De Estados Unidos a Sudán del Sur pasando por Yibuti: el surrealista viaje de deportación de Jesús Muñoz

Apenas tres horas de avión separan a Ciudad de México de Miami, en el extremo sureste de Estados Unidos. En esta ciudad costera fue detenido por el ICE ―la agencia migratoria estadounidense― el 12 de mayo Jesús Muñoz, un ciudadano de origen mexicano que acababa de cumplir una condena de 25 años por asesinato en segundo grado. El viaje de deportación a su país de origen, que comparte una frontera de 3.000 kilómetros con su vecino del norte, no debería haber llevado mucho más que eso, apenas tres horas de avión. Pero Muñoz se vio envuelto en la agresiva política antimigratoria de Trump, que ha convertido la deportación a terceros países en rutina, y acabó siendo enviado, junto con otros siete extranjeros, a Sudán del Sur. El mexicano ha sido repatriado a su país de origen este domingo, tras algo más de dos meses en el país africano, al que llegó después de varias semanas suspendido en un limbo legal en una base estadounidense de Yibuti, en el cuerno de África.

El periplo de Jesús Muñoz, cuya deportación al país africano ha sido calificada por la Secretaría de Exteriores mexicana como “arbitraria”, ilustra a la perfección la irracionalidad de la política de expulsiones llevada a cabo por el Gobierno de Donald Trump, que está deportando a extranjeros, muchos de origen latino, a terceros países con los que no tienen ninguna relación, caso de El Salvador o Costa Rica, cuyos Ejecutivos se han prestado a este tipo de colaboración. Estos envíos, de dudosa constitucionalidad, acaban con frecuencia en los tribunales, que han resuelto en diferentes sentidos.

El caso de Muñoz es un claro ejemplo. El grupo de ocho extranjeros del que formaba parte incluía a dos cubanos, dos birmanos, un vietnamita, un laosiano y solo un ciudadano sudanés, todos ellos condenados por delitos mayores en Estados Unidos. Su deportación fue impugnada ante un tribunal distrital, que la paralizó tras determinar que constituía una forma de castigo inconstitucional. Ese bloqueo los dejó varados en Yibuti durante semanas, en una base militar estadounidense y bajo supervisión constante del Departamento de Seguridad Nacional, hasta que otro juez federal revirtió la resolución y permitió que la deportación se reanudase hasta el cercano Sudán del Sur, que los recibió el 5 de julio.

Hasta allá se trasladó el embajador de México en Etiopía, Alejandro Estivil, la semana pasada, para recibirle personalmente e iniciar su repatriación a México. Durante esos meses, puntualiza el comunicado publicado por la Secretaría de Exteriores mexicana, la Embajada, en coordinación con la Dirección General de Protección Consular y la Dirección General de África y Medio Oriente, mantuvo el contacto “al más alto nivel” con Sudán del Sur para garantizar su buen estado de salud y dar seguimiento al proceso migratorio.

El limbo africano en el que ha estado suspendido Jesús Muñoz durante los últimos meses se deriva de la batalla legal entre la Administración de Trump y los tribunales, que se están convirtiendo en el principal obstáculo para las medidas más agresivas de su política antimigatoria. Tras la victoria que supuso para el republicano conseguir que se reanudase la deportación del mexicano y el resto del grupo, el Departamento de Seguridad Nacional celebraba en un comunicado de prensa: “Ocho extranjeros ilegales criminales y bárbaros son finalmente deportados a Sudán del Sur tras semanas de retrasos por parte de jueces activistas”. La anterior resolución, que bloqueaba el envío, ya le había servido al juez el calificativo de “activista”, la forma peyorativa con la que el Gobierno enmarca las resoluciones judiciales contrarias a su política.

La práctica de deportar a terceros países a ciudadanos procedentes de otros no solo está chocando con los tribunales de Estados Unidos sino también con las organizaciones internacionales, que ven con preocupación cómo en muchos de esos Estados no se garantiza el cumplimiento de los derechos humanos. El caso de El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, es de especial relevancia. Trump envió al país centroamericano a 238 migrantes venezolanos, que pasaron a estar recluidos en el CECOT, la prisión de máxima seguridad de la que el presidente presume. 12 expertos de las Naciones Unidas advirtieron en una carta en junio que podrían estar siendo víctimas de los delitos de tortura y desaparición forzada, y exigieron a Bukele explicaciones sobre su situación jurídica y su estado de salud. En una línea similar, la Corte Suprema de Costa Rica exigió al Gobierno del país liberar a 28 de los 200 inmigrantes de diferentes nacionalidades enviados desde Estados Unidos.

La frecuencia con la que estas deportaciones se están produciendo pone a los servicios consulares ante el reto y la presión de alcanzar a prestar ayuda a todos los ciudadanos que pueden necesitarla, que cada vez son más. Este lunes, con el caso de Jesús Muñoz de fondo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que “no van a faltar recursos” para los mexicanos en el extranjero que se vean envueltos en alguna situación similar o sean atrapados en alguna de las ”injustas redadas” del ICE. En la última llevada a cabo en Georgia, 23 nacionales fueron detenidos. De ellos, 13 ya han pedido apoyo consular, ha especificado la mandataria.