 6.500 euros a una peruana que había cogido el relevo. Tres años más tarde, en febrero de 2022, firmó un contrato con la nueva ocupante, Sonia G., pieza clave en el grupo. Limara es uno de los muchos nombres (Dorine, Lanisei, Budmac, Avir Investments) que figuran en los contratos, aunque todas esas empresas comparten domicilio social (una oficina en El Prat) y pertenecen a Anticipa Real Estate, un fondo de inversión.

Anticipa, parte del gigante estadounidense Blackstone —uno de los mayores propietarios de viviendas destinadas a alquiler en España— ha aportado al juez los documentos que acreditan los pagos. No lo han hecho otras empresas con las que los Mossos aseguran que se han puesto en contacto. La información, en cualquier caso, queda confirmada por las intervenciones telefónicas a una decena de miembros del grupo. Entre ellos, Sonia G., la última ocupante del piso de Gran Vía.

El contrato señala que las dos partes han llegado a un acuerdo extrajudicial “en interés mutuo”. La mujer recibirá 8.000 euros “en concepto de ayuda económica por el realojo en otra vivienda” y se compromete a entregar el piso en nueve meses, a permitir que pueda enseñarse a futuros compradores y a “mantener la más estricta confidencialidad sobre el contenido del acuerdo”.

Consultada por este diario, Anticipa explica que los pagos obedecen a “acuerdos con familias vulnerables y en riesgo de exclusión social” y sirven para ayudarles “con los gastos de mudanza y los primeros gastos en su nueva vivienda”. El fondo asegura que es un acuerdo “satisfactorio” y “buscado” por ambas partes porque, además, “evita perjuicios en las comunidades de vecinos”. En el caso de pisos ocupados más de una vez, admite que “ha pagado a distintos ocupantes por la fuerte presión regulatoria que favorece la ocupación ilegal”, pero asegura que “no es la política habitual”, sino que se trata de “casos puntuales”. Sobre la confidencialidad exigida en los contratos, añade que tiene como objetivo “evitar un efecto llamada”. Anticipa asegura que la ocupación es un “grave problema” y que España es “una anomalía en Europa” porque las normativas, especialmente en Cataluña, “incentivan la ocupación”.

“Se le meterán otros ocupas”

Mientras Sonia sigue viviendo en ese piso, los Mossos ya la están escuchando. Con sus llamadas a los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, los agentes saben que cobra una pensión por alimentos de 300 euros y una ayuda económica para pagar el alquiler. En septiembre, conversa con Plinio C., que le apremia a tenerlo todo listo para devolver el piso. Aunque el contrato lo ha firmado ella, solo le corresponden 1.000 euros. Los otros 7.000 son para el jefe, que lo ha localizado, lo ha “abierto” y gestiona con mano de hierro la red de viviendas ocupadas. Su idea es ocuparlo de nuevo, vendérselo a Sonia por 2.000 euros y que ella “lo alquile o lo gestione como sea”. “Inmediatamente, pondré a gente a frentear”, dice Plinio, en alusión a las personas que, durante los primeros días tras la ocupación, se quedan en la vivienda y hacen frente a la policía y a las posibles consecuencias penales.

Las negociaciones con bancos y fondos son habituales y Plinio es todo un experto. En otra llamada, asesora a un hombre que vive en uno de sus pisos. Le indica que rechace la primera oferta del banco y diga que no quiere dinero, sino una casa; de esa forma, cree, le pagarán más. “Si quiere entregar su piso, ¡dinero!”, le conmina Plinio. Cuando cobre, deberá pagarle “20 liquitas” (2.000 euros) y la deuda entre ellos quedará saldada. De paso, le aconseja que “arregle la ventana por donde entraron” y que no deje solo el piso: “Se le meterán otros ocupas”.

El formato y concepto de los contratos es similar: “Transacción y ayuda económica para facilitar la entrega voluntaria de la finca” o “ayuda para el realojo en otra vivienda”. Los fondos se comprometen, además, a solicitar el archivo de los procesos judiciales abiertos contra las mujeres. Bajo una u otra de sus máscaras comerciales, Anticipa hizo cuatro pagos solo a principios de 2021: 4.500 euros a María S. por abandonar un entresuelo de L’Hospitalet; 10.000 euros a Yandriska B. por salir de unos bajos, también en L’Hospitalet; 6.000 euros a Brigitte T. por marcharse de un piso en el barrio de La Bordeta de Barcelona; y 4.500 euros a Martha R. por dejar libre un piso en el Poblenou.

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