El PSOE negociará enmiendas al ‘solo sí es sí’ con Podemos y otros socios, pero no con el PP

La crisis en el Gobierno de coalición pasa a una nueva fase. Después de una semana de intensas negociaciones y conflicto abierto entre los dos socios por la reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, la decisión del PSOE, adelantada por EL PAÍS, de registrar este lunes y en solitario su propuesta de modificación en el Congreso para garantizar que las futuras condenas a los agresores sexuales tengan idéntica pena a la que existía antes de entrar en vigor la norma el pasado octubre, ha acentuado la brecha entre ambas formaciones. Nadie ha querido hablar de ruptura, pero tampoco han escondido las serias discrepancias. El PSOE y Unidas Podemos se emplazan ahora a negociar enmiendas en el trámite parlamentario, que quieren solventar con urgencia, en menos de un mes, pero no aclaran con qué grupos contarán.

Los socialistas aseguran que solo negociarán sobre los “ajustes técnicos” a la norma con Unidas Podemos y sus socios del bloque de investidura, pero no con el PP, que, sin embargo, se convierte de hecho en un aliado más que probable y necesario para sacar adelante este proyecto estrella y emblemático del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. “Lamentamos que no haya habido acuerdo [con Unidas Podemos] pero ahora se abre el período de enmiendas. No hemos negociado con ningún grupo más salvo con los socios [de Gobierno]. Ahora hablaremos con el bloque de la investidura, con el resto de formaciones que se mostraron dispuestas a reformar la ley. Con el PP no tenemos nada que negociar”, ha aseverado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, tras registrar la proposición de ley en solitario.

La definición del consentimiento —el elemento que ha definido desde siempre los delitos sexuales— no se toca en la propuesta del PSOE, pero Podemos considera que reintroducir el elemento de la existencia de violencia o intimidación para modular las penas supone desplazar ahí el foco de atención, en lugar de atenerse a la idea de la ausencia de consentimiento que define la agresión sexual.

El movimiento del PSOE, aunque estaba sobre la mesa, ha tensionado la relación con Podemos. Fuentes de este partido consideran “inexplicable” la decisión y reprochan que, habiendo “opciones para el acuerdo”, la formación mayoritaria del Ejecutivo “decida romper para presentar la misma propuesta que el PP” por la subida de penas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha justificado que se trata de “una decisión política” que hay que ejecutar “con valentía y determinación” ante la alarma social que ha generado la rebaja de condenas a unos 400 delincuentes sexuales y la excarcelación de más de una treintena. “Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos”, ha abundado la ministra, en una crítica manifiesta a Podemos. Fuentes de la parte socialista del Gobierno han comunicado que las propuestas que les remitió Igualdad eran poco solventes.

El registro de la proposición de ley por parte del PSOE se ha producido tras constatar en la última ronda de negociaciones del fin de semana que era imposible el consenso con el Ministerio de Igualdad. El portavoz socialista en el Congreso intentó justificar esa actuación en la necesidad de “corregir los efectos no deseados de una muy buena ley y en respuesta a una demanda social”. López admitió la urgencia por la preocupación social provocada por la rebaja de condenas y precisó, para rectificarlas, algunas acusaciones que se están formulando estos días desde Unidas Podemos e Igualdad. El PSOE reitera que no se toca el artículo 178 del Código Penal, donde ya figura ahora la relevancia del consentimiento. Tampoco se retrocede al pasado para distinguir entre abuso y agresión sexual ―”todas serán agresiones sexuales”— y no se ha cedido a la presión mediática y política de la derecha. López ha incidido mucho en que el PSOE “no ha negociado nada con la derecha” y que tampoco lo hará durante la negociación de las enmiendas. “Queremos acordar con todos los que quieren esta ley, y el PP no la quiere. Que no nos vengan con cuentos, el PP nunca ha apoyado las leyes con avances para las mujeres”, subrayó.

La discusión se centrará a partir de ahora más en el Congreso, donde se anticipa una tramitación compleja, porque por el momento los populares son los únicos que han mostrado su apoyo a la iniciativa y Podemos ya ha anunciado que seguirá peleando. “El PSOE tendrá que decidir con quién quiere sacar adelante esta ley”, ha advertido el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, durante una entrevista en TVE en la que ha descartado una ruptura del Ejecutivo y se ha mostrado convencido de que todavía “hay margen para el acuerdo”. Sin embargo, una de las portavoces de Podemos, María Teresa Pérez, ha elevado el tono contra su socio y ha tachado de “totalmente incomprensible” e “intolerable” la decisión de los socialistas. La también secretaria de acción institucional del partido ha rechazado hasta en cinco ocasiones pronunciarse sobre su permanencia en el Gobierno y ha adelantado su ofensiva en la Cámara baja: “Nuestro objetivo es proteger el modelo del consentimiento en la tramitación parlamentaria y como haga falta”.

