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Irene Montero defiende que la ‘ley del solo sí es sí’ “está bien hecha” y Bolaños afirma que es “imperfecta”

La ministra de Igualdad confía en un pacto con el PSOE antes del trámite parlamentario de la reforma, pero admite que ahora las negociaciones están rotas

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (a la izquierda), conversa con la responsable de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso este jueves.Foto: FERNANDO VILLAR (EFE) | Vídeo: Europa Press
Isabel Valdés

Las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Justicia, Pilar Llop, no hablan desde el martes y la negociación por la crisis de la ley del solo sí es sí está paralizada. Así lo ha contado la titular de Igualdad en una entrevista esta mañana en la Cadena SER, donde ha confiado en llegar a un acuerdo con sus socios de gobierno “antes de que se inicie la tramitación parlamentaria” de la reforma planteada por el PSOE. Pero el acuerdo sigue sin parecer fácil. El socialista Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, declaraba poco después en Onda Cero que lo que le ocurre a la ley patrocinada por Igualdad es que es “imperfecta”, contradiciendo la afirmación de que “la ley está bien hecha” que ha repetido Montero en la SER, porque para ella, el problema sigue estando en “una minoría de jueces”, que son “los que están aplicando mal la ley y el derecho transitorio”. Este jueves, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado pedir a todos los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y a las audiencias provinciales todas las resoluciones que han dictado en relación con la ley del solo sí es sí.

Después de días de acusaciones cruzadas entre los socios de gobierno, algo que ha servido para profundizar la crisis interna, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento al acuerdo, ha pedido discreción para avanzar en la negociación y que se cuide la coalición de PSOE y Unidas Podemos. “Las formas son muy importantes en política. A veces más que el fondo. Por favor, discreción. No necesitamos contar todo lo que hacemos, sino avanzar en derechos, unidad en la coalición y, lo más importante, la defensa de las mujeres”, ha reclamado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso. Sus palabras son, de facto, una solicitud para rebajar el ruido que, en su opinión, solo está favoreciendo a la derecha, informa Paula Chouza. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, cuya formación es uno de los aliados habituales del Gobierno, ha defendido que la propuesta presentada en solitario por el PSOE “mantiene el consentimiento y el tipo penal”, aunque su grupo presentará alguna enmienda.

Montero (Unidas Podemos) ha hecho estas declaraciones en la misma emisora donde, solo 48 horas antes, se sentó la titular de Justicia, del sector socialista del Gobierno, y levantó el último de los enfrentamientos públicos entre los dos socios de coalición por sus declaraciones sobre lo “sencillo” que es demostrar ante un tribunal que hubo violencia o intimidación en una agresión, porque “con una herida” ya puede probarse. Dos días de acusaciones más o menos directas a raíz de las palabras de Llop han elevado las tensiones en un conflicto al que no se le atisba una solución pactada, aunque Montero aún confía en que sí lo sea: “Yo desearía que hubiese acuerdo antes de que esa iniciativa inicie su tramitación parlamentaria; dar una respuesta unitaria antes de la tramitación, antes de un acuerdo con PP y con Vox”.

Esa unidad, ahora inexistente en la solución al conflicto, sí estaba antes, durante la tramitación de la ley, según Montero, que ha explicado que cuando se redactó, la única advertencia del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue la bajada de las penas máximas en la horquilla punitiva, como también fue el único aviso sobre las penas del Consejo General del Poder Judicial. “Campo me dijo con mucha rotundidad ‘hay que mantener las máximas’, y yo le dije ‘perfecto, además esto es tu competencia’. Y no esperamos a segunda vuelta [del texto en Consejo de Ministros]; antes de enviarlo al Consejo Fiscal mantuvimos las penas en el máximo anterior”, ha recordado, añadiendo que fue después “el propio Consejo Fiscal” quien les llamó la atención con un “oigan, a ver si van a estar planteando una ley demasiado punitivista”.

Lo que existe ahora, ha asegurado, no es una discrepancia técnica “sino política”, que “no estaba con el ministro Campo”, con el que trabajaron “muchísimo” y durante “muchísimas horas de reunión”. A la pregunta sobre si cree que el PSOE ha cambiado de idea en cuanto a la filosofía de la ley, Montero no ha contestado directamente. “Yo no me esperaba esta propuesta”, ha dicho, en referencia a la reforma.

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Bolaños, por su lado, ha insistido en que la ley “ha tenido efectos que nadie vio”, “que nadie deseaba”. A su juicio, “la ley es imperfecta, pero supone un avance importante para los derechos de las mujeres”, que es el objetivo, ha dicho, de la reforma presentada en solitario por el PSOE. “La proposición de ley que hemos presentado es impecable, es una reforma impecable, que va a garantizar una interpretación inequívoca por parte de los tribunales”, ha insistido Bolaños, quien ha querido dejar el mensaje de que “el consentimiento no se toca”. El ministro ha limitado las discrepancias del PSOE con Unidas Podemos a “cuestiones técnicas”, al tiempo que ha asegurado que con “un solo caso” de condena rebajada ya era “suficiente” para “reformar la ley y mejorarla”.

Montero ha insistido en la Cadena SER que el problema sigue estando en la aplicación de la ley por parte de la magistratura. Y ha asegurado que ella no se ha “levantado de la mesa” y que sigue sin entender “por qué han decidido presentar esa solución, que no es la solución al problema y la propia ministra [de Justicia, Pilar Llop] ha dicho que no se van a evitar las rebajas”.

La propuesta socialista para volver a modificar el Código Penal plantea mantener el tipo básico de agresión, y crear un subtipo agravado si existe violencia o intimidación en cada uno de los artículos; una solución que, ha insistido Montero, es “volver al Código Penal de La Manada” y desplazar el eje de la norma, de nuevo, a si hubo o no violencia o intimidación para diferenciar las agresiones.

Según la ministra, han hecho “hasta seis propuestas” con los requisitos penales que pedía el PSOE: “Subir las penas mínimas y reforzar la violencia en las agravantes”. Pero aquello tampoco convenció a Justicia y las ideas para la modificación penal de Unidas Podemos quedaron fuera de las posibilidades. “Con tal de mantener el consentimiento [en el centro de la ley], con tal de que esa condición esté clara, hay muchas opciones para encontrar un acuerdo”, ha asegurado.

Para Igualdad, sigue siendo tan prioritaria como la modificación penal, la “implementación” de medidas para desarrollar la ley, que fue la propuesta que hicieron pública la semana pasada. La única, explicada y enviada oficialmente, que han mostrado hasta ahora. Entre esas medidas está dar competencias a la Fiscalía de sala sobre la mujer en los delitos de libertad sexual —ahora solo las tiene en la violencia que se da en la pareja o expareja—, o la especialización de los órganos judiciales, para que pueda haber juzgados específicos para delitos sexuales.

La Ley de Libertad Sexual “es una seña de este Gobierno”, ha dicho Montero. “Tenemos que ser capaz de resolverlo y pensar las víctimas”, ha añadido, y ha recordado que en España un 92% de ellas no denuncia y, del 8% que lo hace, solo un tercio obtiene condena. “Estoy preocupada por esas víctimas a las que los jueces deciden bajar penas [a sus agresores] y también por las que nunca han tenido confianza en el Estado”, y “si como Estado tenemos que pedirle perdón a las víctimas que lo necesiten porque esto sea parte de la reparación de su daño, lo haré”, ha añadido respecto a la escenificación pública de las tensiones internas por la norma.

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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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