Mañana martes, la Mesa del Congreso tendrá que calificar (admitir, en el lenguaje parlamentario) la iniciativa, con la idea por parte del PSOE de que el debate para la toma en consideración (el primer paso) se lleve al pleno del martes de la semana que viene. En ambos casos será curioso y revelador contar los apoyos de esos primeros trámites. El dirigente del PSOE precisó, eso sí, que su objetivo es que la ley supere todos esos pasos y entre en vigor, ya retocada, antes de que acabe febrero, porque se quiere resolver esta situación complicada cuanto antes. No será fácil. El portavoz socialista en el Parlamento no pudo aclarar este lunes con quién sacará esta reforma e intentó restar trascendencia a un posible respaldo del PP: “Hay que distinguir entre negociar o que la vote el PP”.

El PSOE hace equilibrios para mantener la negociación abierta, no molestar en exceso a su socio principal, no romper la coalición en este inicio del año electoral y asumir que la norma tenía defectos y efectos indeseados. “La mejor forma de defender esta buena ley es reconocer que no está funcionando adecuadamente”, corroboró junto a López la secretaria de Igualdad de la ejecutiva socialista, Andrea Fernández. “Esto no va de cesiones ni de egos ni de relatos”, zanjó sobre el malestar en Podemos. López, por su parte, obvió las diferencias internas de Unidas Podemos en esta negociación ―entre Podemos y el sector que lidera la vicepresidenta, Yolanda Díaz― y que el PSOE y el Gobierno dicen que sí han notado. Prefirió no contestar.

“El PSOE tendrá que decidir con quién quiere sacar adelante esta ley, porque los partidos de la mayoría de la investidura creo que lo tienen claro prácticamente todos. Los partidos de la izquierda están en esta polémica con el Ministerio de Igualdad; por tanto, [el PSOE] deberá decidir si quiere sacar esto con el PP, mirar a su derecha o mirar a su izquierda”, ha retado Asens.

“Nos parece totalmente incomprensible y nos preocupa que con los votos del PP quieran volver al Código Penal de La Manada [en referencia a la sentencia tras la violación grupal a una mujer de 18 años en los sanfermines de 2016], cuando tenían que ser las víctimas las que demostraban si se habían resistido lo suficiente y cuando se ponía la violencia y la intimidación en el centro de la norma”, ha insistido María Teresa Pérez en rueda de prensa. “Tenían propuestas que protegían el consentimiento y han preferido hacer una propuesta unilateralmente”, ha afeado la portavoz, que se ha resistido a confirmar si Podemos se plantea una salida del Ejecutivo, un escenario que, según puntualizan fuentes de la formación, no contemplan.

“Las discrepancias las tenemos que naturalizar en un Gobierno de coalición donde hay dos partidos que tienen visiones diferentes. No es la primera vez que esto sucede y seguramente no será tampoco la última. No hay que sacar las cosas de quicio. El Gobierno de coalición no está en riesgo porque ninguno de los dos socios está dispuesto a ponerlo en riesgo y menos en este momento de la legislatura, a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas”, ha señalado Asens, más conciliador, en referencia a los comicios del 28 de mayo. Unidas Podemos es consciente de que una salida del Ejecutivo supondría un enorme coste electoral a menos de cuatro meses de la cita con las urnas y en un año también de generales. El diputado de En Comú Podem cree que el asunto se puede “solucionar fácilmente”. “Hay margen para el acuerdo y tiene que ver con situar la violencia o intimidación en el nivel de los agravantes [no en la descripción del tipo penal]”.

Esta discusión técnica es precisamente la que ha hecho encallar las negociaciones en la última semana. Igualdad se abrió ya el lunes pasado a una subida de las penas para dar una salida al conflicto, pero considera que la propuesta de Justicia, que quiere incrementarlas distinguiendo si hay o no violencia o intimidación, es una vuelta al modelo anterior y afecta, por tanto, a la esencia de la norma.